El Senado aprobó esta noche el informe de conferencia del Proyecto de la Cámara (PC 1003), con lo que –ante la anticipación de que la Cámara de Representantes haga lo propio y el gobernador Pedro Pierluisi la firme– se estaría dando paso a la emisión de bonos que requiere el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) del gobierno central.
La medida recibió el mínimo necesario de 14 votos a favor de senadores del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP), contra 13 votos en contra distribuidos entre todas las delegaciones.
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El novoprogresista Gregorio Matías, quien se había expresado en contra de la medida a lo largo del proceso, resultó ser el voto decisivo a favor del PC 1003.
Entre los populares, los seis senadores que votaron a favor fueron el presidente del Senado, José Luis Dalmau; la vicepresidenta, Marially González; Juan Zaragoza; Javier Aponte Dalmau; Gretchen Hau; y Albert Torres. Por el PNP, los votos provinieron de Thomas Rivera Schatz, Carmelo Ríos, Matías, Keren Riquelme, Marissa Jiménez, Migdalia Padilla, Nitza Morán y Wandy Soto.
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La versión del PC 1003 que se aprobó en el comité de conferencia legislativo, sin embargo, no cuenta con el aval de la Junta de Control Fiscal (JCF), que ha insistido en que la protección de las pensiones públicas excluya los beneficios futuros de los empleados activos.
“Si la Junta no está de acuerdo con esa herramienta que logramos aprobar, la Asamblea Legislativa irá al proceso de mediación que tiene hasta el día 2 de noviembre para entonces la magistrada (Barbara Houser, encargada de la mediación) notificarle a la juez (Laura Taylor) Swain si ha llegado a algún acuerdo de mediación en torno a estos lenguajes y este proyecto”, dijo Dalmau en una conferencia posterior a la votación, en la que estuvo acompañado por la vicepresidenta González, Rivera Schatz, Aponte Dalmau y Riquelme.
“Hoy se demostró que hay que unir voluntades para lograr propósitos más allá de los ideales políticos. Hoy se cumple también otro de los requisitos de la Ley Promesa para sacar a Puerto Rico de la quiebra y comenzar el conteo regresivo también de la Junta de Supervisión Fiscal”, añadió Dalmau.
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“Todos los que estamos aquí tenemos un rechazo a la Junta de Control Fiscal, a sus imposiciones que desde que llegó a Puerto Rico hace cinco años ha querido estar quitando derechos a los trabajadores, el bono de Navidad, la seguridad de desempleo a los trabajadores del sector privado, entre muchas otras cosas”, indicó Rivera Schatz, al anticipar que el primer ejecutivo firmará la medida tan pronto llegue a su despacho.
El PC 1003 avalado hoy contiene tres cambios respecto al primer informe de conferencia, que fue aprobado en la Cámara baja pero no se llevó a votación en el Senado.
En síntesis, la nueva versión eliminó un paréntesis –impulsado por la JCF– que aclaraba que la protección de las pensiones no impactaba la congelación de beneficios futuros; dispuso que la emisión de bonos autorizada queda sin efecto si el PAD propuesto contiene un recorte a las pensiones; y reintroduce a la parte dispositiva de la medida varios objetivos de política pública.
Los objetivos de política pública –que están “sujetos a la disponibilidad de fondos”, según la medida– son la creación de un “Fondo Fiduciario de Becas Universitarias”, “apoyar planes médicos razonables” a los empleados del gobierno central, la creación del “Fondo Especial para la Igualdad Social”, “endosar la creación del Fondo de Inversión Estratégico para el Desarrollo Económico” y formar un grupo de trabajo entre las ramas ejecutiva y legislativa que desarrolle prácticas conducentes a evitar el endeudamiento excesivo a futuro.
La medida mantiene las asignaciones anuales de $500 millones para la Universidad de Puerto Rico hasta el 2027 y la creación del Fondo Extraordinario que allegaría dinero para que los municipios lleven a cabo tareas como recogido de basura, remoción de escombros e implementación de programas de reciclaje. En el caso del Fondo Extraordinario, el dinero se asignaría mediante una fórmula y estaría sujeto a que Puerto Rico reciba fondos de Medicaid en exceso de las proyecciones actuales del plan fiscal.
Ayer, en una vista urgente convocada por la jueza Swain, quien preside el caso de quiebra del gobierno central, la JCF estipuló que la congelación de beneficios futuros de pensiones para el Sistema de Retiro de Maestros y el Sistema de Retiro de la Judicatura, así como posibles ajustes por costo de vida a todos los empleados públicos, era una parte esencial del PC 1003. La directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, tildó como “píldoras venenosas” los cambios que los líderes legislativos del PPD y el PNP habían acordado el pasado domingo con respecto a las pensiones.
Con el lenguaje avalado hoy en la Asamblea Legislativa, dijo ayer Jaresko, “se podría argumentar” que, aun si Swain avalara un PAD que congelara las pensiones de beneficio definido, la legislación se anularía automáticamente por considerarse recortes a las pensiones y, consiguientemente, evitaría que se emitieran los bonos reestructurados.
En la vista urgente, tanto el presidente del Senado, Dalmau, como su homólogo de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, adelantaron que se proponían llevar hoy a votación el segundo informe de conferencia del PC 1003, al tiempo que Pierluisi sostuvo que era “probable” que firmara la medida si llegaba a su escritorio.
Swain, quien se negó a posponer las vistas de confirmación del PAD programadas para arrancar el 8 de noviembre, ordenó que Pierluisi, Dalmau y Hernández entraran en un proceso de mediación confidencial con la JCF para zanjar las diferencias de política pública que pudieran prevalecer luego de aprobada la ley habilitadora.
Más temprano en la tarde, durante los turnos iniciales de la sesión senatorial, los portavoces de las delegaciones de minoría recalcaron su rechazo al contenido del PC 1003, así como al trámite procesal que ha seguido la medida.
Los cuatro senadores de las delegaciones del Movimiento Victoria Ciudadana, Partido Independentista Puertorriqueño y Proyecto Dignidad, al igual que el independiente José Vargas Vidot, se han opuesto desde el inicio a la legislación.
En el PNP, William Villafañe y Henry Neumann se opusieron al proyecto, al igual que los populares Ramón Ruiz Nieves, Elizabeth Rosa, Migdalia González, Ada García Montes, Rosimar Trujillo y Rubén Soto.
