Las vistas de confirmación del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) continuaron hoy con el interrogatorio de la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, y otros testigos que participaron en la elaboración del documento que delinea la reestructuración de las obligaciones financieras del gobierno central, la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y la Administración de los Sistemas de Retiro.
El bonista individual Peter C. Hein, quien se opone a la confirmación del PAD, fue protagonista de los contrainterrogatorios que se llevaron a cabo en la mañana y tarde de hoy, donde intentó poner en duda la viabilidad de la propuesta a base de los principios de equidad en el trato a los acreedores y si la reestructuración constituye el mejor escenario posible en términos de la recuperación de las obligaciones adeudadas.
En el caso de Jaresko, el abogado niuyorquino, que se ha representado por derecho propio a lo largo de los casos de Título III de las entidades públicas puertorriqueñas bajo la Ley Promesa, cuestionó las cualificaciones que respaldan ciertos aspectos de su declaración inicial a favor del PAD, por considerarlas opiniones legales. Jaresko, una especialista en finanzas, no es abogada.
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Aunque la jueza que preside el caso de Título III, Laura Taylor Swain, denegó el reclamo de Hein para que se removieran de la declaración de Jaresko planteamientos relacionados con las partes de leyes o la Constitución de Puerto Rico que deben quedar suspendidas para viabilizar la implementación del PAD, Hein prosiguió con su línea de preguntas a la directora de la JCF.
“Ella está opinando no solo que 57 estatutos en el ‘exhibit’ K del PAD son suspendidos por Promesa, sino que un grupo no identificado de leyes también están suspendidas por Promesa. No se ha demostrado sus cualificaciones para opinar sobre esto e, incluso si tuviera las cualificaciones, serían conclusiones que realizaría el tribunal, no un testigo”, señaló Hein, quien también aludió a que Jaresko se refiere a elementos de las negociaciones bajo mediación con acreedores, que por orden judicial deben ser confidenciales.
Según Hein, la JCF, para impulsar la confirmación del PAD, estaba usando la mediación confidencial “como espada y escudo”, al esgrimir argumentos al amparo de los resultados de dicha mediación pero rechazar el descubrimiento de prueba relacionado con esas negociaciones.
“Nada de lo que se ha ofrecido aquí que sea información no pública, relacionado con la conducta de la mediación. Estos testigos que han declarado sobre su participación personal en la mediación pueden testificar sobre sus impresiones de las dinámicas y el proceso de mediación, están ofreciendo sus impresiones personales del vigor y la confiabilidad del proceso […] No implica o invade los particulares de ofertas o intercambios acerca de los privilegios o la confidencialidad”, dijo Swain al rechazar las objeciones de Hein.
“La declaración (de Jaresko) no ofrece análisis legal de los asuntos en disputa, sino demuestra el parecer de la testigo de su entendimiento de la naturaleza de las disposiciones y el rol de ese entendimiento en una decisión de negocios sobre si era razonable o apropiado resolver esos asuntos en disputa en la forma que el PAD los resuelve. Eso no es una opinión legal inapropiada”, añadió Swain en torno a la otra parte de los argumentos levantados por el bonista.
En su línea de preguntas a Jaresko, además de insistir sobre su conocimiento personal acerca de las normativas que el PAD pretende suspender –incluyendo la parte de la Constitución que coloca a los acreedores del Estado como la primera prioridad de repago–, Hein trajo a la mesa que la JCF no ha requerido informes mensuales de asistencia de empleados públicos a sus labores desde octubre de 2020.
Hein formuló la pregunta luego de abordar el tema de las bonificaciones que el PAD contempla sean otorgados a empleados públicos afiliados a la Federación Americana de Empleados Municipales, Estatales y de Condados (AFSCME).
“Si hubo reportes de asistencia no tiene que ver con el PAD, su elaboración o los términos del PAD”, objetó con éxito Michael Firestein, uno de los abogados de la JCF.
Los abogados de la JCF también pusieron a disposición de las partes al presidente del organismo, David Skeel, pero Hein ni alguna otra de las partes solicitó contrainterrogarlo.
El Octavo PAD Enmendado, al momento, cuenta con el apoyo de más del 90% de las “clases” de acreedores que forman parte indispensable del caso ante el Tribunal Federal.
Hein sí tuvo preguntas para Steven Zelin, banquero que participó, a nombre de la JCF, en las negociaciones con acreedores para la reestructuración de cerca de $33,000 millones en obligaciones. Entre los temas que le planteó Hein, estuvo la tarifa por “costos de consumación”, equivalente al 1.5% de lo adeudado, que recibiría cada acreedor que negoció y respaldó el Plan de Apoyo a la Reestructuración (PSA).
“El pago de 1.5% estaba dirigido a ser un reembolso por gastos incurridos a las partes que estuvieron en las negociaciones con la JCF, incluyendo la mediación, y no había inversionistas individuales en la mediación, por lo tanto, los inversionistas individuales no incurrieron en esos costos”, dijo Zelin, para explicar por qué los costos de consumación no se ofrecieron a tenedores de bonos individuales, como Hein, quien declaró en la primera vista que posee unos $700,000 en bonos del gobierno central y la AEP.
¿PAD en el mejor interés de los acreedores?
A preguntas de Hein, Ojas Shah, analista de McKinsey, compañía de consultoría que asesora a la JCF, reconoció que los estudios elaborados parten de los supuestos legales y económicos que les brinda el organismo fiscal, que no son revisados independientemente.
De esa forma, Hein buscaba sembrar dudas sobre si, en efecto, el PAD sometido a confirmación obra en el “mejor interés” de los acreedores, según se establece en el Código de Bancarrota y la Ley Promesa.
En el redirecto de Michael Mervis, abogado de la JCF, Shah se refirió a su declaración inicial, en la que sostiene que “sin un mecanismo que reestructure las obligaciones pendientes de los deudores, el territorio enfrentaría gran incertidumbre, inestabilidad financiera y política y estaría sujeto a litigación significativa”.
Mientras testificaba Gaurav Malhotra, jefe de Prácticas de Reestructuración de la firma Ernst & Young, Hein insistió que el plan fiscal certificado subestima la cantidad de fondos federales que recibirá Puerto Rico, particularmente en el renglón de Medicaid. Según Hein, si el plan fiscal incorporara las cifras que se anticipa recibirá la isla en el próximo lustro, el gobierno contaría con un superávit mayor de lo que se proyecta en el documento.
En el tercer día de vistas de confirmación del PAD también testificó Sheva Levy, actuaria de Ernst & Young, quien, a preguntas de Hein, aludió a su declaración suplementaria, en la que se detalla que el costo de la eliminación del recorte al beneficio mensual de pensiones tendrá un impacto de $87 millones anuales hasta el 2032. El recorte que el Séptimo PAD Enmendado contemplaba era de 8.5% a las pensiones mayores de $1,500 mensuales.
Versiones anteriores del PAD contemplaban el recorte de 8.5% a partir de los $1,200 mensuales, pero Levy indicó que no recordaba cuál era el impacto anual sobre las finanzas del territorio cuando se comparaba con ese umbral.
