Luego que la venta y distribución del gas licuado en la Isla quedara en manos de solo dos empresas- Empire Gas y Tropigas-, la Comisión de Asuntos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros de la Cámara, la representante Estrella Martínez busca a través del proyecto de la Cámara 899, crear la “Ley para la Fiscalización de la Industria del Gas Licuado del Petróleo, en Protección de los Consumidores”.
La empresas se quedaron con el mercado tras la salida en 2019 de la empresa Puma y actualmente Empire Gas controla el 75% del mercado y Tropigas el 25%.
“Esto es de suma preocupación, pues dicha constitución del mercado provee las condiciones para que se genere un monopolio, se establezcan precios arbitrariamente, y se vulneren los derechos de los consumidores, a juicio de la legisladora y de conocedores de la industria”, expuso la legisladora en una vista pública celebrada hoy.
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“Recordemos que ya la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, después de una extensa investigación y revisión de documentos, determinó que una de las empresas mayoristas de gas licuado estaba incurriendo en prácticas ilícitas de discrimen en precios”, señaló.
Ante la situación, indicó que la legislación busca “que los consumidores reciban un trato justo y no sean víctima de conductas leoninas, sobre todo en tiempos de crisis como lo ha representado la pandemia de Covid-19.
Indicó, además, que se estima que en el país unas 600,000 familias utilizan el gas para la preparación de sus alimentos diariamente.
“Durante esta pandemia, fue motivo de cobertura de los medios noticiosos el hecho de que para diciembre de 2020 el precio del gas licuado aumentó en $3.00 por tanque de cien (100) libras. Ello, sin cumplir con los procesos establecidos por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para estos asuntos. Este tipo de actos aportan a la incertidumbre que ya colmaba a los puertorriqueños a causa de los estragos económicos y la pérdida de vidas causada por la pandemia”, expresó la también legisladora por el distrito 27, que cubre Aibonito, Coamo, Juana Díaz, Salinas y Santa Isabel.
Señaló que la medida establece regulaciones importantes para el consumidor, tales como la obligación de divulgar, mediante rotulación, el precio del gas, entrega de facturas detalladas y la eliminación del discrimen de precios.
“Además, tiene el propósito de crear un marco jurídico para desvincular la intervención de las empresas importadoras de los mayoristas o venta al detal, lo que fortalece la fiscalización”, puntualizó.
El secretario Edan Rivera Rodríguez señaló en su ponencia que durante el primer semestre de este año 2021, publicó un primer informe sobre la radiografía de la industria de gas licuado en Puerto Rico titulado: “La industria del gas licuado en Puerto Rico: Análisis preliminar, con una perspectiva desde el consumidor”, donde detalló el estado de la industria, el marco normativo y las instituciones públicas involucradas en las múltiples ramificaciones que tiene. Posteriormente durante principios de este segundo semestre del año, el Departamento publicó un segundo informe donde detalló los diferentes mercados del gas licuado de petróleo en Puerto Rico, cuantificó los participantes de estos mercados y realizó referidos al Departamento de Justicia. Por su parte, Jaime Lafuente González, comisionado del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos, endosó la medida PC899, sujeto al análisis que realize el Departamento de Justicia.
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