“¿Usted cree en la transparencia?”, preguntó ayer la congresista Nydia Velázquez (demócrata de Nueva York) al presidente de LUMA Energy, Wayne Stensby, luego de que no co contestara cuántos salarios en la empresa superan los $500,000 y los $200,000.
“No puedo proveer información sobre el salario de nuestros empleados”, respondió Stensby ante la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal. “Completamente”, dijo sobre si cree o no en la transparencia. “Entonces por qué se rehúsa a cumplir con la solicitud de la legislatura de Puerto Rico”, cuestionó la congresista puertorriqueña.
Velázquez no estuvo sola. La representante Rashida Tlaib (demócrata de Michigan) dijo a Stensby que al LUMA recibir más de $9,000 millones en fondos de FEMA dirigidos a restaurar el sistema eléctricto, debe considerarse que sus operaciones en Puerto Rico son de carácter público.
le recordó a Stensby que LUMA Energy pretende recibir más de $9,000 millones en fondos de FEMA para restaurar el sistema y que, con esto, debe considerarse que las operaciones de LUMA Energy en Puerto Rico son de carácter público porque están financiadas con dinero público.
Entre las respuestas de Stensby figuró que el gobierno de Puerto Rico ya tiene “supervisión sustancial” a tarvés de su contrato y varias agencias, incluyendo la Autoridad de Energía Eléctrica. Así, presionados a una pared, la empresa insistió a través de su presidente que dicha información no será divulgada.
Sobre las demoras en reparar y responder a interrupciones al servicio
A Stensby también se le cuestionó por qué está tomando más tiempo reparar interrupciones al servicio eléctrico desde que LUMA asumió la transmisión y distribución. Y es que datos de la misma compañía revelaron que en sus primeros tres meses (junio, julio y agosto de este año), la empresa demoró sobre 320 en promedio en responder y reparar, en contraste con las 155 horas que le tomó a la AEE en el mismo periodo el año pasado.
Ante esto, el ejecutivo insistió, primero, en que las condiciones de la infraestructura, ya sea de generación o transmición y distribución, son “muy retantes y precarias”. En segundo lugar, culpó a los sindicatos.
En cuanto a los celadores, se les cuestionó además cuántos son empleados y no contratistas, a lo que Stensby respondió que unos 900 empleados, pero no pudo precisar cuántos de ellos tenían experiencia con el sistema en Puerto Rico previo a trabajar con la empresa. “Seguiremos entrenando y continuaremos contratando más”, dijo el ejecutivo, enfatizando que los trabajos de reparación requerirán más personal.
Fondos de recuperación
Otro de los temas que ocupó la vista fueron las demoras en el uso de los $9,600 millones asignados a la reparación y modernización del sistema eléctrico tras el paso de los huracanes Irma y María, así como de los terremotos del 2020. La comisionada residente Jenniffer González insistió en conocer el estatus de los fondos ya que “no están siendo utilizados y una de las razones para ello es que FEMA apenas los hizo disponibles el año pasado”.
Ante esto, Stensby comentó que ya hay cerca de 65 proyectos que representan alrededor de $2,800 millones que han recibido el primer vistazo de FEMA y que les permite proceder con etapas preliminares. Unos 23 proyectos están relacionados a transmisión, 23 a distribución y 15 a subestaciones.
Con el ojo sobre la transición a energía renovable
Algunos congresistas pretendían ser más críticos sobre la transición a energía renovable en términos de que el proceso no culmine en abandonar fuentes de energía que puedan funcionar como respaldo y, por lo tanto, apostar a la resiliencia. Sin embargo, muchas de las intervenciones partían de la premisa de que la “modernización” del sistema eléctrico requiere una movida que impulse la energía renovable y considere las condiciones del calentamiento global.
Por ejemplo, el delegado de las Islas Marianas, Gregorio Sablan (D), cuestionó a Fernando Gil Enseñat, presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuáles acciones se han tomdo desde la corporación pública para asegurar que los fondos de recuperación se están utilizando para garantizar una transición a energía renovable que a su vez permita una mayor resiliencia del sistema y vaya acorde con la política pública del presidente Joe Biden.
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