Mientras las interpretaciones de la decisión del Tribunal Supremo acerca del proceso de nombramientos a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) difieren entre sí, el gobernador Pedro Pierluisi se reunirá esta semana con el componente electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) para determinar los pasos a seguir.
“Me voy a reunir con el gobernador para discutir el asunto, porque no está claro dónde comienza el proceso ahora. Ya yo hablé con la gente de Fortaleza el viernes cuando llegué a Puerto Rico y quedamos que hablaremos (hoy) para ver en qué momento de la semana nos vamos a reunir para discutir el asunto. Yo tengo mi punto de vista pero no quiero adelantar nada hasta que hablemos con el gobernador y lleguemos a un acuerdo”, sostuvo Edwin Mundo, comisionado electoral alterno del PNP.
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El pasado viernes, la mayoría del Tribunal Supremo concluyó que la disposición del Código Electoral que dejaba en manos del propio foro judicial la selección del presidente y el presidente alterno de la CEE, en caso de que el proceso de nominación y confirmación entre el gobernador y la Asamblea Legislativa fuera infructuoso, es inconstitucional porque violenta la doctrina de separación de poderes.
La controversia llegó a los tribunales mediante una demanda del presidente del Senado, José Luis Dalmau, luego de que ambos cuerpos legislativos agotaran el periodo de 15 días que les confirió la ley electoral sin que hubieran atendido las designaciones de los jueces Jorge Rivera Rueda y Edgar Figueroa Vázquez a la presidencia y presidencia alterna del organismo electoral, respectivamente.
“Se están revisando las disposiciones legales de la decisión del Tribunal Supremo. El gobernador actuará en su momento para asegurar que la Comisión Estatal de Elecciones cumpla con su misión”, indicó la secretaria de prensa de La Fortaleza, Sheila Angleró, en declaraciones escritas.
Para el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Torres Cruz, no hay dudas de que, a base de la determinación del máximo foro judicial, el proceso regresa a las ramas políticas, donde el gobernador Pierluisi tendría 15 días, a partir de hoy, para someter sus designaciones a la Asamblea Legislativa.
Torres Cruz, incluso, opinó que Pierluisi podría renominar a Rivera Rueda y Figueroa Vázquez, si así lo deseara, toda vez que sus nombramientos no fueron rechazados en una votación del pleno de alguno de los cuerpos legislativos.
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El Código Electoral estipula que, si en primera instancia los comisionados electorales de los partidos no alcanzan un consenso sobre la jefatura de la CEE, el gobernador de turno tiene hasta 15 días para realizar una nominación a la Asamblea Legislativa y cada cámara, otro periodo de 15 días para confirmarlo con un voto afirmativo de dos terceras partes, antes de que el proceso pasara al Tribunal Supremo, disposición que ahora quedaría derogada.
“La sentencia dice cuatro cosas: que es inconstitucional la porción donde el Tribunal Supremo interviene; que el resto del Código no se tocó (y) se sostiene su constitucionalidad; que los (presidentes) que están se quedan hasta que el próximo juramente; y que queda en manos del gobernador y las cámaras la nominación y confirmación”, expresó Torres Cruz.
Bajo su interpretación, dijo el abogado, los respectivos términos de 15 días para que el gobernador y la Legislatura actúen se mantendrían vigentes, un elemento que, en su intervención como parte del caso, había solicitado que igualmente se anulara.
“Hubiese sido lógico declararlo inconstitucional”, subrayó Torres Cruz.
Para el profesor de Derecho Constitucional Carlos Ramos, la preocupación principal del Tribunal Supremo en la controversia era su propia intervención en la selección de la jefatura de la CEE, asunto que quedó claramente resuelto el pasado viernes.
Producto de su revisión inicial de la opinión del tribunal, “los términos, salvo en lo concerniente a los jueces y juezas (del Supremo), permanecen en pie. Admito que hay quien podría interpretar que esto hay que repensar el articulado completo para despejar toda duda, y alterar el asunto de los términos”, planteó Ramos, al recordar que la decisión del Supremo todavía podría ser objeto de alguna solicitud de reconsideración, posponiendo la resolución definitiva del caso.
El inciso (3) del artículo 3.7 del Código Electoral es el que dispone, en un inicio, un periodo de 30 días para que los comisionados electorales lleguen a un acuerdo cuando surgen vacantes en la presidencia o la presidencia alterna, seguido del término de 15 días para que el gobernador presente las nominaciones y el segundo periodo de 15 días para que la Legislatura brinde su consentimiento, así como que el Tribunal Supremo intervendría en una tercera etapa, de ser necesario.
“En cuanto al procedimiento (la opinión mayoritaria del Supremo) no es completamente claro cuál es. He escuchado distintas interpretaciones. Algunos piensan que debe comenzar desde el principio, que es que la comisionada del PNP (Vanessa Santo Domingo) presente nombres, y comenzamos la primera etapa del proceso. Otros han señalado que debe ser el gobernador quien nomine”, dijo, por su parte, Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
Aponte sostuvo que otra posible interpretación sería que únicamente el Senado tiene el poder de consentimiento sobre los nombramientos, dejando fuera a la Cámara de Representantes del proceso.
“De lo que no hay duda alguna es que debe comenzarse lo antes posible. Por otro lado, esta determinación es ejemplo de que hay que sentarse ya en la Legislatura a discutir una nueva ley electoral. Son tantos los ejemplos del fracaso y los peligros de ese Código Electoral que hay que sentarse ya”, añadió el comisionado del PIP, quien coincidió en que un periodo de hasta 15 días para evaluar legislativamente a los nominados es demasiado corto.
En la opinión del Supremo, de la autoría del juez asociado Rafael Martínez Torres, se establece que, de momento, la CEE no enfrenta ningún “problema” en la “administración” del organismo, puesto que el presidente Francisco Rosado Colomer, y su alterna, Jessika Padilla Rivera –cuyos términos vencieron el 30 de junio–, pueden permanecer en los cargos hasta que se escojan sus reemplazos.
Torres Cruz recordó que los nominados a cualquiera de los cargos requerirían, como mínimo, apoyo de las delegaciones del PNP y el PPD para lograr el aval de dos terceras partes en ambas cámaras. Asimismo, recalcó que Pierluisi está obligado a actuar, pues a Rosado Colomer se le vence en 2023 su nombramiento como juez superior, que es requisito para ocupar la presidencia de la CEE.
“Si somos prácticos, en el orden práctico de las cosas, esto amerita dos cosas, a mi juicio. Uno, que inmediatamente las ramas políticas, el gobernador y la rama legislativa, actúen dentro de los términos que establece la ley, como si todo empezase de nuevo, y logren un acuerdo, que ojalá tome en consideración a la totalidad de la Legislatura y no solo al bipartidismo. Pero si por alguna razón subsisten dudas constitucionales, por ejemplo, si en efecto se van a paralizar los términos, lo que urge es pensar seriamente cuál es el mecanismo nuevo que vamos a acordar y cuáles son los nuevos términos, precisamente para evitar otro conflicto constitucional”, puntualizó Ramos.
Para el constitucionalista, además, la decisión del Tribunal Supremo abre la puerta para que en un futuro se cuestione si los comisionados electorales deben mantener la facultad de nombrar al presidente y presidente alterno de la CEE en primera instancia, o si es un poder que compete exclusivamente al gobernador y la Legislatura.
