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Presidenta UPR apoya proyecto del Plan de Ajuste de Deuda

Según Olavarría, el PC 1003 permite que se detengan los recortes a la institución, aunque reconoció que la asignación de $500 millones “no son suficientes”.

La presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Mayra Olavarría Cruz, instó a la Asamblea Legislativa a dar paso al Proyecto de la Cámara (PC) 1003, al entender que, mediante las asignaciones anuales de $500 millones, brindaría un grado de estabilidad a la institución de la que actualmente carece debido a los recortes contenidos en el plan fiscal certificado por la JCF.

Olavarría Cruz y su grupo de trabajo se reunieron con el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, mientras en el lado norte del Capitolio cientos de manifestantes protestaban contra las disposiciones del PC 1003, incluyendo a los sectores estudiantil, docente y no docente de la UPR, que sostienen que la medida perpetuaría la precariedad de la institución académica.

“Está claro que no son suficientes, pero suman y congelan los recortes que la Junta de Supervisión Fiscal había determinado […] Al congelarlos nos da cierta estabilidad para nosotros seguir con la agenda de transformación académica, investigativa y seguir llevando la Universidad a otro nivel”, dijo Olavarría Cruz, al detallar que el plan fiscal vigente dispone que la UPR recibiría unos $384 millones del fondo general para el año fiscal 2023, además de los fondos especiales que se asignan a través de resoluciones conjuntas.

¿Usted quiere que se apruebe la medida tal como está?, se le preguntó a la presidenta interina.

“Claro. Si nos pudieran dar más lo vamos a recibir, pero en este momento en la posición que nos han colocado es que sí (apoyamos el PC 1003)”, dijo Olavarría Cruz, quien, más temprano este mes, cabildeó junto a rectores para que el presupuesto exigido en el PC 1003 se elevara a $650 millones.

Otros sectores universitarios han planteado que a la UPR se le deben garantizar al menos $800 millones anuales para hacer sostenible su funcionamiento.

La funcionaria precisó que el motivo de la reunión era aclarar las implicaciones del lenguaje contenido en el PC 1003 luego de introducírsele enmiendas a petición de la Junta de Control Fiscal (JCF).

Específicamente, Olavarría Cruz quería garantías de que los $500 millones a los que alude el proyecto excluyen las asignaciones especiales, que provienen de fuentes como la lotería electrónica y los impuestos a los casinos.

Según Olavarría Cruz, Hernández aseguró que los fondos especiales se continuarían asignando junto al presupuesto mínimo de $500 millones.

Partiendo de los recaudos actuales, Olavarría Cruz estimó que la UPR recibiría unos $650 millones del gobierno central.

Contrario a lo que Hernández dio a entender más temprano esta semana, sin embargo, Olavarría Cruz señaló que la JCF deberá enmendar el plan fiscal de la UPR para acomodar la asignación fija de $500 millones hasta el 2027.

“Primero se hace el plan fiscal del gobierno, luego se hace el de la Universidad, así que estaremos añadiendo y sumando esos $500 millones sin recortes. Entiendo que sí (se enmendaría el plan fiscal). El plan fiscal se revisa todos los años. La Junta hizo un compromiso con la Legislatura”, dijo Olavarría Cruz, al referirse a la carta que emitió hace una semana el organismo fiscal, donde accedían, entre otras cosas, a que la UPR reciba una asignación de $500 millones por cinco años.

En el día de hoy, tanto la mayoría senatorial del Partido Popular Democrático como la delegación del Partido Nuevo Progresista sostuvieron respectivos caucus para discutir el PC 1003. Legisladores de ambos partidos han expresado reservas con el lenguaje del informe de conferencia del PC 1003 que ya fue aprobado en la Cámara baja que, hasta el momento, han impedido que la medida alcance el apoyo de los 14 senadores que se requiere para que avance a La Fortaleza.

El gobernador Pedro Pierluisi, quien citó a los senadores hoy a la Mansión Ejecutiva, ha expresado su apoyo al lenguaje del proyecto, principalmente porque entiende que brinda suficientes protecciones a las pensiones, argumento que muchos senadores ponen en duda.

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