El representante popular Orlando José Aponte Rosario radicó una medida a los fines de disminuir la cantidad de fondos, activos o propiedad mueble o inmueble requerida para la configuración de delito menos grave y grave en casos de explotación financiera de personas de edad avanzada.
Bajo esta legislación, la cantidad bajaría de los $2,500 actuales a $500 para entonces ser aplicado.
“Toda forma de engaño o fraude contra las personas de edad avanzada debe ser castigado y el gobierno tiene la obligación de salvaguardar a esta población de cualquier acto ilegal, incluyendo el fraude. Al tratarse de una de las poblaciones más vulnerables, ese cuidado y protección debe ser aún mayor. La Ley 138-2014, tipificó como delito la explotación financiera contra las personas de edad avanzada. El uso impropio de fondos, propiedad mueble o inmueble de los recursos de una persona de edad avanzada por otro individuo, ya sea mediante su modalidad de malversación de fondos, enajenación bienes o negación de acceso a los mismos, constituye delito”, reza la medida legislativa.
“De aprobarse esta medida, cuando la cantidad de fondos, activos o propiedad mueble o inmueble relacionados a la explotación financiera de la persona de edad avanzada o con impedimento, sea hasta $500.00, el ofensor incurrirá en delito menos grave. Cuando la cantidad de fondos, activos o propiedad mueble o inmuebles envueltos en ese delito sea mayor de $500.00 incurrirá en delito grave, con una pena fija de reclusión de ocho (8) años a quien incurra en este tipo de delito”, señaló Aponte Rosario en declaraciones escritas.
Según la entidad Consumer Federal Protection Bureau, las personas mayores de 62 años son las víctimas principales de la explotación financiera, tanto por personas conocidas (familiares) y en las cuales confían como por extraños. A la explotación financiera se ha llamado “el crimen del siglo XXI” por un estudio que sugiere que los adultos mayores en los Estados Unidos perdieron al menos $2.9 mil millones como resultado de la explotación financiera por parte de un amplio espectro de perpetradores en 2010.
“Un factor clave en algunos casos de explotación financiera de los adultos mayores es el leve deterioro cognitivo que puede disminuir la capacidad de éstos para tomar decisiones financieras. La explotación financiera de adultos mayores puede dar lugar a la pérdida de la capacidad de vivir de forma independiente, el deterioro de la salud, la desconfianza y la ruptura de las familia. Con esta medida, esperamos poder aportar a proveer justicia a nuestros adultos mayores”, finalizó Aponte Rosario.
