La Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei) determinó extender hasta el próximo 28 de septiembre el término para que los fiscales asignados entreguen sus hallazgos de una pesquisa en torno a la fallida compra de pruebas de COVID-19 que ascendió a unos $38 millones.
De acuerdo con una resolución del Panel, los fiscales Ramón Mendoza Manuel Núñez y Juan Catalá solicitaron un término adicional de 25 días para evaluar evidencia nueva con relación a la investigación.
“El fiscal especial independiente en el caso de autos, Ramón Mendoza Rosario, en conjunto con los fiscales delegados Manuel Núñez Corrada y Juan E. Catalá Suárez, han presentado a los miembros del Panel un escrito relacionado con cierta prueba obtenida corno parte de la ampliación de la investigación en el caso de epígrafe. A su vez, dicha prueba develó otra serie de actuaciones a diversos niveles gubernamentales que hacen necesario que emitan una serie de subpoenas que les permita determinar la acción correspondiente en Derecho que deban llevar a cabo sobre diversos aspectos de este caso”, reza la resolución firmada por la presidenta del Panel, Nydia Cotto Vives y Rubén Vélez Torres emitida el pasado 17 de agosto. En agosto, la presidenta del panel, Nydia Cotto Vives había dado hasta el 23 de agosto para que los fiscales especiales entregaran sus hallazgos. La investigación está centrada en los exfuncionarios Lilliam Sanchez, entonces subsecretaria de la gobernación; Mabel Cabeza, funcionaria de La Fortaleza adscrita al Task Force Médico de COVID; el general José Burgos, pasado comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias; y el licenciado Juan Maldonado, representante legal de la empresa Apex General Contractors. La transacción gubernamental se suscitó durante los primeros meses de la emergencia por la pandemia del COVID-19 en marzo de 2020 luego de que el gobierno local autorizó la compra de pruebas rápidas de COVID-19 por $38 millones a una empresa de construcción, Apex General Contractors. Asimismo, trascendió que dichas pruebas adquiridas no contaban con el aval de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). Dicha transacción fue posteriormente cancelada. En la Resolución emitida en diciembre de 2020, el FEI indicó que contra Sánchez, Cabeza y el general Burgos se les investiga por posibles infracciones al Código Penal en su artículo 261 (Influencia indebida); artículo 254 (Intervención indebida en operaciones gubernamentales); artículo 262 (Incumplimiento del deber); artículo 263 (Pérdida de fondos públicos mediante acción u omisión y negligencia); artículo 264 (Malversación de fondos públicos) y artículo 269 (Perjurio). También se les atribuyen infracciones al artículo 3.2 del Código Anticorrupción (obligaciones y responsabilidades éticas). En cuanto a los funcionarios, también se tendrán que considerar las alegadas infracciones al artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental. En cuanto al licenciado Maldonado, la investigación se centra en posibles infracciones a los artículos 212, 254, 261 y 269 sobre falsedad ideológica, intervención indebida en operaciones gubernamentales, influencia indebida y perjurio, respectivamente. Igualmente, investigan posibles infracciones a Código Anticorrupción.
