Katherine Meléndez Mateo, ex ayudante especial del pasado presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock, refutó la información vertida en la demanda que este último presentó contra la institución, donde se asevera que ella había sido convicta “por el mal uso de los fondos federales en conexión con el programa CRECE”.
En la demanda, Haddock menciona que el entonces presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Walter Alomar, intentó impedir que se removiera a Meléndez Mateo de su cargo, ya que era una “simpatizante del PNP (Partido Nuevo Progresista) y una protegida de Alomar”.
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“Al conocer la decisión de Haddock de remover a Meléndez de su posición en la Oficina de Presidencia, Alomar llamó a Haddock en varias ocasiones a presionarlo para que no removiera a Meléndez”, lee uno de los puntos de la demanda.
Meléndez Mateo, en entrevista con Metro, dijo desconocer por qué se mencionó que era una convicta federal y aceptó que está recibiendo asesoría legal con miras a tomar alguna posible acción. La demanda del expresidente sostiene que la otrora funcionaria de Administración Central “fue encontrada culpable de facturar gastos personales a la cuenta de la subvención”.
“El presidente me menciona en su demanda y me toma por sorpresa la alegación de que hace de que he sido convicta, encontrada culpable en un caso (relacionado con) el programa Crece-21, lo cual no es cierto. En mis cuarentitantos años y en mis veintitantos años de servicio público, yo nunca he sido citada para ni siquiera preguntarme el nombre, a ningún tribunal ni ningún foro”, planteó Meléndez Mateo, una empleada administrativa de carrera en la UPR Arecibo.
“Estaremos procediendo en los foros pertinentes de acuerdo al asesoramiento”, dijo Meléndez Mateo.
Una búsqueda de Metro en el portal de la rama judicial, así como en el sistema del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, no arrojó resultados de algún caso criminal en contra de Meléndez Mateo. Su nombre tampoco trascendió públicamente en el notorio caso por corrupción relacionado con el programa Crece-21 que concluyó con alegaciones de culpabilidad de varios funcionarios de alta jerarquía de la UPR.
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Meléndez Mateo detalló que, bajo la presidencia interina de Darrel Hillman Barrera, fungió como directora ejecutiva de la oficina. Al ser nombrado Haddock, en septiembre de 2018, pasó a ocupar el cargo de ayudante especial, donde se mantuvo hasta marzo de 2019, según indicó en la entrevista.
Según reseñas periodísticas de aquel momento, bajo la administración de Haddock, Meléndez Mateo, como ayudante especial, estaría “a cargo de maximizar el recibo de los fondos de recuperación en la institución, así como el desarrollo de un sistema que agilice y facilite los procesos internos para promover la eficiencia y eliminar la burocracia”.
Sobre su salida unos seis meses después, Meléndez Mateo indicó que “esencialmente yo estaba en un puesto de confianza y eso es así de sencillo. Los que hemos estado en un puesto de confianza, usted sabe que es que cuando se termina la confianza, se termina la función”.
Meléndez Mateo dijo desconocer por qué Haddock se refirió a ella como una “protegida” de Alomar, al tiempo que afirmó que se ha “ganado todo lo que tengo a puro esfuerzo y conocimiento”, al preguntársele por el planteamiento contenido en la demanda de que es una “simpatizante del PNP”.
La empleada universitaria sí aparece en el registro de donantes de la Oficina del Contralor Electoral como contribuyente de la campaña a la gobernación de Ricardo Rosselló entre 2014 y 2015, así como donante de Félix Mercado Lugo, exaspirante primarista del PNP a la alcaldía de Ciales, en 2019.
“No tengo que aportar en eso porque realmente la relación que teníamos era una relación laboral. Yo no conozco al señor Walter Alomar fuera de lo que son los foros administrativos y la reglamentación universitaria”, aseveró Meléndez Mateo, quien dijo desconocer si el expresidente de la Junta de Gobierno realizó alguna gestión en su favor al conocer que Haddock la removería del puesto de ayudante especial.
En su demanda, Haddock reclama hasta $29.8 millones en daños contra Alomar y otros funcionarios de la UPR, así como contra el actual secretario designado de Estado, Omar Marrero, por el alegado despido injustificado que atribuye a negarse a ceder a las presiones políticas de las que presuntamente fue víctima desde su nombramiento en 2018.
