La Federación de Alcaldes y el propio Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) rechazaron hoy la resolución conjunta del Senado 153 que busca establecer, por un término de 120 días, un plan de incentivos para el pago de deuda por concepto de contribución sobre la propiedad mueble e inmueble adeudadas al CRIM.
La resolución fue discutida hoy por la Comisión de Asuntos Municipales y de Vivienda, que preside la senadora Migdalia González Arroyo.
Para analizar la medida, la Comisión citó a deponer al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), a la Asociación de Alcaldes, a la Federación de Alcaldes y a la Liga de Ciudades.
La Federación de Alcaldes, mediante ponencia escrita expresó que no endosa la medida, ya que “los tributos sobre la contribución sobre la propiedad mueble e inmueble le pertenecen a los municipios salvo la porción destinada al Fondo de Redención de deuda del 1.03%. La imposición recomendada en esta medida atenta con la propia legislación recogida en el Libro VII de la Ley del Código Municipal de Puerto Rico”.
Asimismo, el director ejecutivo de la Federación, José E. Velázquez Ruiz, enfatizó que “lo que busca esta resolución es crear una amnistía con el propósito de crear un beneficio al Gobierno Central sobre unos tributos que no le corresponde. Bajo la fórmala de recaudos recogidos en los procesos de participación de fondos relacionados con la propiedad mueble e inmueble el Gobierno Central no tiene derecho legal alguno en poder participar en los recaudos generados en una amnistía”.
Otra de las agencias que no endosa la pieza legislativa es el CRIM. Durante su alocución el licenciado Alexis Miguel Colón, en representación al director ejecutivo del CRIM, manifestó que la agencia se “encuentra en un proceso de evaluación y revisión de las cuentas por cobrar morosas, como parte de los objetivos establecidos en el Plan Fiscal Certificado por la Junta de Supervisión Fiscal”.
“El CRIM no puede avalar una resolución que disponga la transferencia de fondos al Gobierno Central, de la magnitud aquí establecida ya que estaría disponiendo de dinero que debería llegar directamente a los municipios”, acentuó el licenciado Colón.
Mientras que la OGP, no asumió una postura en cuanto a la medida, y reiteraron una deferencia a la opinión que diera el CRIM, los gobiernos municipales y las entidades que los representan, Federación de Alcaldes y la Asociación de Alcaldes. “Conforme su autonomía administrativa y fiscal y sus facultades en ley, entendemos que le correspondería al CRIM determinar la viabilidad del descuento propuesto en la medida bajo estudio”, enfatizó Roberto Rivera quien estuvo en representación del Director de OPG.
La Asociación de Alcaldes y la Liga de Ciudades, se excusaron de la audiencia pública.
“No estuve totalmente satisfecha con las contestaciones que me ofrecieron… Ciertamente los municipios han perdido mucho dinero y necesitan traer dinero para poder continuar dando los servicios esenciales. Así que nosotros todo lo que sea para contribuir a los municipios y que ellos puedan seguir brindando los servicios a la ciudadanía lo vamos a tener en consideración. Si es el proyecto que esta auscultando el CRIM imponer, que bueno; si es la Resolución Conjunta del Senado 153, pues que bueno. Pero hay que buscar alternativas para que ellos puedan seguir brindado los servicios”, enfatizó la senadora.
La senadora González Arroyo, solicitó un sinnúmero de información al representante del CRIM; una vez ellos sometan la misma y sea evaluada por la legisladora, ella determinará si hace una vista pública adicional o genera el informe final sobre la medida.
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