“Jueza Taylor Swain, colóquese en el lado correcto de la historia. La imposición de una Junta y la ilegalidad de este sistema es incorrecto. Haga lo correcto y no apruebe el Plan de Ajuste de Deuda propuesto”.
Con estas palabras, Wanda Alabarces García, una jubilada del sector público de 75 años de edad, resumió el sentir de los ciudadanos que se han expresado ante la jueza federal Laura Taylor Swain en el segundo día de las vistas de confirmación del Plan de Ajuste de Deuda (PAD), una propuesta que, si bien recorta sustancialmente las acreencias del gobierno central, igualmente propone congelar los beneficios de pensiones de empleados públicos y, según economistas, impediría al Estado financiar adecuadamente los servicios esenciales a futuro.
Alabarces García fue la primera de los residentes del país que tuvieron la oportunidad de expresarse como parte de las vistas de confirmación, luego de un proceso de selección al azar realizado por el tribunal. Aunque 25 personas fueron escogidas, no todas llegaron hasta la sede del Tribunal Federal en Hato Rey para expresar su postura ante Swain, quien, a la conclusión del juicio, tendrá en sus manos la confirmación o rechazo del PAD presentado por la Junta de Control Fiscal (JCF).
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“Una tercera parte de nuestro presupuesto se ha comprometido en el PAD ante su consideración, sin embargo, no se ha asignado nada en términos de fondos para escuelas públicas, agentes de la Policía ni alguna otra función para mantener al gobierno de Puerto Rico operante. Menos dinero estará disponible para los municipios, pero los elevados salarios de los miembros de la Junta permanecen inalterados. El pueblo de Puerto Rico no debe únicamente ser escuchado, sino que este tribunal debe actuar para proteger a los más vulnerables”, dijo Alabarces García, quien le solicitó a la jueza Swain que la incluyera como “parte indispensable” del caso judicial y ordenara la auditoría de la deuda pública, un reclamo que por años han planteado amplios sectores de la sociedad, pero cuya ejecución fue bloqueada por el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, que eliminó la comisión que había sido creada por ley para llevar a cabo esa tarea.
“Las responsabilidad y controles internos no son posibles sin una auditoría forense de la deuda, que derive en consecuencias judiciales para quienes ilegalmente endeudaron a Puerto Rico”, añadió Annette Jiménez Collet, quien fue la tercera ciudadana en hablar ante el tribunal especial creado por la Ley Promesa.
A cada una de las 25 personas seleccionadas para deponer se le asignó un periodo de 10 minutos, lo que incluía el tiempo que demorara la interpretación al inglés, en caso de que optaran por expresarse en español. Sin embargo, de los 12 ciudadanos citados para el turno mañanero, solamente cuatro comparecieron, anunció Swain a eso de las 11:00 a.m., cuando decretó un receso hasta el mediodía.
“Les agradezco que hayan venido a hablarnos apasionadamente sobre sus vidas, asuntos y preocupaciones con respecto al PAD. Les agradezco por venir a corte y hablarnos, no solo a mí, sino a los participantes de los procedimientos de bancarrota que están observando, así como los oficiales de gobierno. Tendré presente lo que han dicho según tomo mis determinaciones, que deben hacerse de acuerdo a la ley, que me requiere considerar muchos factores. Claro que entiendo que este proceso es uno que debe permitir a Puerto Rico y su gente continuar como sociedad y escuchar el dolor, esperanzas y sueños hoy es muy importante para la corte y para todos los que estamos participando del proceso”, dijo Swain al dar por terminado el turno matutino.
“Estoy aquí porque temo por mi familia y mi comunidad, ante un acuerdo que prioriza las ganancias sobre la gente”, dijo Alana Feldman Soler, quien se identificó como integrante del Movimiento Amplio de Mujeres, al añadir que es hija de un oficial de la Policía y de una maestra que no cotizaron, durante sus años como empleados activos, al Seguro Social.
“Mi mamá, como yo, pierde el apetito cuando se encuentra ansiosa o preocupada. La carga diaria de decidir si comprar comida o medicina, ha contribuido a que pierda sobre 20 libras en los últimos dos años. No puedo imaginar lo que la inflación le hará al valor de su pensión en los años venideros”, añadió Feldman Soler, quien detalló que el beneficio que devenga su madre se limita actualmente a $500 mensuales.
Entre las disposiciones del PAD, figura una prohibición a que las pensiones públicas reciban los llamados ajustes por costo de vida, lo que implicaría que, aunque no se implementarán recortes nominales, los beneficios actuales continuamente perderán valor según se elevan los precios de los bienes en el mercado.
Jessica Ortega Irizarry, por su parte, relató que al presente es directora de “la escuela más grande en Puerto Rico y el Caribe”, con una matrícula de 1,008 estudiantes.
La combinación de las disposiciones contenidas en el PAD que congelarían el plan de beneficio definido y obligarían a los maestros a trabajar, al menos, hasta los 63 años de edad, tendrían un efecto nefasto sobre el sistema educativo, arguyó.
“Tengo 45 años de edad y actualmente me faltan 10 para poder retirarme. En los tiempos que estamos viviendo, donde los problemas que tenemos en nuestras escuelas son el doble de años anteriores, esto nos lleva a agotarnos emocionalmente, al punto que nuestra fatiga mental en ocasiones no permite el alto rendimiento. Se nos va la vida y el sistema nos aplasta. Sacrificar ocho años más de trabajo sería sepultar la educación de nuestro país”, insistió Ortega Irizarry.
Ayer, durante los argumentos iniciales, el abogado José Luis Barrios, de la Asociación de Maestros, planteó que la congelación de la pensión definida no solo dejaría a miles de maestros retirados al borde de los estándares de pobreza, sino que provocaría que hasta 6,000 educadores activos optaran por la jubilación inmediata.
“Quitarnos el poco dinero que recibiremos por nuestro retiro, con todo lo que propone el PAD, sería dejarnos en la miseria. Un maestro que cobra $2,300 mensuales, el 75% de su pensión equivaldría a $1,725. Ya vivimos en la pobreza (y) llevar eso al 1.8% sería mortal”, subrayó Ortega Jiménez, aludiendo al coeficiente mediante el que se calcularía la pensión a partir de la congelación del plan de beneficio definido.
