Luego que el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente designó hoy, martes, fiscales especiales para investigar posibles actos contrarios a la ley atribuidos a su administración, el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez sostuvo que el panel no tomó en consideración información entregada por el municipio, donde alega se estableció las personas que no cumplieron con la ley y defraudaron al Municipio.
“Estoy seguro que esta es una oportunidad para demostrar que tanto el Alcalde como la gerente de Finanzas, sí actuaron en cumplimiento, en un proceso contemplado en la ley de municipios autónomos, que autoriza a los municipios a realizar hacer inversiones. El desvío de esta actividad lícita es la que provoca estas falsas acusaciones. Cualquier pregunta adicional sobre este asunto estará a cargo del licenciado Harry
Padilla contratado para enfrentar este proceso legalmente”, dijo en declaraciones escritas.
“Espero una vez se tenga la oportunidad de hacerlo, no nos tome cinco largos años, como les tomó a los profesores Uroyoan Walker Ramos, expresidente de la Universidad y Carlos Severino Valdez, exrector de Río Piedras, para demostrar su inocencia en otras acusaciones falsas del Departamento de Justicia. Mi concentración continuará en la obra de recuperación de la Ciudad… enfatizó el Alcalde
Rodríguez”, añadió.
En su resolución, el Panel incluyó para investigación a la gerente de Finanzas del Municipio, Yahaira Valentín, por actos que presuntamente suponen incumplimiento en su deber como funcionaria pública.
El Panel dio peso a la prueba recopilada por el Departamento de Justicia (DJ) que expone la posibilidad de que Rodríguez y Valentín hayan incurrido en infracciones al Código Penal en sus artículos sobre Omisión en el Cumplimiento del Deber y Malversación de Fondos Públicos. También se señala posible violación a la Ley de Ética Gubernamental.
Se designó a los fiscales Miguel A. Colón como fiscal especial independiente y a la licenciada Leticia Pabón como fiscal delegada.
La investigación preliminar por parte del DJ comenzó con un referido del representante José E. Meléndez tras una intervención del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) relacionada con transacciones sobre bienes pertenecientes al Municipio de Mayagüez.
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De acuerdo con la investigación del DJ, entre los años 2012 y 2015, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico asignó, mediante resolución conjunta, la partida de $9.8 millones de fondos públicos estrictamente para renovar y mejorar el Centro de Trauma de Mayagüez. Sin embargo, el alcalde y la gerente de Finanzas municipal autorizaron el uso de dichos fondos para realizar transacciones de inversión fuera de la isla. Dicha actuación, contraria a la ley y al mandato legislativo, provocó la pérdida de fondos públicos.
Además, la investigación demuestra que transfirieron propiedades inmuebles de dominio público a MEDI con el propósito deliberado de que dicha corporación municipal las utilizara como garantía de préstamos hipotecarios, colocando en riesgo el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez y el Hospital San Antonio. Esto, a su vez, ha provocado gastos innecesarios de fondos públicos para tratar de recuperar las propiedades en peligro de ser ejecutadas por acreedores. El uso de las propiedades municipales para fines no autorizados y contrarios a la ley pudo constituir malversación de fondos públicos e incumplimiento del deber de asegurar una sana administración y el manejo correcto de las operaciones del Municipio.
