La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) radicó nuevamente en el Tribunal Apelaciones un recurso de impugnación para que decrete que el Reglamento del Negociado de Transporte es nulo y por ende no pueden aplicar el aumento en las tarifas, informó el Lcdo. Luis Gierbolini, presidente de la CCPR, a través de un comunicado de prensa.
“La CCPR prevaleció en todas las instancias en la que solicitó anteriormente la nulidad del reglamento. Este Reglamento Núm. 9293 de 23 de julio de 2021 tampoco cumplió con la reglamentación establecida por la Ley de procedimiento administrativo uniforme del Gobierno cuando vas a establecer este tipo de tarifa. Lo que ha pasado es que se ha disfrazado la misma Carta Circular que fue declarada nula en un reglamento”, aseveró Gierbolini.
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El recurso radicado establece que dada la nulidad del proceso de reglamentación alterno e inválido emprendido por el NTSP al emitir la Carta Circular, dicha agencia “revivió” el proceso de reglamentación abandonado y, sin ningún tipo de apercibimiento público ni mucho menos, el 23 de julio de 2021, promulgó el Reglamento 9293. Ese mismo día se remitió el Reglamento al Departamento de Estado y entra en vigor el 22 de agosto de 2021.
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“No vamos abandonar este tema porque las leyes en Puerto Rico son para cumplirlas y es necesario que el ente regulador asuma una posición imparcial y atienda adecuadamente un proceso de reglamentación adecuado en cumplimiento de la Ley, pero sobretodo con datos númericos y reales que puedan sostener la evaluación de un aumento en las tarifas de transporte”, aseguró el Presidente de la CCPR.
En el pleito anterior sobre el mismo tema, el Tribunal Supremo de Puerto Rico notificó en conjunto con la denegatoria de la petición de Certiorari, un “No ha Lugar” a la solicitud del Frente Amplio de Camioneros para intervenir. El pasado mes de julio mientras se esperaba por esta determinación del Tribunal Supremo se convocó un paro por el Frente Amplio de Camioneros, que detuvo durante dos días los trabajos de movimiento de carga terrestre en la Isla. El Negociado decidió para terminar el conflicto presentar esta reglamentación en el Departamento de Estado. Por su parte, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha expresado que la regulación propuesta tiene que cumplir con el plan fiscal, presentar un aumento adecuado y excluir a los contratos privados.
“Vamos a tomar todas las acciones que sean necesarias para asegurar que este proceso sea uno legal y cuente con todas las garantías establecidas, exigiendo conocer los análisis y evaluaciones utilizadas para poder concluir los costos de las tarifas y a quienes les aplica” concluyó el Lcdo. Luis Gierbolini.
