El presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico, Edison Avilés Deliz, anunció el lunes que se le ordenó mediante resolución a LUMA Energy que presente la primera fase de su plan para la distribución de energía para vehículos eléctricos en la isla.
“Esta resolución es el resultado del esfuerzo y el insumo de los diferentes sectores relacionados a la industria. Es una combinación a la par con cualquier gestión del sector privado, ya que el marco jurídico actual así lo permite; inclusive desde mucho antes que esta novel alternativa se convirtiera en asunto de discusión pública”, dijo Avilés Deliz en declaraciones escritas.
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De la misma se desprende que para su confección, la entidad reguladora requirió y recibió durante el presente año los comentarios de Cambio PR, el Colegio de Peritos Electricistas, la Oficina Independiente para la Protección del Consumidor, el programa de política pública energética del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, del señor Ángel Rodríguez y Tesla, Inc.
Además de esbozar la jurisdicción del Negociado de Energía sobre la materia, el organismo gubernamental hace énfasis, como parte de su determinación, en la importancia y necesidad de implantar un sistema de energía con una baja dependencia en el petróleo y la erradicación de la generación de energía basada en el carbón, promoviendo sistemas de energía alternativa o renovable más eficientes.
Avilés Deliz que: “en constante diálogo que garantice el cumplimiento con el Artículo 3 de la Ley 33 del 2019 que expresamente incluye la electrificación de vehículos de motor”. El documento, habiendo resaltado la pertinencia del taller realizado sobre este tema el pasado mes de septiembre, establece que en enero y febrero se estarán realizando el segundo y tercer taller, dirigidos a discutir tanto los criterios a considerar como prioridades en el fortalecimiento y desarrollo de infraestructura y en la óptima utilización de los programas piloto, respectivamente.
Entre las directrices principales que establece el Negociado de Energía a LUMA Energy para la confección de su plan, se encuentran desde la obligación de considerar el comportamiento, presente y futuro del consumidor, el despliegue de la infraestructura y tecnología necesarias de conformidad a la demanda y otros elementos del mercado y las localizaciones y costos más adecuados a la red disponible a través del tiempo en cada región geográfica del archipiélago de Puerto Rico.
Así también LUMA deberá someter, en o antes del 31 de mayo de 2022 su propuesta para configurar un proceso tarifario que incentive la recarga fuera de horas pico y que atienda diferentes aspectos y tendencias relacionadas a la diversidad de usos que se le brinda a la electricidad en el punto de recarga y al crecimiento y deseabilidad de la instalación de sistemas de almacenamiento de energía.
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Otros aspectos que, según la resolución y orden, busca la entidad reguladora se incluya en el plan que ha de revisar el Negociado se encuentran que el costo se mida en unidades o valor por kilovatio utilizado en la recarga y no en el tiempo que se utilice durante la misma, el uso y desarrollo de propiedad pública y la adecuada inserción de terceras partes que ofrecen y pueden ofrecer en igualdad de condiciones este servicio al consumidor.
Al expresarse sobre estas consideraciones, el también presidente de la Junta Reglamentadora de Servicio Público mencionó la importancia de “asignar a este esfuerzo los 8.7 millones de dólares recibidos por el Gobierno de Puerto Rico como parte de una transacción en el caso Volkswagen y de garantizar la transparencia en el uso de los recursos, garantizando al consumidor la máxima de que la distribución de electricidad para este propósito no constituye ni funciona de tal forma que sea considerado una utilidad según la propia definición contenida en la Ley”.
LUMA Energy deberá presentar la primera fase de su plan en o antes del 1 de septiembre de 2022, luego de haber participado de tres vistas de cumplimiento técnico pautadas para el 25 de febrero, el 31 de mayo y el 31 de agosto del mismo año. Así también, el consorcio deberá someter o iniciar en o antes del 31 de mayo del 2022 un proceso de propuestas para uno o más diseños de tarifas.
