Atornillamientos, contrataciones y despidos políticamente motivados figuran entre las alegaciones que presentó el pasado presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock Acevedo, contra las personas demandadas en el recurso que presentó ayer ante el Tribunal Federal, donde reclama una cifra multimillonaria por su salida, presuntamente injustificada, del cargo.
En su demanda, Haddock Acevedo le imputa a Walter Alomar Jiménez, expresidente de la Junta de Gobierno de la UPR, encabezar el esquema para colocar figuras afines a las administraciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) en posiciones importantes dentro de la institución. Sin embargo, asegura que varias de las instrucciones provenían directamente de La Fortaleza bajo los gobiernos de Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi, e incluye al actual secretario designado de Estado, Omar Marrero, como uno de los codemandados, por el rol que alegadamente jugó en el despido de Haddock Acevedo, que se concretó el pasado mes de julio.
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A pesar de que Alomar Jiménez salió de la Junta de Gobierno a mediados de 2020, Haddock Acevedo le imputa presionarlo desde inicios del presente año para que destituyera a la persona que se había designado como representante de la UPR ante la junta directiva de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (Cossec). Rubén Colón Morales, el funcionario de la UPR que formaba parte de la junta de Cossec, le habría votado en contra al nombramiento de Mabel Jiménez como directora de esa entidad.
“Durante la primavera del 2021, Haddock recibió numerosas llamadas de parte del demandado Alomar, solicitando que Rubén Colón Morales […] fuera removido, ya que su voto contra Mabel Jiménez sería un obstáculo para su confirmación por la Junta. Haddock se negó a seguir la directriz de Alomar”, lee una de las alegaciones contenidas en la demanda.
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Posteriormente, el expresidente de la UPR señala que Alomar Jiménez le notificó que la instrucción para remover a Colón Morales venía directamente de La Fortaleza. Entre mayo y junio, Haddock Acevedo comenzó a recibir llamadas de Marrero, también director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, en las que, además de recalcar que las directrices venían de la Mansión Ejecutiva, reiteraba que era imperativo sacar a Colón Morales de Cossec.
De acuerdo con la demanda, mientras Alomar Jiménez contactaba a personal cercano a Haddock Acevedo para aconsejarles “distanciarse” de su jefe, en junio el entonces presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Emilio Colón Beltrán, “recibió instrucciones de Omar Marrero para despedir a Haddock como presidente”.
El despido de Haddock Acevedo se le notificó el 2 de julio, en una carta firmada por Colón Beltrán y Mayda Velasco Bonilla, entonces vicepresidenta y ahora presidenta de la Junta de Gobierno. Ambos figuran como codemandados, junto a Marrero, Alomar Jiménez y Mayra Olavarría, actual presidenta interina de la UPR.
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En el recurso legal, se describe un patrón de presiones políticas que por parte de Alomar Jiménez –entonces presidente de la Junta de Gobierno– que habría comenzado en otoño de 2018, poco después de que Haddock Acevedo entrara en funciones como presidente, lo que ocurrió el 4 de septiembre de ese año.
“Poco después de que Haddock se iniciara como presidente de la UPR, Alomar le indicó que, consecuentemente, tenía que tomar pasos para rescindir de personal administrativo y académico, según solicitado por Alomar y otros líderes del PNP”, lee la demanda.
Dichas presiones se habrían manifestado inicialmente cuando se buscaba un rector para el Recinto de Mayagüez, posición para la que Alomar Jiménez favorecía a Wilma Santiago, quien ya se desempeñaba como rectora interina.
Según Haddock Acevedo, tras negarse a recomendar a Santiago para el cargo en propiedad, recibió una llamada de Ricardo Llerandi, secretario de la Gobernación de Rosselló, quien igualmente lo presionó con relación al nombramiento.
Alomar Jiménez habría actuado de manera similar para que Haddock Acevedo retuviera como asistente especial de presidencia a Katherine Meléndez, quien, según se desprende de la demanda, había sido convicta por mal manejo de fondos federales como parte del programa CRECE.
Asimismo, Alomar Jiménez se opuso a que Haddock Acevedo aceptara la renuncia del rector de la UPR Carolina, Jorge Valentín Asencio, “un longevo simpatizante del PNP”, así como a que el presidente diera paso a la cancelación de un contrato “ilegal” que el Recinto de Río Piedras había concedido al esposo de Magdalisse Ramos, quien se desempeña secretaria ejecutiva de la Junta de Gobierno.
Tras este último incidente, “Alomar citó a Haddock y le dijo que el contrato del esposo de Ramos no se podía cancelar, ya que Ramos y su esposo eran miembros del PNP y, además, ella era miembro de la Junta de Gobierno”, se indica en la demanda.
Haddock Acevedo, según el documento legal, se negó a ceder en cada uno de los intentos de intervención del presidente de la Junta de Gobierno.
Debido a la intervención de Alomar Jiménez, sin embargo, al menos dos trabajadores de la UPR se vieron afectados por alegadas expresiones en contra del PNP, sostuvo Haddock Acevedo, en incidentes que incluyeron el despido de la periodista y exempleada del equipo de comunicaciones de Administración Central Istra Pacheco.
“A lo largo de su presidencia de la Junta de Gobierno, Alomar insistió en que Haddock despidiera a Heriberto Luna de los Santos, director asociado de la Oficina de Sistemas de Información, por expresiones en redes sociales contra el gobierno del PNP. Haddock no acató la solicitud de Alomar. Alrededor de mayo de 2019, Alomar forzó a la directora de comunicaciones de la UPR a despedir a una empleada, Istra Pacheco, por realizar expresiones contra el gobierno del PNP”, lee el documento.
La demanda de Haddock Acevedo argumenta que, además de ser víctima de una constante presión política, su despido se realizó sin acatar las disposiciones reglamentarias y contractuales. Específicamente, Haddock Acevedo expone que Colón Beltrán y Velasco Bonilla le informaron de su salida sin que la Junta de Gobierno hubiera llevado el asunto a votación y sin que se presentaran los motivos que, de acuerdo con el contrato, serían causa justa para su cancelación.
Haddock Acevedo y la codemandante, su esposa María Haddock, presentaron seis causas de acción, incluyendo la solicitud de sentencia declaratoria y compensación por daños contra los codemandados que, en suma, ascienden a $29.58 millones.
El expresidente de la UPR estimó el valor de la cancelación del contrato en $480,000, debido a los dos años de vigencia que restaban a un monto de $240,000 anuales; el uso de la casa oficial del presidente en $60,000; las pérdidas de ingreso futuro debido al “estigma” del despido en $2.4 millones; $1.5 millones por daños emocionales; y $350,000 en honorarios legales.
Las cifras se multiplican al reclamar esas cantidades contra cada codemandado y, en los casos de Alomar Jiménez, Colón Beltrán, Velasco Bonilla y Marrero, solicitar que la compensación se duplique debido a que “actuaron con conocimiento, intención y crasa desconsideración de los derechos constitucionales y contractuales de Haddock”.
El matrimonio Haddock exigió que los méritos de la demanda se resuelvan en un juicio por jurado.
