El gobernador Pedro Pierluisi firmó anoche mismo el Proyecto de la Cámara 1003 que viabiliza una emisión de bonos reestructurados para dar paso al Plan de Ajuste de la Deuda (PAD. Sin embargo, la versión aprobada por ambos cuerpos legislativos y firmada por el Primer Ejecutivo es objetada por la Junta de Control Fiscal debido a su lenguaje.
“La reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico es esencial para lograr terminar con el proceso de quiebra y poder regresar al progreso que nuestra gente espera y merece. Llevamos más de cinco años luchando para lograr un acuerdo que nos permita cumplir con nuestras obligaciones, de forma sostenible, y al mismo tiempo nos permita tener los recursos para crecer nuestra economía y garantizar los servicios esenciales a nuestra gente”, dijo Pierluisi Urrutia en declaraciones escritas.
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La aprobación de la legislación y su firma se dio en medio de protestas por parte de grupos sindicales y una huelga en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico por las medidas de austeridad que implica.
“Aparte de la quiebra gubernamental, Puerto Rico ha tenido que sobrepasar huracanes, terremotos y una pandemia global, y aún así nuestro pueblo ha sido resiliente, se ha levantado y está preparado para un futuro de grandes logros. A pesar de grandes escollos, hoy hemos dado un gran paso hacia adelante para ponerle fin a la quiebra y salir de la Junta de Supervisión. Por eso no claudicamos en nuestras luchas para defender las pensiones de nuestros retirados, para proveer los fondos que nuestra Universidad necesita y para garantizar que nuestros municipios puedan servirle a su pueblo. Falta mucho camino por andar y no tengo duda de que estamos en la dirección correcta. Seguiremos luchando hasta que logremos reestructurar la deuda, viabilizar nuestro desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”, añadió Pierluisi en su comunidcado.
El Gobernador describió como un “gran paso hacia adelante cumpliendo con nuestra responsabilidad de tomar las decisiones, que aunque difíciles, son por el bien de Puerto Rico”. La pieza legislativa pasó con mayorías mínimas de votos de legisladores populares y novoprogresistas. Las minorías del Partido Proyecto Dignidad, Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño, así como el senador independiente, José Vargas Vidot votaron en contra. En el Senado, el voto decisivo fue el del senador novoprogresista, Gregorio Matías, quien horas antes lloraba en un programa radial por la crisis en las pensiones de los policías.
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El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), David Skeel dijo, que el ente federal evaluará si el proyecto aprobado en la Legislatura del Proyecto de la Cámara 1003 facilita el Plan de Ajuste de Deuda (PDA).
“La Junta ha dado a conocer claramente qué términos serían aceptables en la legislación necesaria para disponer sobre la emisión de los nuevos bonos de obligación general como parte del Séptimo Plan de Ajuste enmendado. La Junta de Supervisión evaluará cuidadosamente la legislación aprobada a fin de determinar si facilita la confirmación del Plan de Ajuste”, expuso Skeel en declaraciones escritas.
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El Segundo Informe de Conferencia del Proyecto de la Cámara 1003, que habilita el PDA, fue aprobado en ambas cámaras legislativas en la noche del martes.
El segundo informe establece en su exposición de motivos que “por virtud de esta Ley, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico apoya el Plan y la política pública que se expone en esta Ley, que sujeto al mandato de PROMESA de restablecer la responsabilidad fiscal en Puerto Rico y a las facultades presupuestarias de la Junta bajo PROMESA, incluye cero recortes a las pensiones de los empleados públicos retirados, a los beneficios acumulados de los empleados activos y el deseo de promover el bienestar del pueblo de Puerto Rico”.
Igualmente, indica que “en total, los acuerdos incluidos en el PAD reducen la deuda pública del Gobierno Central en aproximadamente un 50 por ciento. Es decir, la deuda pública se reduciría de aproximadamente 70 mil millones de dólares a 34 mil millones de dólares, y la deuda de bonos de Obligaciones Generales (GO) y de la Autoridad de Edificios Públicos se reduciría de 18.8 mil millones de dólares a 7.4 mil millones de dólares”.
Entre las enmiendas incluidas están asignarle fondos adicionales a la Universidad de Puerto Rico, para ser utilizados para el mejoramiento de la experiencia y el ambiente estudiantil, de modo que las asignaciones para la entidad sean en total de $500 millones anuales por un periodo de cinco años desde el año 2023 hasta el 2027. Igualmente, apoyar la creación de un Fondo Fiduciario de Becas Universitarias.
Los recintos de la UPR han estado en paro y el RUM ayer inició huelga ante la postura de los estudiantes de que $500 millones no son suficientes para operar el sistema universitario que ha sufrido recortes de sobre $400 millones en los pasados años. Los estudiantes de la UPR están pagando más caro que nunca sus créditos, pero no tienen las secciones suficientes para sus secuencias curriculares, la mitad del profesorado no cuenta con plaza, por lo que no les proveen horarios de oficina, los horarios de las bibliotecas se limitaron, la planta física está deteriorada y no cuentan con personal no docente suficiente para mantener los servicios y la planta física. La presidenta interina de la UPR, Mayra Olavarría ha dicho que los $500 millones para el presupuesto de la UPR no son suficientes, pero que sería un paso adicional en los esfuerzos para buscar opciones para el sistema.
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Sobre los municipios, el documento aprobado manifiesta el apoyo a la asignación de fondos adicionales para los municipios y la continuidad de los servicios esenciales.
“El Gobierno de Puerto Rico por la presente declara que es 1a política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el garantizar a su población el recogido y disposición eficiente de Ia basura, desperdicios sólidos, escombros, así como la implementación de programas de reciclaje para atender estos residuos, por 1o que en la medida que el Plan de Ajuste de la Deuda incluya reducciones en el monto de 1a deuda garantizada una porción de estas economías que se generarán deberán hacerse accesibles a los municipios para que puedan brindar estos servicios”, detalla el documento.
En términos de salud, la medida establece apoyo a planes médicos razonables para los empleados del gobierno central que beneficiaría a más de 60,000 trabajadores y familias puertorriqueñas. Igualmente, establece la meta de aumentar la población que tiene cubierta médica. El propósito de esta iniciativa es extender y/o facilitar el acceso a cubiertas médicas a unos 225,000 ciudadanos que hoy carecen de planes médicos.
De igual forma, favorece la creación del Fondo Especial para la Desigualdad Social. “Esta propuesta, a ser legislada próximamente, pretende combatir la pobreza y la desigualdad social”, reza la pieza legislativa, que también viabiliza “la creación del Fondo de Inversión Estratégico para el Desarrollo Económico que inyecte una inversión continua. Esta iniciativa propone la creación de un Fondo de Inversión Estratégica dividido en cuatro categorías”.
Igualmente, busca establecer un mecanismo que le permita al Gobierno de Puerto Rico adelantar los términos de pagos y cancelación de deuda después que termine la Junta bajo PROMESA. “Este mecanismo tiene el único propósito de autorizar al Gobierno de Puerto Rico a refinanciar 1os acuerdos de pagos de la deuda después que termine la Junta bajo PROMESA, con el único objetivo de acelerar o saldar los pagos acordados, de conformidad a Ia situación fiscal futura y sin afectar los servicios esenciales y prioritarios del Gobierno de Puerto Rico”.
Además, establece un grupo de trabajo conjunto entre la Rama Legislativa y la Rama Ejecutiva. Esta iniciativa tiene el objetivo de diseñar la legislación que sea necesaria para asegurar que, una vez concluya el proceso de reestructuración de la deuda pública, el Gobierno de Puerto Rico no vuelva a endeudarse sin tener los recursos económicos para cumplir sus obligaciones del pago; ni vuelvan a repetirse las prácticas indebidas de aprobar presupuestos desbalanceados, con estimados de ingresos irreales o gastos excesivos.
El domingo pasado, delegaciones de la Asamblea Legislativa y el designado secretario de Estado, Omar Marrero, en representación del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierlusi Urrutia, realizaron una reunión en busca de un acuerdo sobre el Plan de Ajuste de la Deuda, y lograron acordar un solo mensaje para presentar la legislación ante el Tribunal de Quiebras.
Tan reciente como ayer, 25 de octubre de 2021, la jueza federal Laura Taylor Swain denegó la solicitud de la JCF para aplazar la vista de confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda y ordenó un proceso de mediación. Se presume que el 7 de noviembre es la fecha establecida por la jueza Taylor Swain para atender el proyecto antes mencionado.
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