El gobernador Pedro Pierluisi puntualizó que mantiene plena confianza en su secretario designado de Estado y jefe de finanzas del gobierno, Omar Marrero, a pesar de que aparece como codemandado en el recurso legal que presentó esta semana Jorge Haddock, expresidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), quien reclama una suma multimillonaria por su despido el pasado julio.
Haddock, en la demanda federal de 29 páginas, alega que Marrero ejerció presión para que se destituyera al representante de la UPR en la Junta de Directores de la Corporación Pública para la Supervisión de Seguros y de Cooperativas (Cossec) porque se había opuesto a la ratificación de Mabel Jiménez, nominada por Pierluisi a la dirección ejecutiva de esa entidad.
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Según establece el expresidente de la UPR, Marrero le indicó que la directriz de remover a Rubén Colón Morales, el funcionario que representanta a la UPR en la Junta de Cossec, venía de La Fortaleza.
Además, según la demanda, Marrero habría instruido en junio a los entonces presidente y vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la UPR, Emilio Colón Beltrán y Mayda Velasco Bonilla, que despidieran a Haddock.
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Haddock recibió notificación de su salida el 2 de julio, y abandonó la presidencia de la UPR el 31 de ese mes.
“Lo que voy a decir es que una cosa es hacer alegaciones y otra es que sean correctas. Así que eso queda por verse. Eso va a atenderse ahora en un tribunal y veremos el desenlace de ese caso”, dijo Pierluisi esta tarde al cuestionársele sobre la alegada implicación de Marrero en las presiones que presuntamente recibió Haddock.
Marrero, en unas declaraciones escritas, negó la veracidad de las alegaciones que planteó Haddock en su contra.
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“Definitivamente, nos toma por sorpresa tanto la demanda como las alegaciones incluidas en la misma; particularmente, cuando la relación entre este servidor y el señor Haddock siempre fue de altura y de respeto. Por consiguiente, rechazamos tajantemente las alegaciones por no ser certeras. Por el momento, no haremos más expresiones y contestaremos las alegaciones a través de los foros correspondientes”, expresó el funcionario.
Marrero fue designado secretario de Estado en julio, cargo que sumó a la posición de director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal que ostenta desde el cuatrienio pasado. La Cámara de Representantes ya lo confirmó como jefe del Departamento de Estado, al tiempo que se espera por que el Senado lleve su nombre a votación, luego de una vista pública la semana pasada.
La dualidad de funciones de Marrero ha sido una de las principales críticas que ha recibido de legisladores de oposición.
“Definitivamente que confío en Omar Marrero y ya Omar Marrero rechazó las alegaciones en lo que lo conciernen a él. Obviamente no ha habido conducta impropia de su parte, así él lo ha indicado y yo confío en Omar Marrero”, recalcó el gobernador en una actividad en Dorado.
Pierluisi, sin embargo, no abordó las alegaciones sobre el expresidente de la Junta de Gobierno de la UPR Walter Alomar, quien Haddock alega que también sirvió como una especie de intermediario entre La Fortaleza y su persona más temprano este año con relación a la controversia por la dirección ejecutiva de Cossec. Alomar dejó la presidencia de la Junta de Gobierno a mediados del año pasado, cuando Wanda Vázquez todavía era gobernadora.
Según Haddock, Alomar habría liderado desde 2018 un patrón de intervenciones indebidas con el objetivo de colocar en posiciones importantes de la UPR a figuras allegadas al Partido Nuevo Progresista.
Además de Marrero y Alomar, Haddock demandó a Colón Beltrán y Velasco Bonilla, así como a la actual presidenta interina de la UPR, Mayra Olavarría, y exigió una suma que totaliza casi $30 millones.
