El Senado debatirá esta tarde la medida denominada “Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico” mediante la cual se pretende conceder al aval legislativo a la mayoría de los elementos del plan de ajuste de deuda que la Junta de Control Fiscal (JCF) presentó a la jueza de quiebras Laura Taylor Swain.
El proyecto, según aprobado en la Cámara de Representantes con 33 votos a favor, no fija un umbral sobre el cual se autorizarían recortes a las pensiones públicas en el plan de ajuste, contrario al acuerdo que los líderes legislativos alcanzaron hace unas semanas con la JCF. La JCF se había comprometido a elevar de $1,500 a $2,000 mensuales el umbral sobre el cual se recortaría el 8.5% del beneficio de los retirados, mientras que la versión original del Proyecto de la Cámara 1003 contemplaba un mecanismo para restituir los ajustes que se implementaran.
El gobernador Pedro Pierluisi, al igual que la delegación legislativa novoprogresista, ha recalcado públicamente que está dispuesto a firmar una pieza viabilizando el plan de ajuste de deuda siempre y cuando sea meridianamente claro que no se avala recorte alguno a las pensiones en el proceso de quiebra del gobierno central.
Otras delegaciones de minoría, como el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana, y el senador independiente José Vargas Vidot, se han opuesto al proyecto legislativo bajo el argumento de que impulsa una emisión de deuda sin que el país cuente con la capacidad de repago para cumplir con las obligaciones en que incurriría.
Esta postura coincide con el análisis que han realizado economistas y organizaciones como Espacios Abiertos, que han señalado que los propios planes fiscales de la JCF contemplan un escenario, a mediados de la década de 2030, en el que el país no tendría el dinero para cubrir su deuda y los servicios esenciales.
Los senadores considerarán un proyecto descargado de la Comisión de Hacienda al que se le presentarán 10 principios de política pública propuestos por el presidente del cuerpo, José Luis Dalmau, que además de atender el tema de las pensiones abarcan el financiamiento de entidades como los municipios y la Universidad de Puerto Rico. Asimismo, las enmiendas que Dalmau presentó al caucus popular contienen otras iniciativas de política pública a las que no se le asignan fondos, bajo la premisa de que serán atendidos en legislación futura.
La exposición de motivos del Proyecto de la Cámara (PC) 1003, según aprobado en ese cuerpo, detalla que el plan de ajuste elaborado por la JCF reduciría el principal de la deuda por bonos del gobierno central y la Autoridad de Edificios Públicos de $18,800 millones a $7,400 millones, logrando que el servicio anual de la deuda bajara de $3,300 millones a $1,100 millones.
Asimismo, el PC 1003 crearía varias subseries de instrumentos de valor contingente, bonos que se repagarían si se exceden ciertas proyecciones de recaudos del Impuesto de Ventas y Uso o los ingresos por los arbitrios al ron exportado.
Entre las enmiendas de Dalmau, se incluye un lenguaje que dispone que las transacciones de deuda autorizadas en el proyecto “están totalmente sujetas y condicionadas” a que la JCF incorpore los reclamos de política pública en su plan fiscal. Asimismo, indica que las disposiciones que protegen las pensiones “no son separables al resto de la ley, en caso de que este artículo fuera anulado”.
La jueza Swain fijó el 8 de noviembre como la fecha de inicio de las vistas de confirmación del plan de ajuste de deuda.
Dalmau aseguró anoche, en un encuentro con la prensa, que la medida, con el lenguaje que propondría, tiene el aval de toda la delegación popular, así como de senadores penepés y el gobernador Pierluisi. Sin embargo, aceptó que el nuevo lenguaje no se ha consultado con la JCF.
