El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago dijo el martes, que no conoce si tiene los votos para aprobar un segundo informe de conferencia -de producirse- en relación con el Proyecto de la Cámara 1003 sobre el Plan de Ajuste de Deuda (PDA).
“Estamos trabajando en eso desde hace una semana. El 6 de octubre, nosotros aprobamos una medida con 19 votos, luego hace dos domingos en una reunión con la Junta de Supervisión Fiscal, se trabajó otro lenguaje que hizo que se retiraran parte de esos votos. En el fin de semana continuaron las comunicaciones, las conversaciones, se logró un lenguaje aceptado por la mayoría de los legisladores. Hoy sabremos”, dijo Dalmau Santiago en entrevista radial. (NotiUno 630)
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“Ese es el que estamos trabajando, el acuerdo que llegamos el fin de semana”, añadió.
Sobre el proceso de aprobación del Proyecto 1003, explicó que la Cámara de Representantes tendría que retirar el primer informe de conferencia y aprobar un segundo informe que pudiera ser aprobado en la Cámara alta.
“Si tenemos los votos deberíamos aprobarlo hoy. Si no tiene los votos no voy a bajarla al Hemiciclo”, expuso Dalmau Santiago.
El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), David Skeel insistió en que la entidad creada bajo la ley Promesa solo aceptará el Proyecto de la Cámara 1003 que se aprobó en la Cámara baja.
En ese sentido, hizo un llamado al Senado a aprobar el Proyecto 1003 en el primer informe de conferencia que no tuvo los votos en la Cámara alta.
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“La Junta de Supervisión exhorta al Senado a aprobar -y al Gobernador a firmar- el Proyecto 1003 de la Cámara de Representantes que contiene estos términos.
Aprobar el Proyecto de Ley con cambios que crean ambigüedades o nuevas obligaciones le imposibilitará a la Junta de Supervisión dar su consentimiento”, dijo Skeel en declaraciones escritas.
“La Junta de Supervisión espera que el Senado aproveche esta oportunidad para permitir que el Gobierno salga de la quiebra y lleve a cabo las nuevas inversiones y el crecimiento que suelen producirse cuando finalizan las quiebras del sector publico”, añadió.
La jueza federal Laura Taylor Swain denegó la solicitud de la Junta de Control Fiscal para aplazar la vista de confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) y ordenó un proceso de mediación.
Se supone que el 7 de noviembre es la fecha establecida en el calendario de la jueza Taylor Swain para atender el PAD.
“No voy a cambiar la fecha. El gobierno tendrá que decidir si se reserva sus derechos como consecuencia del resultado del proceso legislativo. Voy a establecer el calendario (de mediación) que ya discutí con la jueza (Barbara) Houser para el 2 de noviembre. En ese momento, la jueza Houser me indicara si podemos continuar con el proceso establecido”, dijo la jueza Taylor Swain durante la vista citada de emergencia con los integrantes de la Junta Fiscal, el gobernador, los presidentes legislativos y los abogados de los acreedores.
“Le ordeno a la Junta que no cree ‘un corto circuito’ en el proceso retirando en este momento el PAD hasta tanto la jueza Houser se dirija a la corte”, añadió.
“El dos de noviembre a las cinco de la tarde, la jueza Houser le dirá a la corte si ella cree que la vista de confirmación del PAD puede realizarse según el calendario. Si ella dice que no se puede realizar el proceso conforme al calendario, la Junta Fiscal deberá presentar una moción no más tarde del cuatro de noviembre a las dos de la tarde que deje saber si el PAD puede aprobarse sin legislación y cuánto tiempo tomaría un plan presentar un plan alterno. Pero si la Junta no puede producir en el futuro cercano un PAD que sea confirmable, deberá informar la Junta si va a solicitar que se desestime el caso de Titulo 3 y la corte se decidirá si le pide a las partes mostrar causa sobre si esa solicitud debe concederse o no”, sostuvo la jueza.
La determinación de la jueza se dio luego que la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, así como los abogados de la JCF establecieran que sería una pérdida de tiempo continuar el dialogo con la Legislatura y prefieren que se le permita aprobar un PAD que no requiera aprobación del Gobierno de Puerto Rico.
“Llevamos dos meses hablando de buena fe, en los cuales la Junta ha accedido a todas las peticiones hechas por los legisladores, pero todavía no se ha producido un proyecto de ley adecuado. No hay ninguna razón para creer que en los próximos dias se producirá una legislación adecuada para la Junta. Las enmiendas propuestas al Proyecto de la Cámara 1003 contienen al menos dos asuntos que hacen que la medida no sea adecuada. Primero, las enmiendas incluyen “una píldora venenosa” en el lenguaje. Y es que establecen como una condición que no haya recorte a las pensiones. A pesar que estamos de acuerdo en que no haya modificaciones en las pensiones, estamos seguros que el tribunal no va a encontrar aceptable ese lenguaje… Por eso es que le pedimos que permita una posposición de al menos 72 horas que nos de espacio para presentar un nuevo PAD. Si no se nos permite ese plazo, la Junta esta preparada para retirar el PAD”, expresó Jaresko.
La propuesta de un PAD que no requiera legislación fue rechazada por el abogado de la Coalición de Deuda Legítima, Susheel Kirpalani.
“Nosotros llegamos a un acuerdo con la Junta y era que el PAD tiene que incluir legislación. La Junta Fiscal y el gobierno tienen que resolver sus diferencias, ninguno de los dos debe poner en riesgo lo que hasta ahora se ha conseguido”, sostuvo el abogado.
Al principio de la reunión, la jueza Taylor Swain dejó saber que el tiempo para aprobar el PAD se acaba.
“Cientos de millones de dólares del pueblo de Puerto Rico y probablemente decenas de millones de horas de tiempo de esta corte, los equipos de mediación y las partes en el proceso se han invertido para llegar a la parte en la que nos encontramos, que por la falta de votos suficientes en el Senado que no están de acuerdo con el lenguaje aprobado en la Cámara de Representantes parece ser el obstáculo principal para que el PAD llegue a esta corte”, dijo la jueza.
“Voy a ser honesta con ustedes, se me está acabando la paciencia y estoy convencida de que seguir dilatando esto no ayuda a Puerto Rico. Ninguno de nosotros tiene disponible 4 o 5 años más para hacer esto otra vez y menos el pueblo de Puerto Rico”, expresó la jueza.
La jueza advirtió que la consecuencia de desestimar el caso sería que la Junta Fiscal permanecería en Puerto Rico pero, además, los acreedores comenzarían a presionar para cobrar la cantidad adeudada.
