El exrepresentante novoprogresista Nelson Del Valle solicitó al Tribunal Federal la desestimación de dos cargos criminales en su contra en el que se le imputa haber participado en un esquema de fraude, soborno, robo y comisiones ilegales.
De acuerdo con una moción que presentó la representación legal del exlegislador el pasado 16 de agosto, estos buscan que el tribunal desestime los cargos por robo de fondos públicos y el de soborno con fondos federales y comisiones ilegales.
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El juicio contra Del Valle tiene previsto comenzar el próximo 4 de octubre.
Según los abogados de Del Valle, Lester Arroyo y José Vélez, ambos cargos deben ser desestimados debido a que el gobierno o agencia envuelta en este caso no se benefició de un exceso de $10,000 al amparo de un programa federal tal y como es requerido por ley. Alegan, además, que el argumento de la Fiscalía federal —necesario para obtener jurisdicción en este caso— debe fracasar ya que la Cámara de Representantes no está incluida en un programa federal y tampoco recibe fondos federales.
“La sección 666 [del United States Code] tiene un requisito jurisdiccional que debe involucrar a un agente de una organización, gobierno o agencia que reciba más de $10,000 en beneficios federales en el periodo de un año. Debido a que la Cámara de Representantes de Puerto Rico no recibió fondos federales ni beneficios durante el tiempo en que se alega que se cometieron los crímenes en el pliego acusatorio —2017 al 2020— el requisito jurisdiccional no se cumplió”, reza la moción.
También plantearon que estos cargos deben ser retirados ya que Del Valle no era un agente del gobierno de Puerto Rico. La posición de Del Valle, según los abogados, como representante del Distrito representativo 9, no cae dentro de la definición de un agente del gobierno en la sección 666 del Código federal ya que este no puede actuar a nombre del gobierno de Puerto Rico. “En este caso, Del Valle, como un representante electo de un solo distrito de la Cámara de Representantes, no tenía autoridad para representar al gobierno de Puerto Rico como un todo. Debe ser considerado meramente como una parte de los constituyentes de todo el gobierno de Puerto Rico”, lee la moción.
Indicaron que, de desestimar estos dos cargos, el tribunal debe también hacer lo propio con el primer cargo en el que se le imputa a Del Valle el delito de conspiración.
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“Aquí, el pliego acusatorio no enumera ni identifica un programa federal específico tal y como lo requiere la ley”, añaden los letrados.
Según la defensa, el pliego tan solo indica que el gobierno de Puerto Rico recibió un exceso de $10,000 en programas de fondos federales. Alegan que, ante esto, la fiscalía federal no cumplió con el requisito que impone el estatuto 666 del Código de Estados Unidos que dispone que el programa federal debe ser especificado en la acusación. De esta manera, cuestionó los fundamentos de un Gran Jurado federal para basar la jurisdicción del Tribunal Federal para acusarle por estos dos delitos.
La representación legal de Del Valle también pidió al tribunal que desestimara aquellos cargos relacionados al pago de salarios “inflados” que, supuestamente hizo el legislador a Nickolle Santos Estrada, Mildred Estrada-Rojas y a “Individuo A” debido a que el estatuto federal exceptúa de esta conducta delictiva aquellos salarios bonafides o cualquier otra compensación relacionada en el curso normal de un negocio. Según el abogado, la Fiscalía no planteó que los salarios de estos tres funcionarios eran innecesarios o que no cumplieron con sus labores. “En ausencia de estas alegaciones, el gobierno no puede respaldar su argumento de que los salarios fueron “inflados ilegalmente”, reza la moción. Plantearon, además, que el gobierno federal ha limitado los cargos de soborno que se ven en los tribunales federales y que, algunas de estas instancias de delitos de soborno, deben ser atendidas en tribunales estatales.
Indicaron también que, en caso que el tribunal determine que no desestimarán los cargos de conspiración, soborno y kickbacks, solicitarán las instrucciones que se le ofreció a los miembros del Gran Jurado federal que los llevó a determinar causa probable contra Del Valle.
A Del Valle también se le acusa de haber cometido el delito de obstrucción a la justicia. Del Valle se expone a una sentencia máxima de cinco años por el cargo de conspiración, 10 años por robo y soborno, 20 años por cada cargo de fraude electrónico y obstrucción a la justicia.
Del Valle fue acusado junto a Estrada —quien fue empleada del exlegislador— y su madre, Estrada-Rojas de haber participado de dicho esquema de fraude.
De acuerdo con la acusación, el patrón habría comenzado con Estrada-Rojas, quien comenzó a trabajar con el legislador en su primer término en 2005. Entre 2009 y 2016, Estrada-Rojas continuó trabajando para el sucesor de Del Valle Colón en dicho cargo legislativo. Entre 2009 y 2016, Estrada-Rojas cobraba unos $1,000 bisemanales. En 2017, cuando Del Valle Colón regresa al escaño legislativo, Estrada-Rojas volvió a trabajar con el legislador, pero en esta ocasión empezó a cobrar un salario de $2,300 bisemanales. Entre enero de 2017 y julio de 2020, el salario de Estrada-Rojas varió entre $2,200 y $3,500 bisemanales.
El pliego acusatorio hace alusión a un ’individuo A’, al que Del Valle Colón también le habría aumentado el salario de $1,500 bisemanales a $2,650 entre enero de 2017 hasta septiembre de 2018. Sin embargo, en este caso, en octubre de 2018, Del Valle Colón le bajó el salario a este empleado a $850 bisemanales. En abril de 2019, el ’individuo A’, renunció a su puesto en la oficina del legislador.
Santos, por su parte, comenzó a hacerle entrega a Del Valle Colón de comisiones ilegales a menos de un mes de su regreso al escaño legislativo en 2017. Inicialmente, Santos entregó a Del Valle Colón unos $1,285 de cada cheque y luego $1,000. Santos cobraba $2,000 de su salario bisemanal.
En los tres casos —Santos Estrada, Estrada Rojas y con ’individuo A’— Del Valle Colón les infló el salario “sin ninguna razón legítima y coordinó acuerdo corruptos con cada uno de ellos”. Desde principios de 2017 hasta algún momento del 2020, los tres empleados recibieron un salario inflado y se quedarían con una porción de dicho aumento. Luego, de ese aumento, enviarían una cantidad —que fluctuó entre los $500 a $2,000— de cada cheque a Del Valle Colón, en lo que constituye una comisión ilegal —también conocida como ’kickback’—.
