A una semana del cierre del programa de asistencia por desempleo pandémico (PUA, en inglés), el secretario del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Rivera Santiago, detalló que la agencia desembolsó unos $9,500 millones desde que se implementó el programa a finales de marzo de 2020.
La monumental cifra de asistencia económica, producto de la ley federal Cares, es equivalente a lo que el gobierno de Puerto Rico ingresa anualmente a su fondo general. El PUA estuvo dirigido a atender las necesidades económicas de aquellas personas que, por razón de la pandemia del Covid-19, perdieron sus empleos regulares o las oportunidades de trabajo por cuenta propia.
“Es algo que nadie podía pronosticar. Quizás de manera inicial logró estabilizar. Estas ayudas vinieron con el propósito precisamente de que la economía no colapsara, así que, en ese sentido, se logró el propósito del gobierno federal. El reto que trae estas ayudas es, precisamente que, una vez termine de manera abrupta, como el 4 de septiembre, cómo la economía se ajusta, que no ocurra una inflación, cómo se maneja la empleomanía. Hay unos efectos secundarios, los pudiésemos llamar, que son parte de todas estas ayudas y es lo que hemos tratando de mitigar. La mayor consecuencia ha sido el reto de que comencemos otra vez a insertarnos en el mercado laboral”, sostuvo Rivera Santiago en entrevista con Metro.
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Rivera Santiago recordó que, en su momento pico, más de 800,000 personas se llegaron a beneficiar semanalmente de alguno de los programas dentro del PUA, que podían representar una compensación de hasta $600 adicionales al desembolso del desempleo regular. Al presente, dijo el secretario del DTRH, hay unas 57,000 personas en el renglón del desempleo regular y 73,000 cobrando del PUA.
“Las personas han comenzado a moverse al mercado laboral o a conseguir trabajo, quizás no a la velocidad que quisiéramos, porque lo que no quisiéramos es que llegara el 4 de septiembre y las personas, de manera abrupta, dejen de recibir este beneficio y no tengan ningún dinero”, indicó el funcionario.
Rivera Santiago aseguró que el DTRH, una vez finalizado el programa del PUA, mantendrá vivas estrategias, tales como las ferias de empleo, en aras de incentivar la participación laboral. Asimismo, dijo que la aspiración en el DTRH es alcanzar unos niveles de empleo más elevados de los que existían previo al inicio de la emergencia.
“Con toda la inyección de dinero, en fondos federales y demás, uno lo que esperaría es que pueda aumentar la participación laboral y una gran cantidad de empleos disponibles para todas esas personas que están buscando empleo. En el caso de la construcción nada más va a haber muchísimo dinero por los próximos 10 años […] Queremos ver de qué manera podemos aumentar vertiginosamente esos números”, puntualizó.
En marzo de este año, el DTRH anunció que había abierto un portal para que patronos denunciaran a personas que se negaban a regresar a sus lugares de empleo sin una justificación válida, pero continuaban generando ingresos mediante el PUA.
Rivera Santiago, en aquel entonces, señaló que la creación de la plataforma era un requisito de las autoridades federales a los gobiernos estatales. Cinco meses después, el secretario reconoció que el impacto de la plataforma ha sido mínimo.
“Apenas ciento y pico de personas habían sido denunciadas. Eso contrasta mucho precisamente con lo que estábamos viendo afuera y las quejas que quizás tienen los patronos. Por eso estuvimos y continuamos indicando a los patronos que es un deber de ellos de fiscalizar”, dijo el secretario.
Al preguntársele por el sector laboral más impactado por las restricciones implementadas por la pandemia, Rivera Santiago no dudó en apuntar hacia la industria turística.
“Cuando en marzo hubo un ‘lockdown’, no venía nadie a Puerto Rico. El sector de las hospederías, los hoteles, los restaurantes dentro de los hoteles y la industria asociada al turismo, fue el mayor impacto económico. Ahora en verano fue que comenzó reactivarse”, afirmó Rivera Santiago.
En términos de las incidencias de fraude, con personas que intentaron cobrar ilegalmente los beneficios del PUA, Rivera Santiago señaló que el DTRH ha realizado “casi 300” referido a agencias de ley y orden que, hasta el presente han derivado en cerca de 100 arrestos.
El titular del DTRH, al indicar que cada referido puede llegar a incluir hasta un centenar de personas involucradas en un esquema particular, detalló que la agencia ha logrado recuperar sobre $70 millones de ciudadanos que “de manera voluntaria” han devuelto beneficios cobrados sin ser elegibles.
