La gente salió a protestar en Italia el viernes luego de que entró en vigor una de las medidas más estrictas contra el coronavirus en Europa, la cual requiere que todos los trabajadores, desde los magistrados hasta las empleadas del hogar, presenten un pase de salud para poder ingresar a sus sitios de trabajo.
Había un fuerte despliegue policial, algunas escuelas decidieron concluir las clases antes y las embajadas emitieron advertencias de posibles hechos violentos en medio de preocupaciones de que las manifestaciones contra las vacunas se tornaran violentas, como ocurrió en Roma el fin de semana pasado.
Pero al concluir el día, las protestas parecían haber sido pacíficas en gran medida, incluyendo una en el Circo Máximo del centro de Roma, donde algunos manifestantes les dieron flores a los policías en una señal de que no querían hacerles daño.
“No estamos aquí para hacer violencia ni nada por el estilo, estamos aquí porque nos están quitando nuestros derechos y ya ni siquiera podemos ir a trabajar”, se quejó la manifestante Elena Campisi.
El “Pase Verde” demuestra que el portador ya se vacunó, dio negativo en una prueba diagnóstica reciente o se recuperó de COVID-19 en los últimos seis meses. Italia ya los requería para tener acceso a todo tipo de ambientes bajo techo, como restaurantes, museos, teatros y en viajes ferroviarios largos.
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Pero el haberle añadido el ámbito laboral ha desatado acalorados debates y oposición en un país que fue epicentro del coronavirus al inicio de la pandemia, pero que ha logrado mantener a raya a la enfermedad con órdenes continuas de utilizar mascarillas y una de las tasas de vacunación más altas de Europa.
“Hoy están pisoteando nuestra Constitución”, dijo Loris Mazzarato, un manifestante antivacunas. “Yo digo ‘no’ a esta discriminación”.
Era uno de cientos de manifestantes en Trieste, donde las protestas de trabajadores portuarios amenazaban con impactar las actividades comerciales. Los manifestantes gritaban “¡Libertad!” durante una protesta en gran medida pacífica en Florencia.
La nueva norma en un país que impuso el primer confinamiento y cierre de actividades por el COVID-19 en Occidente representa una carga sobre el trabajador y el empleador por igual. Se colocaron escáneres que pueden leer los códigos QR de los teléfonos celulares con el Pase Verde en sitios con muchos empleados, como la oficina del primer ministro Mario Draghi y la sede de la compañía ferroviaria nacional, Trenitalia.
Pero en sitios laborales de menor tamaño, desde restaurantes hasta clubes de tenis, los empleadores y gerentes tenían que bajar una aplicación que puede escanear los códigos.
Las sanciones para los empleadores que no verifiquen a sus trabajadores van de 400 a 1.000 euros. Un empleado que no presente su Pase Verde en su sitio laboral es considerado ausente sin justificación; si se presenta de todas formas sin un Pase Verde válido podría enfrentar multas que van de 600 a 1.500 euros.
