A menos de una semana de que más de 5,000 agentes de la Policía de Puerto Rico se ausentaron a sus trabajos para exigir mejoras laborales y un retiro digno, hoy, viernes, se celebró una vista pública de la Comisión de Gobierno del Senado en la que los gremios policiales plantearon que la Junta de Control Fiscal ignora sus reclamos.
La comisión presidida por el senador Ramón Ruíz Nieves trata de investigar qué ha pasado con la Ley 81 sobre el retiro digno.
“La última vez que hubo comunicación entre la Junta de Control Fiscal relacionado a la Ley 81 fue el 16 de noviembre de 2020. Eso nos dice a nosotros la prioridad que tiene el gobierno en cuanto a los policías. Hace aproximadamente un año que no se reúnen para darle seguimiento a la Ley 81”, denunció José Luis González Montañez, capitán activo de la Policía y presidente de la Asociación de Policías Organizados. Añadió que los policías se sienten decepcionados con la falta de voluntad para atender las condiciones adversas en las que trabajan.
La Ley 81 provee un retiro digno para Miembros del Sistema de Rango de la Policía, los Miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos, los Miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia de Puerto Rico, y los Técnicos de Emergencias Médicas, comúnmente conocidos como paramédicos, del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas y del Sistema de Emergencias Médicas Municipal, incluyendo los adscritos a las Oficinas para el Manejo de Emergencias.
Aunque la Comisión citó a varias agencias del gobierno para deponer hoy, las que comparecieron fueron la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF); el Departamento de Seguridad Pública (DSP); el Negociado de la Policía y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Los representantes del Ejecutivo también apuntaron a la Junta de Control Fiscal como la ficha de tranque.
“A pesar de que se demostró a la JSF que la puesta en vigor de esas legislaciones no sería significativamente inconsistente con el Plan Fiscal certificado, lamentablemente la JSF se ha sostenido en impedir la implementación de la Ley 81-2020”, aseguró el subdirector ejecutivo de la AAFAF, Julián Bayne Hernández.
El funcionario aseguró que el costo para implementar la Ley 81 sería $23 millones anuales que darían paso a un sistema escalonado.
“Ustedes tienen el pulso de la economía, dónde nosotros, para controlar nuestro destino podemos sacar $23 millones de una economía en la que entran tantos billones de dólares locales y federales. Donde tenemos gente, que, según los artículos de periódicos, ganan $500 mil dólares en un puesto del gobierno. Jefes de agencias que ganan $250 mil dólares anuales. Aquí estamos hablando de $23 millones para yo hacerle justicia a Raymond, Steven y Edgardo [policías presentes en la vista pública]…. Olvidándonos de la Junta, vamos a controlar nuestro propio destino y hacerle justicia a esta gente”, reclamó el senador novoprogresista, Henry Neumann, a la AAFAF y a la OGP.
Aunque los datos presentados por el Departamento de Seguridad Pública (DSP) no son cónsonos con los de AAFAF, pues la información del DSP demuestra que 902 empleados del sistema bajo la Ley 447, podrían beneficiarse con la Ley 81, entre el corriente año hasta el 2024. El impacto presupuestario anual proyectado para el año 2024 sería de unos $37, 764, 066.13. Además, mencionaron que para el 2022 se estarían retirando 1,102 oficiales.
Los agentes bajo la Ley 1 que se podrían beneficiar con la Ley 81 son 5,031 entre el corriente año y el 2028, cuando el impacto presupuestario pudiera ser $185, 806, 671.41.
“Se le solicitó al DSP, a la Oficina del Comisionado de la Policía, a la AAFAF, al Sistema de Retiro y a la OGP que tienen que entregar a más tardar el próximo miércoles, 10 de noviembre una data para establecer una Resolución Concurrente que cruce Cámara y Senado y que podamos nosotros decirles a los miembros de la Policía que se va a comenzar esto y se va a implementar la Ley”, mencionó Ruiz Nieves.
Las vistas se efectuaron al amparo de la Resolución del Senado 63.
