Tras la determinación de la Oficina de Administración de Tribunales de archivar las querellas contra las juezas Sonya Nieves Cordero e Ingrid Alvarado Rodríguez, quienes atendieron las peticiones de protección de Andrea Ruiz Costas contra su agresor, familiares de Ruiz Costas reaccioaron.
“La OAT ha contestado nuestra querella ética contra las juezas Sonya Nieves e Ingrid Alvarado. Indican que carecen de la facultad para intervenir en el ejercicio de la discreción judicial. Evidentemente el sistema está diseñado para protegerles bajo la sombrilla de la “discreción judicial”. Nos tiene que rendir cuentas a la familia y al país. Claramente se lee que hay espacio para mejorar. Eso es obvio. Sin embargo, las juezas salieron incólumes-sin consecuencia alguna- pero su reputación está manchada para siempre. Ni el esperado informe del Supremo ni esta respuesta son una rendición de cuentas. Nos siguen dando la espalda. Asuman su responsabilidad. Repitan su nombre: Andrea Cristina Ruiz Costas”, dijo Rebeca Noriega, prima hermana de Andrea Ruiz Costas en declaraciones escritas.
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El director administrativo de los Tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa, informó que la Oficina de Asuntos Legales concluyó que “no se cumple con el estándar de prueba legal que se requiere para instar un procedimiento disciplinario” contra las juezas Sonya Nieves Cordero e Ingrid Alvarado Rodríguez, quienes atendieron las peticiones de protección de Andrea Ruiz Costas contra su agresor.
Según declaraciones escritas de la Oficina de Administración de Tribunales, Steidel Figueroa ordenó el archivo de las quejas presentadas en las que se alega que las referidas juezas violentaron los Cánones de Ética Judicial durante las vistas en las que Ruiz Costas figuró como solicitante de una orden de protección y testigo del ministerio público, contra Miguel Ocasio Santiago, su presunto asesino.
La determinación se le notificó a ambas juezas municipales y a Olga Costas Rodríguez, quien había presentado una queja que dio curso a una investigación que se consolidó con otra que ya había iniciado sobre este asunto.
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“Destacamos que el alcance de la investigación disciplinaria que se condujo es limitado, pues la Oficina de Administración de los Tribunales no tiene facultad para pasar juicio sobre la corrección o no de un dictamen judicial, en sustitución de los mecanismos de revisión que provee el ordenamiento jurídico. Nuestro sistema legal establece mecanismos independientes para revisar la corrección de esos dictámenes, lo cual ocurre ante los correspondientes foros judiciales y no en el ámbito disciplinario. Así pues, una decisión errónea de un juez o jueza, sin más, ya sea al apreciar la prueba o al conceder o rechazar un remedio, no es base adecuada para un proceso disciplinario. Tales decisiones solo pueden ser cuestionadas mediante los trámites procesales apelativos que establece la ley”, lee la misiva dirigida a Costas Rodríguez.
La carta explica que, desde el punto de vista disciplinario, la evidencia apunta a que ambas juezas atendieron los reclamos de Andrea Ruiz Costas y tomaron sus determinaciones, sin que exista evidencia de que hayan actuado movidas por factores ajenos al proceso o a su interpretación de la prueba y del derecho aplicable a los hechos. Asimismo, la investigación reveló que los componentes de la Sala Especializada de Violencia Doméstica se activaron para ofrecer distintos servicios y apoyo, incluyendo la disponibilidad de albergues de protección y asistencia durante los procesos judiciales.
Ruiz Costas fue asesinada el pasado 29 de abril y su cuerpo encontrado por las autoridades en la carretera 184 del barrio Guavate en Cayey. Su presunto asesino, Miguel Ocasio Santiago, se suicidó en la cárcel de Bayamón donde se encontraba sumariado en espera de juicio.
