La Cámara de Representantes aprobó a viva voz una resolución que obliga a los delegados congresionales pro estadidad a comparecer ante el cuerpo legislativo a una sesión de interpelación.
La Resolución de la Cámara 534 ordena la Cámara a reunirse en comisión total para realizar una sesión de interpelación a los delegados, quienes devengan un salario de $90,000 anuales, además $30,000 para el reembolso de gastos.
“Esto es una resolución que le va a permitir al país conocer de las gestiones que están haciendo estas personas que fueron electas en una pasada elección que le costó cientos de miles de dólares a los constituyentes de Puerto Rico, y es tiempo de rendir cuentas”, expresó el representante Orlando Aponte Rosario, quien radicó la resolución.
“Es tiempo de que el país conozca con quién se reunieron. Es tiempo de que el país conozca qué adelanto, si alguno, han hecho para la única encomienda que se les delegó”, sostuvo el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).
Asimismo, fue aprobada la Resolución de la Cámara 535 – de la autoría de los representantes Edgardo Feliciano Sánchez, Luis Ortiz Lugo, Kebin Maldonado Martiz y José Rivera Madera –, que ordena a la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales, Estatus y Veteranos llevar a cabo un “estudio abarcador” sobre la ejecución de los delegados congresionales.
Esta última también busca que los delegados rindan cuentas acerca de las reuniones sostenidas con funcionarios federales, al igual que los gastos que ha incurrido la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés) en reembolsos de alojamientos y viajes.
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Los miembros de la delegación, electos en una elección que contó con una fracción de los electores inscritos en la isla, son el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, la exalcaldesa de Ponce María Meléndez, la exsenadora Melinda Romero, el exlegislador municipal de Guaynabo, Roberto Lefranc Fortuño, la exsecretaria de Corrección, Zoraida Buxó Santiago y Elizabeth Torres Rodríguez.
La Ley 167-2020 que dio paso a la creación de la delegación dispone que cada uno deberá presentar al gobernador Pedro Pierluisi un informe sobre sus gestiones cada 90 días, pero hasta el momento solo han cumplido Torres Rodríguez, Meléndez, Lefranc Fortuño y Rosselló Nevares.
PNP defiende delegación
Ambas medidas recibieron el voto en contra de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), tras señalar que las resoluciones pretenden “desacreditar” la estadidad y la Ley 167. De igual forma, los legisladores del PNP defendieron las gestiones de la delegación congresional, pues aseguraron que 90 días es poco tiempo para comenzar investigaciones sobre sus trabajos en Washington D.C.
“Yo no estoy cuestionando el poder de interpelación ni de investigación de la Asamblea Legislativa. Yo lo que estoy cuestionando es el mecanismo que se está utilizando”, indicó el portavoz del PNP en la Cámara, Carlos Méndez Núñez.
Los delegados han sido objeto de críticas por el salario que devengan, así como por su desempeño y el reclamo de gastos reembolsables.
No se indicó la fecha en que los delegados congresionales serían interpelados por los representantes.
