El Senado avaló hoy, durante los trabajos de la segunda sesión ordinaria, la resolución del Senado 102 que propone que se realice una investigación sobre la implementación de la Ley 81-2020, que provee un retiro digno a los Miembros del Sistema de Rango de la Policía, los Miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos, los Miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia de Puerto Rico, y los Técnicos de Emergencias Médicas del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas y del Sistema de Emergencias Médicas Municipal, incluyendo los adscritos a las Oficinas para el Manejo de Emergencias.
“Esta resolución lo que busca es que traigamos a las agencias necesarias y pertinentes para que nos digan por qué no han implementado la Ley 81, la Junta de Supervisión Fiscal lo que ha dicho es que le indiquemos cómo vamos a implementar la Ley 81”, expresó el senador Gregorio Matías Rosario, autor de la medida.
Según se desprende de la exposición de motivos de la medida “al aprobar la Ley 81-2020 este Senado atendió la preocupación de que ocurra un éxodo masivo de servidores públicos, por lo que se incluyó un mandato legislativo al Departamento de Seguridad Pública y el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, en coordinación con el Director Ejecutivo de los Sistemas de Retiro a aprobar reglamentación necesaria para su implementación en un término de 60 días. Al cumplir con ese mandato, la reglamentación debe incluir un proceso para el retiro escalonado de los respectivos miembros de los cuerpos de seguridad que esta Ley dispone el cual no podrá exceder de 18 meses”.
Avala proyecto para establecer la Ley de Apoyo a Parientes Cuidadores de Menores en Puerto Rio
Otra medida que avaló el Alto Cuerpo fue el Sustitutivo del Senado al Proyecto de la Cámara 198, que busca establecer la Ley de Apoyo a Parientes Cuidadores de Menores en Puerto Rio para crear un programa de apoyo a esta población. Asimismo, propone enmendar la Ley del Procurador de las Personas de Edad Avanzada de Puerto Rico, esta enmienda busca adicionarle nuevas funciones y deberes a la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, en atención al aumento vertiginoso de abuelos criando nietos.
“Los cambios propuestos en el Sustitutivo del Senado del P de la C 198, es un modo de dar un enfoque integrado sin marginar, ni excluir personas; preservando los mejores intereses del menor. Abrazamos a toda una población de cuidadores de menores con 60 años o menos”, expresó la senadora y presidenta de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez Rosamar Trujillo Plumey, Comisión que atendió esta medida.
Según se desprende de la exposición de motivos del sustitutivo del Senado PC198 “en esta pieza legislativa se establecen los mecanismos y estrategias necesarias que permitan el acceso a orientación, colaboración, actividades, programas, servicios y ayuda para una población que incluye, pero no se limita exclusivamente a los abuelos”. El fin de la medida es que se preserve el bienestar, la seguridad, protección y cuidado de los menores dentro del entorno familiar conocido por la/el menor.
Aprobaron enmendar la Ley del Inspector General
También se aprobó el Proyecto del Senado 582, de la autoría de los senadores Ramón Ruiz Nieves y Javier Aponte Dalmau, que propone se enmiende la Ley del Inspector General de Puerto Rico para otorgar mayor autonomía a la figura del Auditor Interno de las entidades excluidas de la jurisdicción de dicha ley.
“Estamos buscando que esa figura [del Auditor Interno] pase a un estado de permanencia y tenga responsabilidades… Esto sale de una discusión tanto del Inspector General y la Contralora de Puerto Rico que piensan que esta medida tiene un fin loable”, manifestó en su turno sobre la medida el senador Ramón Ruiz Nieves.
De igual forma, se avaló la Resolución del Senado 351, de la autoría de la senadora Marially González Huertas, que propone se realice una investigación sobre el estado y los trabajos realizados para la reubicación de la comunidad El Faro del barrio Rufina de Guayanilla, a los fines de conocer todas las gestiones realizadas por el Departamento de Vivienda y otras entidades gubernamentales concernientes.
“Los residentes de El Faro del barrio Rufina en Guayanilla han vivido en carne propia las vicisitudes de estos fenómenos (huracanes y temblores). Estos ciudadanos que cada vez que sufren los embates escuchan de los gobiernos de turno sobre la reubicación suya y de sus familiares, pero lamentablemente, esto queda en la nada una y otra vez, aún así estos residentes son resilientes y se levantan en cada una de estas situaciones”, enfatizó la autora de la medida González Huertas.
Por su parte, el senador Ramón Ruiz Nieves expresó que “no se ve la gestión del gobierno para reubicar a las familias de El Faro. La medida lleva a ese análisis. La resolución tiene un fin loable de que se le haga justicia a las familias que viven en la comunidad El Faro”.
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