Miembros de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes censuraron el acuerdo alcanzado entre el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y los titulares del condominio Sol y Playa, en Rincón, que contempla la instalación de una verja entre el mar y el edificio con el pretexto de evitar que las tortugas marinas que anidan en la zona accedan al área en que se encuentra la construcción paralizada de una polémica piscina privada.
“La primera interrogante que me levanta es para quién trabaja el DRNA de (el secretario) Rafael Machargo y (el gobernador) Pedro Pierluisi. El Departamento está admitiendo, en un acuerdo por escrito, que está auspiciando una acción que afecta directamente el hábitat de una especie protegida estatal y federalmente. Es el equivalente a, por ejemplo, no utilizar los focos que se requieren para evitar afectar a las tortugas que están en su hábitat. Esa verja es una admisión, explícitamente lo dicen, que es para evitar que las tortugas vayan a anidar en un área que naturalmente es su hábitat”, planteó el representante popular Jesús Manuel Ortiz.
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La portavoz cameral del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, señaló que el acuerdo entre la agencia y los titulares del condominio representa un incumplimiento del deber ministerial que tiene el DRNA, cuyas acciones en torno a la construcción de un área recreativa en el condominio han sido cuestionadas por meses, particularmente desde que, a mediados de julio, emitió una orden de cese y desistimiento del proyecto solo para que, horas después, se enmendara el documento para “aclarar” que el desarrollo podía seguir adelante dentro de un perímetro establecido.
A inicios de agosto, y luego de meses de protestas ciudadanas en la playa Los Almendros, la Junta de Planificación emitió una orden que, desde entonces, ha mantenido paralizado el proyecto. La Junta de Planificación, en síntesis, encontró que los permisos que concedió al condominio la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) siguieron un tracto irregular, por lo que, luego de ordenar el cese y desista, presentó una demanda judicial con miras a que se revierta la autorización para el desarrollo del área recreativa, que incluye la rehabilitación de una piscina que fue destrozada por el embate del mar durante el huracán María.
“En vez de volver a lo que establecía la orden (del DRNA) inicialmente, (el nuevo acuerdo) protege la construcción ilegal. Lo que establece es que se va a hacer una verja alrededor de esa verja ilegal cuando muy bien el acuerdo pudo haber sido, usted tiene que sacar las maderas del molde de la verja, con las varillas que están ahí, rellenar ese espacio para que ninguna tortuga se pueda ver atrapada. Pero lo justifican de la manera contraria, vamos a tapar el espacio”, dijo Nogales, al reconocer que el área de la construcción sí representa un potencial peligro para las tortugas que desovan y las criaturas que eclosionan en la zona.
“La solución no era poner una verja frente a esa verja. Era haber sacado eso y restablecido el espacio, poniendo una verja donde terminaba lo que quedó después que el huracán María se llevara gran parte de la verja de cemento”, añadió la representante.
En el comunicado del pasado viernes, el DRNA indicó que la instalación de la “verja eslabonada” será supervisada por “personal experto” de la dependencia y no pretende establecer ningún tipo de deslinde en la zona costera. El DRNA indicó, asimismo, que la verja no tiene carácter permanente, pero no se precisó cuánto tiempo permanecería en pie.
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De acuerdo con el DRNA, los titulares del condominio tendrían la responsabilidad de tomar medidas para evitar que animales pudieran quedar atrapados en las zanjas de la construcción, así como remover la arena depositada en las zapatas de construcción para devolverla al área “fuera de la construcción”.
De otra parte, el DRNA señaló que cualquier manifestación en la zona deberá realizarse de forma “ordenada” y que quienes deseen protestar en la noche tendrán que hacerlo a oscuras o utilizando luces rojas para no impactar a las tortugas que puedan estar anidando.
“A mí me parece que no se pueden resolver asuntos de política pública de esta forma, y particularmente cuando esto también está bajo la jurisdicción de la Junta de Planificación y, de igual forma, establecer criterios sobre lo que debe ser la libertad de expresión y sobre el asunto de la zona marítimo terrestre”, subrayó, por su parte, el representante independentista Denis Márquez.
Los tres legisladores afirmaron que la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes tiene la responsabilidad de dar seguimiento a las investigaciones sobre el caso del condominio Sol y Playa, así como sobre las acciones del DRNA ante otras controversias ambientales. Metro se comunicó ayer con el presidente de la comisión, Edgardo Feliciano Sánchez, pero el representante se excusó al indicar que se encontraba atendiendo una situación familiar.
Nogales recordó que el informe parcial que redactó la comisión luego de una serie de vistas públicas en pasadas semanas se refirió al Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental, así como a asociaciones profesionales, con señalamientos que incluyen a Machargo, al exgerente de la División de Medioambiente de OGPe Idelfonso Ruiz y a Ángel Román Más, el consultor ambiental del condominio Sol y Playa.
“Desde el principio las acciones del secretario Machargo han sido débiles y todas dirigidas a permitir la construcción, a pesar de que él mismo nos dijo en vista pública en la Cámara que desde su punto de vista el permiso estaba otorgado de manera incorrecta y que en esa zona no se puede construir lo que proponen. Si esa es su posición, debería actuar en esa misma dirección y no permitir que se continúe impactando el hábitat de la tortuga mientras el tribunal decide”, acentuó el representante Ortiz.
