La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes tiene ante su consideración una resolución conjunta del legislador independentista Denis Márquez que busca ordenar a la Administración de Seguros de Salud (ASES) hacer valer una carta normativa que decretaba un aumento en las tarifas que reciben los proveedores del Plan Vital, incluyendo a los profesionales de la salud mental.
La problemática que la resolución de Márquez busca resolver se deriva, principalmente, de la práctica de APS Healthcare, una entidad a la que varias aseguradoras delegan los servicios de salud mental, de no adoptar las disposiciones de la carta normativa que ASES emitió en mayo de 2020 en la que se determinó que, desde ese mes, las tarifas aplicables a los servicios provistos bajo el Plan Vital serían el 70% del “Medicare Fee Schedule 2020”.
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Metro reseñó, en junio, las denuncias del psicólogo David Alcalá, quien estimó, en ese entonces, que habría perdido cerca de $10,000 debido a la negativa de APS Healthcare de adoptar las nuevas escalas tarifarias bajo la premisa de que la carta normativa de ASES no aplicaba al contrato que mantenían para atender pacientes del plan de salud gubernamental.
“En un país que necesita más profesionales de la salud, que estén bien pagos, que cumplan con ellos, que estén los servicios accesibles, ante la realidad social de este país, me parece un elemento, muy importante. Segundo, me parece discriminatorio y, tercero, que va en contra de las propias regulaciones que establece ASES. Yo le escribí al director ejecutivo de ASES (Jorge Galva), requiriéndole información sobre el tema, preguntándole por qué no se había cumplido con las propias órdenes. No tuve ningún tipo de contestación”, sostuvo Márquez a este medio.
Metro, a lo largo de la pasada semana, realizó múltiples esfuerzos por entrevistar al director de ASES, quien en junio señaló que, ante las querellas presentadas, emitiría una determinación “en dos semanas” sobre la controversia tarifaria. En aquel momento, Galva dijo que la responsabilidad de garantizar el cumplimiento con las tarifas recaía sobre las aseguradoras participantes del Plan Vital, toda vez que son las entidades que mantienen una relación contractual con ASES.
La Resolución Conjunta de la Cámara 208, presentada por Márquez, se limita a ordenar a la ASES “implementar y fiscalizar el cumplimiento por parte de las distintas aseguradoras, especialmente APS Healthcare, con lo ordenado mediante la Carta Normativa 20-0527”.
“La gente con la que me he reunido me dice que son muchos (profesionales de la salud mental afectados). No tengo el número exacto. Ojalá en la discusión de la resolución ojalá se dé esa información. Pero sí sé de gente que se está retirando, me hablaron en la reunión que tuve con varios profesionales de que no hay forma que con los honorarios (que están recibiendo) incluso poder pagar los gastos de sus servicios profesionales. Al fin y al cabo, ahí hay unos monopolios de gente que tiene el control de aseguradoras y, a la vez, de centros de salud. Todo eso provoca ese control, falta de participación de profesionales de la salud y afectando directamente los servicios y sobre todo a los asegurados de este país”, sostuvo Márquez, quien dijo que tiene planificado dialogar próximamente con la presidenta de la Comisión cameral de Salud, Sol Higgins, sobre la necesidad de atender con celeridad la medida.
En junio, Galva detalló que APS Healthcare está subcontratada por First Medical, Triple S y el Plan de Salud Menonita, tres de las cuatro aseguradoras que manejan el Plan Vital.
