El gobernador Pedro Pierluisi defendió la validez de la disposición del Código Electoral que coloca sobre el Tribunal Supremo la responsabilidad de elegir al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), sobre cuya constitucionalidad el propio foro judicial pudiera decidir en los próximos días.
Mañana, precisamente, es la fecha límite para que las partes involucradas presenten sus argumentos sobre la demanda que el presidente del Senado, José Luis Dalmau, radicó para detener el proceso de selección del jefe de la CEE, luego de que ninguna de las cámaras legislativas actuara sobre los nombramientos que sometió Pierluisi a inicios de septiembre para ocupar la presidencia y la presidencia alterna del organismo.
La demanda la atenderá en primera instancia el propio Tribunal Supremo, toda vez que dio paso a la moción de Dalmau para certificar el caso que se presentó el pasado 23 de septiembre.
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Expertos constitucionalistas han cuestionado la delegación al máximo foro judicial de elegir los regentes de la CEE, dado que, como parte de los principios de separación de poderes, es al gobernador a quien le toca nominar y la Legislatura quien debe confirmar a los funcionarios que encabecen agencias de la rama ejecutiva.
Pierluisi, sin embargo, teorizó que la CEE no es propiamente una agencia del ejecutivo, sino que está adscrita a esa rama únicamente para propósitos presupuestarios.
“Yo no he hecho el estudio jurídico, nadie ha impugnado la ley hasta ahora que se dio esa impugnación. En esta situación la rama judicial está entrando a actuar ante la inacción, o falta de acción tanto de la rama ejecutiva como la rama legislativa, en este caso más bien la rama legislativa. El Senado de Puerto Rico tuvo la oportunidad de pasar juicio sobre dos jueces designados por el gobernador y no lo hizo. Ante su inacción, el Tribunal Supremo puede intervenir para proteger la democracia, porque aquí estamos hablando de una entidad autónoma que está adscrita a la rama ejecutiva meramente por razones presupuestarias, que todos debemos velar por que esté funcionando y su labor no sea interrumpida”, sostuvo el mandatario.
En la demanda del presidente senatorial aparecen como demandados el gobierno de Puerto Rico, por conducto del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, y el propio Tribunal Supremo, a través de la jueza presidenta, Maite Oronoz Rodríguez.
Algunos abogados, como el constitucionalista Carlos Ramos, han expresado que el diseño del Código Electoral atenta crasamente contra los principios constitucionales de separación de poderes y, además, coloca al Tribunal Supremo en la posición de decidir sobre un asunto de carácter político partidista.
Bajo el Código Electoral aprobado en 2020, los comisionados electorales de todos los partidos tienen la oportunidad de escoger por consenso al presidente y su alterno pero, de no ocurrir, el proceso pasa a manos del gobernador y ambos cuerpos legislativos, donde se requiere que dos terceras partes de los senadores y representantes confirmen a los nominados en un periodo de hasta 15 días. En el Tribunal Supremo, que hasta la aprobación de la nueva ley electoral no tenía rol alguno en la selección del presidente, se requiere una mayoría simple para llenar las posiciones.
“¿Y cómo el Tribunal Supremo va a detectar que esos jueces y juezas que va a considerar han sido electores? ¿Y cómo el Tribunal Supremo se va a asegurar que esos jueces y juezas seleccionados tienen conocimiento electoral? Eso es terrible pero más vale que el país se entere cómo lo están haciendo. Es terrible, porque el tribunal no está diseñado para hacer esa tarea”, dijo el licenciado Ramos en una entrevista reciente con Metro, aludiendo a varios de los requisitos que se exigen al presidente y presidente alterno de la CEE.
“Desde mi punto de vista, la rama judicial tiene todo el derecho de proteger al pueblo de Puerto Rico en general, a las tres ramas del gobierno, para que la labor de la CEE no se interrumpa, se cumpla, se lleve a cabo. Esa es mi posición, no necesariamente desde el punto de vista jurídico (porque) yo no he hecho el estudio personalmente”, recalcó hoy el gobernador en una rueda de prensa.
Pierluisi argumentó también que la rama judicial “consistentemente” interviene en temas electorales “y lo hace como si fuera en la forma de un árbitro”.
“Y aquí, hasta cierto punto, está haciendo lo mismo. Hubo un ‘impasse’, si lo llamamos así, yo sometí unos candidatos, ni tan siquiera les dieron una audiencia y, ante esa situación, entiendo que hay más que justificación para que la rama judicial intervenga, este caso el Tribunal Supremo porque es lo que dispone la ley”, puntualizó el primer ejecutivo.
El Código Electoral no especifica procedimiento alguno para la selección del presidente de la CEE por parte del Tribunal Supremo, más allá de indicar que debe realizar la votación no más de 15 días naturales después que concluyera el término para que la Legislatura confirmara a los nominados por el ejecutivo.
