La organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch denunció el martes que el gobierno de Cuba respondió a las protestas callejeras de julio pasado con “detenciones arbitrarias, maltratos contra detenidos y procesos penales abusivos”.
“El gobierno respondió desplegando una brutal estrategia de represión destinada a infundir miedo entre la población y reprimir el disenso”, dijo Juan Pappier, investigador para las Américas de HRW y autor de un nuevo informe sobre Cuba. “Los patrones en estos abusos demuestran que claramente no se tratan del resultado de conductas abusivas de unos pocos oficiales”.
El informe en el que HRW describió a las protestas como “abrumadoramente pacíficas” fue presentado en Miami, conocida como la cuna del exilio cubano, a 100 días de las manifestaciones en la isla.
La organización, que no tiene presencia física o legal en la isla, dijo que entrevistó a más de 150 personas, entre ellas activistas, víctimas, familiares, periodistas y abogados; consultó documentos judiciales, multas a los manifestantes, artículos periodísticos y publicaciones de organizaciones de derechos humanos de la isla y corroboró también videos y fotos.
De los 130 casos documentados por HRW las autoridades sólo acusaron a un puñado de detenidos de participar en actos violentos, la mayoría de ellos por arrojar piedras, dijo la organización.
La isla de 11 millones de habitantes tuvo unas inusuales marchas el 11 y 12 de julio en las que miles de personas salieron a las calles en varios puntos del país con demandas tan diversas como el hartazgo ante las carencias materiales, pasando por las quejas de los apagones y hasta pedidos de cambio de gobierno.
De acuerdo con el informe de HRW, “los patrones consistentes y reiterados de abusos por parte de múltiples fuerzas de seguridad” en diferentes áreas de Cuba sugieren “de manera sólida que estas violaciones de derechos humanos responden a un plan deliberado de las autoridades cubanas para suprimir y reprimir las protestas”.
En Cuba, “el protestar pacíficamente constituye un delito, no un derecho”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización, en una conferencia de prensa. “Todo indica que la intención (de las autoridades) fue cortar todo esto”, agregó refiriéndose a las manifestaciones.
Fueron las manifestaciones contra el gobierno cubano más concurridas en décadas, a las que las autoridades calificaron como una campaña promovida por sus detractores desde afuera de la isla, especialmente desde Estados Unidos, a través de las redes sociales para destruir al gobierno.
Cuba vive una de sus peores crisis económicas que se ha visto agravada por la pandemia de COVID-19 y las consecuencias de las sanciones de Estados Unidos en busca de presionar un cambio de modelo político en la isla.
De acuerdo con HRW, cientos de manifestantes fueron detenidos durante las protestas, entre ellos artistas, críticos y opositores. El gobierno cubano sólo ha ofrecido información acerca de algunos juicios, pero no ha dado detalles de cuántas personas fueron arrestadas. Familiares y amigos de cubanos arrestados han denunciado que las autoridades judiciales realizaron procesos sumarios contra los manifestantes.
Las autoridades de la isla han sido fuertemente criticadas por organizaciones internacionales y otros gobiernos por la respuesta contra los manifestantes. Asimismo, el gobierno convocó a sus simpatizantes a las calles para que lo apoyaran con manifestaciones en esos días o actos en jornadas posteriores.
Días después de las protestas, el canciller Bruno Rodríguez dijo que las detenciones se ajustaban a la ley y negó la existencia de desaparecidos o no identificados entre los detenidos, menores de edad presos -el límite mínimo es de 16 años en la isla- o que se sometiera a torturas a alguien, como denunciaban algunos mensajes en las redes sociales.
De acuerdo con HRW, la gran mayoría de los detenidos eran ciudadanos y transeúntes, muchos de ellos “fueron sometidos a abusos brutales durante su detención” y decenas enfrentaron juicios que violaron las garantías del debido proceso.
Funcionarios del Tribunal Supremo aclararon que los delitos imputados -sobre todo desacato o desorden público- tienen permitido por ley la realización de juicios rápidos. Las autoridades de la isla informaron que una persona murió.
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Entre los funcionarios implicados en esos abusos, HRW menciona a miembros de los servicios de inteligencia, las fuerzas militares, la policía nacional y los integrantes de la brigada especial del Ministerio del Interior conocida como “boinas negras”. Además, indica, algunos grupos civiles organizados por el gobierno -conocidos como brigadas de respuesta rápida- estuvieron implicados en golpizas, mientras que jueces y fiscales “facilitaron procesos penales abusivos y participaron en ellos”.
En la mayoría de los casos los detenidos estuvieron incomunicados por varios días o semanas, fueron arrestados con violencia y a veces también recibieron malos tratos estando detenidos, según el informe. Algunas víctimas, señala, “fueron obligadas a hacer sentadillas desnudas, privadas del sueño, golpeadas brutalmente o encerradas en celdas sin luz natural… a otras se las amenazó con represalias contra ellas o sus familiares”.
