La Junta de Directores de la Administración de Seguros de Salud (ASES) podría estar seleccionando esta misma semana la compañía que fungirá, por al menos tres años, como administrador de beneficios de farmacia (PBM) de las aseguradoras que manejan el Plan Vital, en lo que ha sido el primer proceso abierto a competencia en más de una década.
El director ejecutivo de ASES, Jorge Galva, explicó que para la licitación se establecieron dos comités: uno técnico, encargado de evaluar las credenciales de las compañías que respondieron a la convocatoria, y otro ejecutivo, con la función de analizar si las ofertas presentadas cumplen con los requisitos establecidos en la solicitud de propuestas (RFP).
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“Se utilizó el formato ciego, quiérese decir que las compañías que licitaron se identificaron únicamente por una letra, de manera que tanto el comité ejecutivo, compuesto por un servidor y otros miembros del gabinete ejecutivo acá en la agencia, y la Junta de Directores de ASES, cuando han pasado juicio con respecto de las recomendaciones que ha hecho la gerencia, no han sabido el nombre de las compañías que han estado licitando”, dijo Galva a Metro.
“Ya la Junta se ha reunido en dos ocasiones, en reuniones debidamente constituida con quórum completo. En una de las reuniones recibieron la recomendación de la gerencia para el otorgamiento de la buena pro de la licitación. Hubo una reunión de seguimiento, porque la Junta indicó que necesitaba más tiempo para revisar la documentación y, particularmente, cuestiones de la solvencia financiera y operativa de las diferentes proponentes. Se les concedió y pidieron otra reunión más para poder entonces llegar a su determinación final respecto a la recomendación”, agregó el funcionario, puntualizando que la recomendación brindada a la Junta de Directores no es vinculante, por lo que el ente rector tiene discreción para aceptarla o no.
En el RFP, emitido en marzo pasado, ASES solicitó propuestas tanto para el servicio de PBM como para el de agregador de reembolsos (‘Rebate Aggregator’, RA). Mientras que el PBM tiene la responsabilidad de servir como intermediario en la compra de medicamentos para los casi 1.2 millones de beneficiarios del programa Vital, el RA, explicó Galva, tiene que garantizar el cumplimiento con los acuerdos contractuales que fijan políticas de descuentos en la adquisición de los productos de farmacia.
“El proceso de rebate no es automático, hay que estar encima de él para asegurarse que funcione y eso es lo que hace el RA”, indicó Galva.
ASES estableció en el RFP que la “preferencia” es seleccionar a un proponente que presente una oferta para ambos servicios, si bien se reservó el derecho de conceder un contrato para PBM y otro para RA.
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“Nuestros consultores, que es la compañía Mercer, nos han indicado que en los Estados Unidos la experiencia general que se ha tenido es que hay beneficios de transmisión de información, de poder compartir funciones del PBM y el RA, economías de escala y una eficiencia mayor de la operación cuando hay una sola entidad que recoge ambos servicios”, sostuvo Galva.
En los últimos años, los servicios de PBM para los asegurados del Plan Vital los ha estado proveyendo MC-21 Corporation, a un costo para ASES de $15 millones anuales, de acuerdo con el registro de contratos del Contralor. Abarca Health, en tanto, se ha encargado de la parte de RA, por la misma cantidad anual, aunque el contrato incluye cláusulas de contingencia que ajustan la compensación en función de los descuentos que consigan a favor de ASES, dijo Galva.
“Nuestra compra de farmacéuticos el año pasado se acercó a los $800 millones. Estamos hablando de un volumen de farmacéuticos increíblemente alto y que refleja otro de los el problemas que el PBM y el RA nos tienen que ayudar a controlar, que es el incremento paulatino pero significativo de precios”, manifestó el director ejecutivo de ASES.
“Nuestro caballito de batalla”
MC-21 y Abarca se han mantenido como las únicas compañías a cargo de los servicios de PBM y RA, respectivamente, a través de renovaciones de contrato anuales que se han producido desde 2013.
Galva señaló que, aunque “imagina” que ambas están licitando en el proceso actual, no puede confirmarlo debido a que no tiene constancia de las empresas proponentes, como consecuencia del formato “ciego” del RFP.
Según el funcionario, de cerca de 20 invitaciones que se extendieron a compañías que ofrecen estos servicios relacionados con los beneficios de farmacias para participar del RFP, seis presentaron su propuesta y una fue descalificada, por lo que quedan cinco ofertas para consideración de la Junta de Directores, algunas de las cuales incluyen servicios combinados de PBM y RA y otras para solo uno de los componentes.
La ausencia de competencia que ha prevalecido en la contratación para el manejo de fondos de Medicaid en Puerto Rico fue el principal señalamiento que emitió en febrero un informe de la Oficina de Contabilidad General (GAO) del gobierno federal. Específicamente, el informe concluyó que, de ocho adquisiciones por parte del Departamento de Salud y ASES que se analizaron, solo una conllevó un proceso competitivo siguiendo los estándares federales aceptados. En otras dos, aunque se abrió a competencia, no se cumplió con todos los estándares federales y en las cinco restantes no se justificaron los motivos para conceder contratos sin competencia.
El GAO puntualizó que, si bien los gobiernos estatales no están obligados legalmente a implantar las prácticas de contratación avaladas por las autoridades federales, no seguir estos protocolos abre la puerta a fraude y pérdida de fondos.
Además del informe del GAO, la ley que autorizó los fondos de Medicaid para los años fiscales federales 2020 y 2021 exigió a las autoridades de salud en Puerto Rico una serie de estándares de cumplimiento y evidenciar prácticas antifraude en los programas federales.
“Hemos convertido el RFP del PBM y RA en nuestro caballito de batalla para decirle al GAO, el Congreso y CMS (Centros de Servicios de Medicaid y Medicare), ‘miren lo que estamos haciendo’. Fuera de los contratos de las aseguradoras, estos son los dos contratos más grandes que tenemos”, destacó el jefe de ASES, al detallar que ASES estableció como política abrir a licitación todas las contrataciones que rebasen los $150,000.
Si bien el RFP fijaba el 1 de febrero de 2022 como la fecha de implementación del contrato de PBM y RA, Galva reconoció que la selección del proponente se ha retrasado respecto al calendario dispuesto, por lo que la idea es que la compañía agraciada entre en funciones en julio del año entrante.
“Esta semana tenemos una reunión ordinaria de la Junta (de Directores), donde el asunto (de la selección) se va a llevar (a discusión) para llegar a una resolución final. Estamos un poquito atrasados (porque) se esperaba que la buena pro de la licitación se hubiese concedido a principios de septiembre, pero la Junta, en ejercicio de su discreción, dijo que la información es abundante y es mejor ir un poco más lento y digerir toda la información de los proponentes que llegaron a la última ronda”, subrayó Galva.
De acuerdo con el RFP, la intención de ASES es firmar el o los contratos de PBM y RA por una vigencia de tres años, con sendas opciones para un cuarto y quinto año.
