Al tiempo que rechazó haber tenido comunicación con Félix “Cano” Delgado, el exalcalde de Cataño que recién se declaró culpable de un cargo federal por corrupción pública, el gobernador Pedro Pierluisi, señaló que la posibilidad de procesarlo a nivel estatal por delitos relacionados a la trama de sobornos por parte de contratistas descansa en el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli.
“Realmente eso le corresponde al secretario Emanuelli, que está haciendo tremendo trabajo. Emanuelli tiene que estudiar el impacto de la doctrina de la doble exposición y determinar si Justicia pudiera llevar a cabo alguna investigación y procesamiento por hechos relacionados al caso pendiente ante los federales. Yo sé que también va a estar en comunicación con los federales porque no debemos entorpecer la investigación que federal, que ha dicho el fiscal federal (Stephen Muldrow) que permanece en curso”, sostuvo Pierluisi.
Delgado se declaró culpable de un cargo de conspiración soborno y comisiones ilegales (‘kickbacks’), por hechos relacionados a la compañía Waste Collection y su entonces propietario, Oscar Santamaría. Paralelamente, la fiscalía federal arresto y acusó a Mario Villegas Vargas, socio de J.R. Asphalt, por sobornar a Delgado para, al igual que Waste Collection, beneficiarse con contratos municipales.
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Además de la evaluación que realizaría el Departamento de Justicia, Pierluisi recalcó que la Oficina de Ética Gubernamental igualmente podría asumir jurisdicción e imponer penalidades administrativas contra el exalcalde.
Se distancia del alcalde interino
A pesar de que el actual alcalde interino de Cataño y aspirante a permanecer como regente municipal, Gabriel Sicardó Ocasio, ha sido funcionario del municipio de Cataño por cerca de dos décadas y que ha fungido como la mano derecha de Delgado desde la dirección de las oficinas de Asuntos Legales y Asuntos Públicos, Pierluisi dejó entrever que tocaría al electorado pasar juicio sobre dichas implicaciones.
Al preguntársele acerca de los vínculos de Sicardó Ocasio con Delgado, quien en su carta de renuncia lo endosó para asumir la poltrona municipal en propiedad, Pierluisi añadió que el Partido Nuevo Progresista cuenta con una comisión evaluadora que certificará a los candidatos que, finalmente, aparecerán en la papeleta de la elección municipal del 19 de diciembre.
“Le corresponde al precandidato (Sicardó Ocasio) aclarar esos asuntos. Si le han señalado eso, él tiene que aclararlo. Ya eso es público, pues al ser público eso será parte de la campaña, y va a tener que explicar cuál fue su rol y si tenía conocimiento o no. Estoy seguro que los votantes van a tomar eso en consideración”, dijo Pierluisi.
Sicardó Ocasio, en sus comparecencias ante la prensa, ha reiterado que ignoraba las transacciones ilegales en que incurría Delgado a cambio de repartir contratos en Cataño.
Según el gobernador, al momento existen unos cuatro precandidatos, incluyendo a Sicardó Ocasio. Aunque Pierluisi no mencionó nombres adicionales, entre las otras figuras que ha trascendido que aspirarían figura Julio Alicea, un exdirector de la Administración de Compensaciones por Accidentes Automovilísticos.
Cauteloso sobre medidas contra el inversionismo político
Al abundar en el esquema que derivó en los actos de corrupción de Delgado, Pierluisi puntualizó que no se trató de fondos provenientes de donativos de campaña, sino dinero en efectivo o regalos destinados para beneficiar directamente al exfuncionario a cambio del otorgamiento de contratos.
Cuestionado sobre su ánimo para convertir en ley medidas como el Proyecto de la Cámara 320, que busca impedir que contratistas donen a las campañas políticas durante el periodo en que ofrecen servicios públicos y hasta un año posterior al fin de la vigencia del acuerdo, Pierluisi manifestó que existe jurisprudencia federal que protege el derecho a realizar ese tipo de contribuciones.
“La Constitución de Estados Unidos y la de Puerto Rico protegen la libertad de expresión y la libertad de asociación. Un sinnúmero de tribunales, incluyendo el más alto tribunal en los Estados Unidos han indicado que no se le puede prohibir a nadie, salvo en circunstancias muy particulares, donarle a un candidato o el partido de su preferencia. En el caso de las subastas, ya eso está reglamentado, el que está en medio de un proceso de subastas o requerimiento de propuestas no puede hacer donativos”, dijo el gobernador.
Pierluisi recordó que, en abril presentó una medida de administración que, en su título, dispone una prohibición a que contratistas o aspirantes a agenciarse un contrato público “pueda realizar donativos políticos o gastos relacionados con campañas políticas 90 días antes de las elecciones generales, 90 días antes de tener un contrato gubernamental o 90 días después de obtener dicho contrato”.
“Es hilando fino, porque hay un derecho a participar en el proceso electoral, incluyendo donar, y eso es lo que propuse en términos generales. El proyecto habla por sí solo”, sostuvo el mandatario.
