Al evaluar el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) del gobierno central, proceso que comienza esta mañana con la primera vista de confirmación, la jueza federal de quiebras Laura Taylor Swain buscará responder principalmente una pregunta: ¿es el documento compatible con los requerimientos de la sección 1129(a) del Código de Bancarrota y la sección 314 de la Ley Promesa?
“En el caso específico de este Plan de Ajuste, la 314(c), porque esto es un ‘cramdown’”, dijo el abogado experto en quiebras John Mudd.
La subsección 314(c) de la Ley Promesa detalla la facultad que tiene el tribunal especial creado por el estatuto para confirmar un PAD que perjudique a una o más clases de acreedores.
Específicamente, el texto de la ley federal indica que, si se cumplen las demás condiciones, “el tribunal deberá confirmar el plan no obstante los requerimientos de las secciones 1129(a)(8) y 1129(a)(10) del título 11 del Código de Estados Unidos si el plan es justo y equitativo y no discrimina injustamente con respecto a dichas clases perjudicadas (‘impaired’)”.
La sección 1129(a) –en gran medida incorporada por referencia a la Ley Promesa– es la parte del Código de Bancarrota federal que enumera unos 16 requisitos necesarios para que el plan de ajuste de una entidad en proceso de reorganización sea confirmable.
Además, Swain deberá asegurarse que el PAD igualmente cumple con la sección 314(b) de Promesa, que es la parte que detalla que la reestructuración de la deuda cuenta con los mecanismos legales para implementarse, “es viable y en el mejor interés de los acreedores” y es “consistente con el Plan Fiscal aplicable certificado” por la Junta de Control Fiscal (JCF).
Mudd anticipó que en la audiencia de hoy –la primera de 10 que han sido citadas hasta el 23 de noviembre– la jueza Swain escuchará principalmente las declaraciones iniciales de los opositores al PAD en el pleito que involucra a los acreedores del gobierno central, así como a los de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR).
“Ahí los que van a hablar son la Junta (Fiscal) y los opositores a la confirmación del Plan. Solo aquellas personas con interés, que normalmente son acreedores, son los que pueden oponer al plan. Usualmente son miembros de una clase (de acreedores) pero no es porque sean miembros de una clase (que se expresan), sino porque se oponen. Por ejemplo, tienes a Peter Hein, que se está oponiendo al plan, y él es miembro de una clase de bonistas o más de una. Él va a estar allí hablando y oponiendo al plan simplemente porque se opuso”, dijo Mudd.
Según el letrado, además de examinar el texto del PAD, la jueza deberá sopesar los argumentos de los opositores de la renegociación y, en el camino, podrá hacer sugerencias a las partes, si bien sus poderes judiciales, en última instancia, se limitan a confirmar o rechazar la propuesta presentada por la JCF.
“Puede sugerir cambios, y eso pasa todo el tiempo, pero no puede requerirlos. Lo otro, y es algo que se le ha dado muy poca importancia, es que la Junta quiere que la juez interprete la Ley 53 de una manera y es altamente probable que haya por lo menos tres grupos que van a oponerse a eso el próximo viernes: los maestros y las asociaciones de jueces, que creo que son dos”, dijo Mudd.
En una moción la semana pasada, la JCF adelantó que, según su interpretación, la Ley 53-2021, que autoriza la emisión de bonos reestructurados, solo está condicionada a que el PAD elimine los recortes al beneficio mensual que reciben los pensionados actuales. Es decir, que su interpretación de los “cero recortes” a las pensiones que exigió la Legislatura no se extiende, por ejemplo, a la congelación de los planes de pensión de beneficio definido a los que se cotiza en el Sistema de Retiro de Maestros y el Sistema de Retiro de la Judicatura, como tampoco a una prohibición a los ajustes futuros por inflación.
Mudd anticipó que ninguna de las cámaras legislativas presentará una objeción a esa interpretación antes de la fecha límite, el 12 de noviembre a las 5:00 p.m., al tiempo que el gobernador Pedro Pierluisi ha dicho que tocará a la jueza Swain llegar a sus propias conclusiones sobre si los planes de pensiones pueden alterarse por dictamen judicial.
“La Ley 53-2021 autoriza la emisión de bonos reestructurados y elimina el recorte a los beneficios mensuales a los pensionados, entre otras medidas de beneficio para el pueblo, como fondos para los municipios y la Universidad de Puerto Rico. Esa ley no autoriza la reforma de los sistemas de pensiones de los maestros y jueces lo que será parte de las decisiones que tendrá que tomar la jueza durante el proceso de confirmación del Plan de Ajuste de Deuda. Nuestro gobierno se reserva los derechos para objetar cualquier disposición que se presente en el Plan de Ajuste por parte de la Junta previo a la fecha límite. Así lo consignamos ante el Tribunal”, sostuvo ayer el mandatario en unas expresiones escritas.
En declaraciones enviadas a Metro, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, dio a entender que el cuerpo no presentaría una moción al respecto ante el tribunal de Promesa.
“Nosotros aprobamos la Ley 53, con cero recorte a las pensiones, ley que la Junta de Supervisión Fiscal acogió y no fue a mediación. Lo que sí hizo la Junta fue enmendar el octavo plan fiscal para eliminar el recorte de pensiones. Confiamos en que el acuerdo se mantendrá en el Tribunal”, indicó el líder legislativo.
Al cierre de esta edición, este medio no había recibido respuesta a una petición similar hecha al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández.
“Ella (Swain) tiene que interpretar la Ley (53). Eso va a depender de cómo le opongan lo que la Junta quiere. Tiene que interpretar la sección 104 y la sección 605 de esa ley. En mi opinión hay un conflicto entre esas dos secciones y ella dirá si es de una manera o de otra”, adelantó Mudd.
“La sección 104 te dice que el plan de ajuste tiene que eliminar el ‘Monthly Benefit Cut’ (recorte al beneficio mensual de las pensiones). La 605 te dice eso y, para que no haya ninguna duda, ‘cero recortes en las pensiones’. No es lo mismo eliminar el ‘monthly benefit’ que cero recortes a las pensiones. Son dos cosas diferentes”, abundó el abogado.
En total, a través del PAD se busca reestructurar unos $33,000 millones en principal entre acreencias del gobierno central, la AEP y la ASR. Si bien los propulsores del PAD argumentan que, al considerarse que los nuevos bonos ascienden a $7,400 millones, el recorte global asciende a 80%, lo cierto es que el documento igualmente incluye un pago en efectivo de por lo menos $7,000 millones, así como los llamados instrumentos de valor contingente que, por los próximos 30 años, pudieran convertirse en obligaciones adicionales ascendentes a $8,700 millones.
En el contexto de la vista, que comenzará a las 9:30 a.m. y se celebrará por videoconferencia y vía telefónica, múltiples sectores han convocado manifestaciones en contra de la confirmación del PAD. Entre estos sectores, se encuentran la comunidad universitaria, que saldría en una marcha desde el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, así como grupos sindicales, artistas, el magisterio y pensionados, que se expresarían frente a la sede del Tribunal Federal en Hato Rey a lo largo del día.
