Sin apenas votos que desperdiciar, los líderes demócratas en la Cámara de Representantes trataron de resolver preocupaciones persistentes de los conservadores del partido el viernes con la esperanza de aprobar finalmente la agenda nacional billonaria del presidente Joe Biden.
La presidenta de la cámara, Nancy Pelosi, y otros líderes del partido se reunieron en privado con un puñado de centristas que dicen que quieren recibir un estimado oficial de la Oficina de Presupuesto del Congreso, no partidista, antes de votar sobre una ley de gastos sociales y ambientales de 1,85 billones de dólares para 10 años. Los demócratas no pueden perder más de tres votos en la cámara para aprobar la legislación.
Biden, hablando con la prensa para elogiar un sólido reporte de empleos, dijo que regresaba a su oficina para “hacer algunas llamadas” a legisladores. Dijo que les pediría que votasen “sí sobre esas dos propuestas ahora mismo”.
Los líderes demócratas quieren aprobar la legislación y un paquete separado de 1 billón (trillion) de dólares para infraestructura, para apuntarse rápidamente los logros apenas días después de una derrota en la elección de gobernador en Virginia y resultados decepcionantes en otras partes del país. Quieren además que las votaciones ocurran antes de que el Congreso cese el fin de semana para un receso de siete días.
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Han dicho que las cifras completas de la Oficina de Presupuesto no van a estar disponibles por días o más. “Estamos trabajando en ello”, dijo el líder de la mayoría Steny Hoyer.
La aprobación en la cámara baja de la propuesta mayor de Biden la enviaría al Senado, donde enfrentará cambios seguros y más drama demócrata. Eso se debe básicamente a las demandas de los senadores Joe Manchin y Kyrsten Sinema de contener los costos de la medida y reducir o eliminar ciertas iniciativas.
Pero la aprobación del paquete bipartidista de infraestructura lo enviaría directamente a la Casa Blanca, donde Biden sin dudas lo celebrará. Esa propuesta, que se proyecta crearía montones de empleos, había estado bloqueada por progresistas en la cámara baja para presionar a los moderados a que respaldasen la ley de gastos sociales y climáticos.
