El gobierno estadounidense tenía previsto pedir el miércoles al Alto Tribunal británico que revocara la decisión de una juez de que el fundador de WikiLeaks Julian Assange no debe ser enviado a Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje.
Una juez de tribunal inferior rechazó en enero la solicitud estadounidense de extradición de Assange por delitos de espionaje en torno a la publicación de documentos militares secretos hace una década por parte de WikiLeaks.
La juez de distrito Vanessa Baraitser rechazó la extradición por motivos de salud y dijo que probablemente Assange intentaría suicidarse si era retenido en condiciones duras en una prisión estadounidense. Sin embargo, rechazó los argumentos de la defensa de que Assange es víctima de una persecución estadounidense con motivos políticos que afectaría a las protecciones de libertad de expresión, y determinó que el sistema judicial estadounidense le ofrecería un juicio justo.
Los abogados de las autoridades estadounidenses han recibido permiso para apelar. En una vista anterior cuestionaron las pruebas psiquiátricas del caso y alegaron que Assange no cumple las condiciones de estar “tan enfermo” que no puede evitar autolesionarse.
Varios manifestantes partidarios de Assange protestaron ante la Corte Real de Justicia de Londres antes de la vista, con una duración programada de dos días.
Aunque se esperaba que Assange, recluido en la Prisión Belmarsh de alta seguridad en Londres, asistiera a la vista de dos días por videoconferencia, no estaba presente cuando comenzó la sesión. Su abogado, Edward Fitzgerald, dijo que Assange “no se siente capaz de asistir al proceso”.
Los dos jueces que instruyen la apelación -incluido el juez de mayor rango de Inglaterra, Ian Burnett- darían su veredicto varias semanas más tarde.
Es probable que ese tampoco sea el final de la batalla legal, ya que el bando perdedor podría buscar una apelación ante la Corte Suprema británica.
La fiscalía estadounidense presentó 17 cargos de espionaje y uno de delito informático contra Assange por la publicación en WikiLeaks de miles de documentos militares y diplomáticos filtrados. Los cargos conllevan una pena máxima de 175 años de prisión.
Los fiscales acusan a Assange de ayudar de forma ilegal a la analista militar de inteligencia Chelsea Manning a robar despachos diplomáticos clasificados y archivos militares que WikiLeaks publicó más tarde. Los abogados de Assange afirmaron que actuaba como periodista y que tiene derecho a las protecciones de la libertad de expresión recogidas en la Primera Enmienda por publicar documentos que dejaron al descubierto malas prácticas del Ejército estadounidense en Irak y Afganistán.
Assange, de 50 años, lleva en prisión desde que fue detenido en abril de 2019 por saltarse los términos de su libertad bajo fianza en otra batalla legal. Antes de eso pasó siete años escondido en la embajada ecuatoriana en Londres, a la que huyó en 2012 para evitar su extradición a Suecia, donde estaba acusado de violación y agresión sexual.
Suecia archivó las investigaciones por delitos sexuales en noviembre de 2019 porque había pasado demasiado tiempo, pero Assange sigue en prisión. La juez que bloqueó su extradición en enero ordenó que siguiera retenido mientras se instruía cualquier apelación estadounidense, ya que el reo, que es ciudadano australiano, “tiene un incentivo para fugarse” si es liberado.
Los partidarios de WikiLeaks dicen que las declaraciones de los testigos durante la vista de extradición, sobre que Assange fue espiado cuando estaba en la embajada por una firma española de seguridad a instancias de la CIA -e incluso de que se barajó secuestrarle o asesinarle-, socavan las afirmaciones estadounidenses de que recibirá un trato justo.
Organizaciones de periodistas y grupos de derechos humanos han instado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a abandonar el proceso legal lanzado por su predecesor, Donald Trump.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, dijo que los cargos tenían motivaciones políticas y deberían retirarse.
“Es condenatorio que casi 20 años después, prácticamente ninguno de los responsables por los supuestos crímenes de guerra de Estados Unidos cometidos durante las guerras de Irak y Afganistán haya rendido cuentas, ni mucho menos haya sido procesado, y sin embargo un editor que expuso estos crímenes podría afrontar una cadena perpetua en prisión”, afirmó.
