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Pierluisi no anticipa enmiendas a la Ley del Plan de Ajuste de Deuda

Según el primer ejecutivo, la Junta Fiscal tiene suficientes razones para aceptar las enmiendas al Plan de Ajuste que propuso la legislación.

Amparado en la importancia de que el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) avance a su etapa de confirmación, el gobernador Pedro Pierluisi afirmó hoy que no espera que, producto de la mediación anticipada entre el gobierno y la Junta de Control Fiscal (JCF), sea necesario enmendar la Ley 53-2021, que firmó anoche con el propósito de emitir los nuevos bonos que requiere la reestructuración propuesta.

“El proceso legislativo, fue bien arduo, tomó mucho esfuerzo. Como vieron, la votación fue bien cerrada en el Senado, en la Cámara fue un poco más amplia, y no deben perder la vista del objetivo, de la meta. La meta es que se pueda hacer la emisión de bonos. Este proyecto lo logra”, sostuvo Pierluisi.

Aunque la JCF no ha expresado su postura oficial en torno a la legislación, en la vista telefónica que celebró el lunes la jueza Laura Taylor Swain había adelantado que cualquier medida que modificara el lenguaje respecto a las pensiones del sector público no era aceptable como vehículo para autorizar la reestructuración de la deuda del gobierno central.

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A partir de las diferencias que quedaron plasmadas en esa vista, Swain ordenó que, si luego de aprobado el proyecto de ley prevalecían las diferencias entre la JCF y el gobierno electo, las partes deberían comenzar un proceso de mediación confidencial liderado por la jueza Barbara Houser.

El 2 de noviembre, Houser entregaría a Swain un informe con recomendaciones sobre si sería conveniente comenzar las vistas de confirmación del PAD 8 de ese mes, como está programado.

En la Ley 53, el gobierno requirió a la JCF que enmendara el PAD para eliminar los propuestos recortes a las pensiones del sector público de hasta 8.5% para los retirados que devenguen $1,500 mensuales o más. Además, estipuló que si el PAD mantenía los recortes, o alude a congelaciones de beneficios futuros, la Ley 53 quedaría anulada y, con ello, la autorización para emitir los bonos reestructurados, un elemento que la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, ha tildado como una “píldora venenosa”.

“Yo no arriesgaría esa emisión, pero no quiero cerrarme a la banda, pero no lo anticipo. No anticipo que aquí vayamos a tener enmiendas a lo que se aprobó anoche. Al revés, lo que anticipo es que cualquier duda que se tenga se pueda aclarar, y que se llegarán a unos acuerdos en cuanto al impacto de esta medida que se firmó ayer”, mencionó Pierluisi.

El primer ejecutivo, quien participó de la vista del pasado lunes, tomó por el lado positivo las determinaciones de Swain al impedir que, de momento, se retrasara el inicio del juicio de confirmación, así como la orden de prohibición a que la JCF retirara el PAD antes de que se completara la mediación confidencial.

“Se vio claro que la juez quiere que este caso continúe y se pueda llevar a cabo la vista de confirmación del PAD. Es el norte y aquí hay que enfocarse en lo que nos une. Sería un serio fracaso para la Junta de Supervisión Fiscal el que se desestime este caso de quiebra. Sería un terrible fracaso. De igual manera, tener que tratar de renegociar con una gran cantidad de acreedores para entonces salir peor también sería otro fracaso. Hay unos intereses comunes y aquí tanto el gobierno como la Junta lo que le conviene a ambas partes es que el proceso continúe, que el PAD se enmiende como pide la legislación que se aprobó anoche y entonces la juez tome todas las decisiones relacionadas a su confirmación”, señaló el mandatario, quien dijo que “las amenazas sobran”, en relación a las advertencias de la JCF sobre el retiro del PAD.

Convencido de la sostenibilidad

De otra parte, Pierluisi atribuyó a la falta de información los argumentos en contra de la sostenibilidad de los términos financieros del PAD, que implicaría repagos anuales de $1,150 millones de los recaudos del gobierno, sumados a cerca de $1,900 millones para el cumplimiento con las pensiones.

“Definitivamente el gobierno de Puerto Rico va a poder cumplir con sus requerimientos de pago. Tengo que admitir que parte de la razón por la cual no tengo duda que es sostenible es que el panorama ha cambiado desde el punto de vista de los fondos federales que el gobierno va a tener disponible para el programa de la tarjeta de salud”, dijo el gobernador.

“Algunos hasta se ponen a decir que para el 2030 o 2035 pudiera estar el gobierno en una situación de déficit, yo lo que les digo es que a base de la información que tengo ese no va a ser el caso. También les digo que cuando hablamos de proyecciones a más de 10, 15, 20 años son altamente especulativas. Lo importante de aquí a esas fechas, mediados de los 2030 es que el gobierno se administre bien y no volvamos a cometer los errores del pasado”, insistió Pierluisi.

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