El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha decidido que los miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos que se nieguen a vacunarse contra el COVID-19 no podrán participar en los simulacros y entrenamientos financiados con fondos federales que se requieren para mantener su estatus en la Guardia.
Austin detalló esta política en un memorando interno obtenido por The Associated Press. En el documento dio instrucciones a los líderes de los servicios militares el martes para que publiquen una guía para la próxima semana sobre cómo tratar a los miembros de la Guardia Nacional que incumplan los requisitos de preparación médica militar al negarse a recibir la vacuna.
“La vacunación es esencial para la salud y la presteza de las fuerzas”, escribió.
Todos los miembros de las fuerzas armadas están obligados a vacunarse a menos que obtengan una excepción oficial por razones médicas o de otro tipo.
Los servicios militares han establecido diferentes plazos para las fuerzas activas y las de reserva.
Los miembros de la Guardia Aérea Nacional deben vacunarse antes de diciembre; los miembros de la Guardia Nacional del Ejército tienen hasta junio.
La política de Austin afectará a los efectivos de la Guardia Nacional sólo cuando se cumpla el plazo de vacunación establecido por su servicio.
Según la ley federal, los miembros de la Guardia Nacional deben reunirse para realizar simulacros y participar en entrenamientos un número específico de días al año.
Austin afirmó que los miembros de la Guardia Nacional a los que no se les permita participar en los simulacros debido a su negativa a vacunarse no recibirán el pago del Departamento de Defensa. Tampoco recibirán créditos que cuenten para la jubilación y otras prestaciones federales.
Austin pidió a los jefes de servicio que apliquen esta política en coordinación con el jefe de la Oficina de la Guardia Nacional y el máximo responsable de personal del Pentágono.
Cuando las tropas de la Guardia Nacional están en servicio activo en el estado; por ejemplo, para responder a emergencias locales como las inundaciones, reportan directamente a su gobernador y son pagadas por su estado. Pero durante el entrenamiento mensual o anual, o cuando responden a emergencias mayores en el estado, son controlados por el gobernador pero financiados por el gobierno federal.
