La contralora Yesmín Valdivieso informó hoy, viernes, que el municipio de Trujillo Alto le cedió gratis el Coliseo Rubén Zayas Montañez a una empresa con fines de lucro, para celebrar eventos de boxeo.
“El informe revela que el Municipio cedió gratis el uso del Coliseo Rubén Zayas Montañez y sus cantinas a una corporación organizadora de eventos de boxeo, desde agosto de 2018 hasta septiembre de 2019. Durante este periodo, se presentaron 11 carteleras de boxeo sin un contrato que eximiera del pago del canon de arrendamiento por $43,501, a la entidad corporativa”, dijo la contralora en declaraciones escritas.
“El 25 de octubre de 2019 se formalizó un contrato de auspicio con dicha entidad a cambio de 150 boletos de entrada; sin embargo, el Municipio no contaba con un reglamento para otorgar auspicios a entidades con fines de lucro. De hecho, no se encontraron para examen evidencia del control en la distribución de los boletos de entrada de una de las carteleras”, añadió.
La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del municipio de Trujillo Alto. Se explicó que una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
“La auditoría de tres hallazgos señala que el alcalde nombró a una administradora de documentos públicos que no cumplía con los requisitos de adiestramientos para ocupar el puesto. Además, el Municipio no había preparado las listas de disposición de documentos públicos desde el 2013. Esta situación puede propiciar la pérdida de documentos importantes.
Los auditores de la Contraloría no pudieron examinar la contestación del Municipio a las preguntas de licitadores de una pre- subasta relacionada con la venta o arrendamiento de bienes inmuebles. La secretaria de la Junta de Subastas indicó que no encontró los documentos ni evidencia de su envío. Este hecho, resta confiabilidad a los procesos de adjudicación de subastas y puede propiciar el favoritismo”, expresó.
De otra parte, el municipio desembolsó $22,500 en el 2019, como parte de un acuerdo con un empleado ante la Comisión Apelativa de Servicio Público por represalias, daños y perjuicios. Además, pagó $206,692 por cinco demandas resueltas en los tribunales por cobro de dinero, daños y perjuicios.
Al 31 de diciembre de 2019, ocho demandas civiles estaban pendientes de resolución por los tribunales por $11,250.
