Desde el CPI
El alcalde de Jayuya, Jorge González Otero, habla sin tapujos. En mayo, les dijo a los principales funcionarios a cargo de la recuperación de Puerto Rico que deben “darle machete” al contrato de la compañía estadounidense ICF Incorporated.
Su envalentonamiento tiene un fundamento de gran peso, o mejor dicho, de muchos dólares. Con $250 millones federales asignados, Jayuya es el municipio con más fondos disponibles para reconstruir edificios, carreteras y puentes. Le sigue San Juan, con $96 millones.
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“Esa gente [la de ICF Incorporated] no trabaja, y si trabajan, cambian de opinión y de instrucciones todos los días”, expresó el Alcalde popular sobre el desempeño de la empresa, que desde el 2018 ha ganado $406 millones en contratos con el Departamento de la Vivienda (DV) y a la Oficina Central de Recuperación Reconstrucción y Resiliencia (COR3) para asesorar y dar consultoría administrativa a los municipios y agencias gubernamentales para obtener fondos. “No sirve. Es una gran piedra en el camino”.
Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Agencia Fiscal y Asesoría Financiera, flanqueado por el director ejecutivo del COR3, Manuel Laboy Rivera, y el secretario de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, escucharon al Alcalde durante la reunión de seguimiento a las necesidades del Municipio ocasionadas por los huracanes Irma y María. Laboy aseguró haberle dado un “halón de orejas” al contratista ICF.
La otra preocupación de González Otero es la gran cantidad de daños en las carreteras que conducen a Jayuya y que son responsabilidad del Gobierno central. Cada vez que tocaba las puertas de DTOP y de la Autoridad de Carreteras, durante la pasada administración, alega que el exsecretario Carlos Contreras le decía: “eso está resuelto”. Hace unos meses, personal de DTOP le informó que se identificaron 56 secciones de las vías con daños, pero el personal del Municipio realizó un informe que reclama que deben ser 115, luego de inspeccionar los sitios con detenimiento e identificar cunetones rotos, deslizamientos y alcantarillas afectadas. “Nadie nos había dicho la verdad”, se queja el Alcalde.
A cuatro años del paso de los huracanes Irma y María, las quejas de González Otero se amplifican cuando otros alcaldes dicen que enfrentan escollos similares, que — sumados al incremento de los costos de materiales, a falta de mano de obra, a pleitos legales contra aseguradoras por incumpliento y la confusión en los procesos burocráticos — dilatan el periodo de la recuperación.
Solo se ha desembolsado un 1% de los fondos asignados por FEMA para los proyectos de obra permanente, según un análisis del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) de los datos publicados en el portal del COR3. Hasta principios de septiembre, FEMA había obligado $19 mil millones para obras permanentes. El COR3 desembolsó $217 millones de esa cantidad entre municipios, agencias y organizaciones privadas sin fines de lucro.
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A Puerto Rico se le asignaron $62 mil millones en fondos de recuperación por parte de FEMA, el Departamento de la Vivienda federal (HUD, en inglés) y otras 17 entidades federales. El pote mayor se encuentra en tres áreas: los programas de Asistencia Pública, de FEMA; en las subvenciones de recuperación para desastres y en las de mitigación, ambas de HUD, conocidas como CDBG-DR y CDBG-DR MIT.
De los $9.7 mil millones asignados de los fondos CDBG-DR, se han gastado $333 millones, que equivalen a un 3%, según datos de HUD hasta finales de julio. De los de mitigación de HUD, $8.2 mil millones, no se ha gastado nada.
La Sección 428 de la Ley Stafford sigue dando candela
Después de tres años y medio de lidiar con el COR3 y FEMA, la alcaldesa penepé de Canóvanas, Lornna Soto Villanueva, anunció en mayo su primer proyecto con fondos de recuperación: mejoras a la cancha del barrio Cubuy. FEMA asignó $586 mil para esta obra.
Hubo aplausos. Sin embargo, Soto Villanueva levantó una bandera roja. Las propuestas para comenzar el trabajo de otros proyectos de Canóvanas están por encima de los fondos aprobados por FEMA para su municipio, dijo. Más de dos proyectos en Canóvanas se fueron por encima de los costos adjudicados, uno de ellos, por $500 mil. El alza de los precios de materiales de construcción y la tardanza de la adjudicación de proyectos por parte de FEMA incidieron en los costos actuales de construcción, explicó.
El alcalde de Guaynabo, Angel Pérez Otero, señaló que materiales como la madera y la varilla aumentaron entre un 25% a 30% en el mercado. Un panel de madera ranurado de cinco octavos de pulgada que antes costaba entre $16 y $17, ahora está en $59, dijo el ejecutivo municipal de Jayuya.
Los fondos de las obras permanentes grandes en Puerto Rico — de más de $123,100 — son autorizados por las secciones 406 y 428, de la Ley Stafford. Bajo la 406, conocida como el método tradicional, FEMA asigna dinero según los costos actuales, mientras que bajo la 428 los asigna a partir de estimados de costos fijos.
Las instalaciones críticas son aquellas que ofrecen servicios de electricidad, agua, tratamiento de aguas usadas, alcantarillado, comunicaciones, educación, cuidado médico de emergencia y servicios de emergencia.
La sección 428 establece que si los costos aumentan luego de aprobarse los estimados, los gobiernos municipales son responsables de los gastos extra incurridos. En esos casos, FEMA no desembolsará fondos adicionales.
Soto Villanueva dijo que FEMA debe reconocer los costos de construcción reales y no los estimados de costos fijos adjudicados. “Deben cambiar los proyectos 428 a la 406”, enfatizó
El coordinador federal de recuperación en desastres para Puerto Rico, José Baquero Tirado, dijo al CPI que está al tanto de la situación. Les pidió a los alcaldes que le mostraran los casos con aumentos. “Todavía no he visto un caso significativo”, mencionó.
El retraso de FEMA en las inspecciones de daños, los cambios o falta de personal del COR3 y FEMA, y la confusión sobre los procesos federales dilataron — en parte — después de María, la formulación de proyectos de obra permanente, dijeron cinco alcaldes al CPI en entrevistas separadas. A esto se suman, las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal que han impactado a los municipios, y el efecto de los terremotos y la pandemia de COVID-19 en la economía de los pueblos.
Un proyecto que utilice fondos bajo la sección 406 se construirá basándose en su función y capacidad de ocupación previo al desastre. Y, aunque una instalación bajo la 428 puede construirse al estado preexistente, los fondos pueden utilizarse para proyectos mejorados, alternos o una combinación de ambos.
Salinas optó por la sección 428 para todos sus proyectos, excepto los que estuvieran en zonas históricas y los culverts (u obras que permiten el drenaje, como puentes pequeños, accesos a las comunidades y los muelles de las pescaderías), explicó Arlene Figueroa Díaz, directora de los proyectos de reconstrucción en Salinas.
“Por la flexibilidad. Nos dijeron que sería más rápido [mediante la 428]”, destacó la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón. La decisión la tomó tras una orientación ofrecida por el personal del COR3 y FEMA en el 2019.
Los proyectos 428 se pueden consolidar, además de transferir fondos entre ellos, dijo el director de COR3 al CPI. En esta modalidad, si sobra dinero después de concluidos los trabajos, los municipios no tienen que devolverlo a FEMA. Lo pueden utilizar en otras actividades, como implementar medidas de mitigación, pagar pólizas de seguros y salarios de personal autorizado.
Sin embargo, Figueroa Díaz explicó que FEMA está reclasificando algunos proyectos de Salinas como pequeños (de menos de $123,100). “Los está sacando del pote de los fondos 428”, lo que baja las posibilidades de transferir dinero entre estos proyectos.
El Gobierno de Estados Unidos impuso en el 2017 a Puerto Rico que todos los proyectos de más de $123,100 se trabajarían bajo los procedimientos alternativos de la Sección 428. Sin embargo, en enero del año pasado, FEMA anunció que era opcional en los proyectos grandes que no fueran críticos.
Los alcaldes tenían hasta el 6 de marzo del 2020 para escoger qué sección utilizarían en los proyectos que aún no habían sometido. Hace tres semanas, el director ejecutivo del COR, Laboy Rivera, ofreció una orientación a los alcaldes sobre las ventajas y desventajas de las secciones 428 y 406. La nueva fecha límite para someter proyectos es el 31 de diciembre de este año.
“Mucha desinformación sobre la 428 se aclaró”, dijo Baquero Tirado, quien participó de la orientación ofrecida también a jefes de agencias gubernamentales y representantes de organizaciones sin fines de lucro.
La Alcaldesa de Canóvanas dijo que se mantiene en su posición de cambiar los proyectos 428 a la 406.
“La realidad es que los proyectos que ya están obligados, ya están obligados por la 406 o por la 428”, apuntó Baquero Tirado. Incluso, hay alcaldes que quieren mantener sus proyectos bajo la 428. Jayuya y Villalba son dos de ellos.
Para los proyectos que no estén obligados a finales de este año, Baquero Tirado dijo que aún no se sabe qué ocurrirá: si se gestionarán bajo la 406 o la 428.
¿La culebra o la anaconda?
Para aprobar fondos, FEMA tiene lo que se conoce como un proceso de formulación de proyectos de 19 pasos. En resumen, se identifican los daños, se desarrolla el alcance de trabajo y se estiman los costos, para entonces aprobar fondos. En varias entrevistas con el CPI, los alcaldes se refieren a ese proceso como el “snake” (la culebra) pues el diseño de su gráfica simula una.
Para el desembolso del dinero, el COR3 tenía un proceso de ocho etapas que podían tomar un promedio de 240 días. En julio de este año, se redujo a cuatro etapas, con un promedio de 60 días.
Los dos procesos “son anacondas que meten miedo”, describió el alcalde de Guaynabo al CPI.
Su comentario es una muestra de la burocracia federal que han manejado para gestionar las asignaciones monetarias. “Antes se tenían que someter los documentos en un sistema a FEMA y, en otro, a COR3, porque los sistemas no se comunicaban [entre sí]. Eso retrasaba grandemente. ¿Cómo fue posible que compraran dos sistemas distintos?”, dijo Pérez Otero. Esta situación tomó más de un año en resolverse.
“Hubo mucho turnover. Había un grupo de personas que estaban dos o tres meses y luego venía un grupo nuevo de FEMA. Era empezar de nuevo”, enfatizó el mandatario de Guaynabo.
Actualmente, FEMA cuenta con 1,008 empleados para trabajar con los gestiones de María y los terremotos. El COR3 tiene 196 empleados, según dijo el director ejecutivo al CPI.
Además, el proceso se retrasó pues FEMA quería tener pruebas de que los daños fueron ocasionados por los huracanes y no por falta de mantenimiento. Algunas agencias tenían documentación; otros, no porque la habían perdido durante el huracán o porque no daban mantenimiento, añadió Laboy Rivera.
Pérez Otero, quien preside la Federación de Alcaldes, mencionó que le dijo a FEMA que “lamentablemente” no podían proveer los informes de mantenimiento porque “eso no se da en el Gobierno. Es muy raro que se dé”.
FEMA advirtió al Gobierno y a los alcaldes que “dará el dinero, pero la estructura tiene que estar asegurada. No pueden decidir no asegurarla de ahora en adelante, porque FEMA no cubrirá [en un futuro desastre]”, admitió Pérez Otero.
Acuerdo de 2019: aplaudido hace dos años, ahora repudiado
Desde noviembre del 2017, FEMA tenía que revisar y aprobar cada petición antes de que el COR3 realizara el desembolso. Al mando del COR3 en el 2019, Omar Marrero anunció un acuerdo entre FEMA y el Gobierno de Puerto Rico que incluía la eliminación del proceso manual de reembolso.
El acuerdo, firmado el 1ro de abril del 2019, eliminó esas restricciones. Marrero dijo — en ese momento — que se esperaba agilizar los desembolsos de 60 días a 21 días. El COR3 quedó a cargo de la revisión y aprobación de los desembolsos y adelantos siempre y cuando cumpliera con unas regulaciones federales, pero entre finales de julio y octubre de 2019 FEMA volvió a imponer el proceso manual en el contexto de los eventos del Verano del 2019.
El acuerdo incluía “nuevas restricciones”, pues para los reembolsos, se requeriría el 100% de validación de que se hubieran terminado los trabajos y la evaluación del cumplimiento; que los adelantos de dinero se limitarían a cantidades mínimas; y que se se implementaría un proceso de auditoría.
Ahora, dos años después, Laboy Rivera solicitó a FEMA que se elimine ese acuerdo. Según Laboy Rivera, el promedio antes era de 240 días para los desembolsos. Aunque el COR3 ha hecho ajustes para agilizar los desembolsos y adelantos, los alcaldes llevan una cruzada para que se enmienden o se eliminen los requisitos que aún ponen cortapisas el proceso.
El coordinador federal Baquero Tirado dijo al CPI que la decisión se tomará luego de recibir los resultados de una auditoría del 2019 que espera esté lista este mes.
