Los griegos mayores de 60 años que se nieguen a vacunarse contra el COVID-19 serán multados cada mes con el equivalente a más de un cuarto de sus pensiones, una dura medida que podría resultar arriesgada para los políticos del país.
En Israel, los posibles portadores de la nueva variante ómicron del coronavirus podrían ser rastreados por la imponente agencia nacional de espionaje en un aparente desafío a un fallo de la Corte Suprema en la última ola.
Las protestas semanales registradas en Holanda por el confinamiento a partir de las 17:00 horas y otras restricciones han derivado en violencia, a pesar de lo que parece ser una aceptación abrumadora de las nuevas normas.
Con la variante delta impulsando los contagios de COVID-19 en Europa, y el creciente temor que despierta la ómicron, los gobiernos de todo el mundo sopesan nuevas medidas para unas poblaciones cansadas de oír hablar de restricciones y vacunas.
Es un cálculo complicado que se ve dificultado por la posibilidad de una reacción violenta, del aumento de las divisiones sociales y, en el caso de muchos políticos, por el temor a perder su cargo en las elecciones.
“Conozco la frustración que sentimos todos con esta variante ómicron, la sensación de cansancio porque podamos estar pasando por todo esto de nuevo”, dijo el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, el martes, dos días después de que su gobierno anunció que el uso de la mascarilla volvería a ser obligatorio en tiendas y en el transporte público, y decretó que quienes lleguen al país deberán someterse a una prueba de COVID-19 y hacer cuarentena. “Estamos tratando de tomar un enfoque equilibrado y proporcionado”.
Las nuevas restricciones, o las variaciones de las antiguas, están resurgiendo en todo el mundo, especialmente en Europa, donde los líderes se esfuerzan por explicar lo que parece una promesa fallida: que la vacunación masiva supondría el final de unas limitaciones ampliamente aborrecidas.
“La gente necesita normalidad. Necesitan a la familia, necesitan ver gente, obviamente con seguridad y distancia, pero realmente creo que, en estas Navidades, la gente ha tenido suficiente”, dijo Belinda Storey, que tiene un puesto en un mercado navideño en Nottingham, Inglaterra.
En Estados Unidos, ninguno de los dos principales partidos políticos tiene gran interés en la vuelta a las cuarentenas o a un rastreo estricto de los contactos. Aplicar las medidas más simples, como el uso de mascarilla, se ha convertido en un punto de confrontación política. Y los republicanos han recurrido ante los tribunales el nuevo requisito de vacunación del gobierno de Joe Biden para grandes empresas.
El presidente, cuyo futuro político podría depender del control de la pandemia, ha recurrido a una combinación de presión y llamados urgentes para animar a la población a vacunarse por primera vez o a recibir la dosis de refuerzo. Además, su gobierno trabaja para exigir que todos los que lleguen al país en avión se sometan a una prueba diagnóstica el día antes de embarcar, y no hasta tres, como ahora.
Pero los asesores presidenciales han descartado más confinamientos generalizados.
La propagación de la nueva variante no supone una gran diferencia para Mark Christensen, comprador de grano para una planta de etanol en Nebraska. Rechaza cualquier mandato de vacunación y no entiende por qué son necesarios. En cualquier caso, dijo, la mayoría de las empresas de su zona son demasiado pequeñas como para tener que cumplir esa norma.
“Si solo me animaran a hacerlo, es una cosa”, dijo Christensen. “Pero yo creo en la liberad de elección, no en las decisiones por la fuerza”.
Chile ha adoptado una postura firme desde la aparición de la ómicron: los mayores de 18 años deben recibir una dosis de refuerzo de la vacuna cada seis meses para mantener el pase que les permite acceder a restaurantes, hoteles y actos públicos.
Además, el país latinoamericano nunca eliminó el requisito de usar mascarilla en publico, probablemente la norma que más se ha vuelto a instaurar en todo el mundo.
El doctor Madhukar Pai, de la Escuela de Salud Pública y Población de la Universidad McGill, dijo que los cubrebocas son la forma más sencilla y menos dolorosa de mantener una tasa de contagios baja, pero añadió que las pruebas de detección del virus en caseras deberían estar mucho más extendidas, tanto en los países ricos como en los pobres.
Esos dos elementos dan a la población una sensación de control sobre su propio comportamiento que se pierde con un confinamiento, y hacen más fácil aceptar la necesidad de hacer cosas como cancelar una fiesta o quedarse en casa.
Según Pai, exigir la dosis de refuerzo de forma sistemática, como ocurre básicamente en Israel, Chile y en muchos países europeos, incluyendo Francia, solo prolongará la pandemia al dificultar la llegada de las primeras dosis a las naciones en desarrollo. Esto eleva las posibilidad de que surjan más variantes.
Los confinamientos, agregó, deberían ser la última opción.
“Los confinamientos solo se producen cuando un sistema falla”, afirmó. “Lo hacemos cuando el sistema hospitalario está al borde del colapso. Es un último recurso que indica que no se han hecho las cosas bien”.
Esta no es la opinión que se tiene de esta medida en la China comunista, donde se permite poca disidencia. Con cada nuevo brote se aíslan ciudades enteras y, a veces, millones de personas se someten a pruebas masivas. En los casos más estrictos de estas cuarentena, la población no puede salir de casa y se le lleva la comida a la puerta.
Por el momento China no ha visto la necesidad de imponer más restricciones por la nueva variante. El director de la unidad de Epidemiología de los Centros para el Control de Enfermedades del país, Wu Zunyou, dijo que por el momento la ómicron supone una amenaza manejable y que “sin importar cuál sea la variante, nuestras medidas de salud pública son efectivas”.
