Asegurando que se trata de una iniciativa “nueva” en Puerto Rico, el agente especial a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en Puerto Rico, Joseph González, anunció hoy la creación de un grupo de trabajo que integrará los esfuerzos de las agencias del gobierno estadounidense y el estatal para combatir la corrupción pública.
Según González y los funcionarios federales y estatales que representaron a sus agencias en la rueda de prensa, la creación del ‘task force’ no es una respuesta directa al caso de comisiones ilegales por el que se declaró culpable la semana pasada el exalcalde catañés Félix “Cano” Delgado.
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“Este equipo es un equipo de agentes, investigadores, auditores, lo que decimos en inglés ‘boots on the ground’, trabajando los casos. No hablando de los casos, (sino) trabajando los casos”, señaló González.
En el 2018, con la aprobación del Código Anticorrupción bajo el gobierno de Ricardo Rosselló, se creó el Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción, compuesto por los jefes a nivel estatal de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), la Oficina del Contralor, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, el Departamento de Justicia, el Departamento de Hacienda, la Oficina del Inspector General y el Negociado de la Policía. En la ley se detalla que en las reuniones participarían como invitados representantes del FBI y de la fiscalía federal en Puerto Rico, así como “cualquier otro miembro que sea invitado por el presidente” del grupo, cargo que recae sobre el director de la OEG.
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“La diferencia es que en las reuniones del comité que mencionas son jefes de agencia hablando acá arriba, a 30,000 pies, de corrupción, de estrategia, de ‘trends’ (tendencias) que estamos viendo”, contrastó González.
El ‘task force’ anunciado hoy incluye a las agencias que componen el grupo creado por el Código Anticorrupción, así como a la Administración de Servicios Generales y el Negociado de Investigaciones Especiales, mientras que, del lado federal, se añadió a las Oficinas del Inspector General de los departamentos de Educación, Trabajo y Vivienda.
Aunque no ofreció un número particular de empleados que se asignarían al grupo de trabajo, González sostuvo algunos oficiales estarán trabajando a tiempo completo mientras otros lo harán a tiempo parcial, combinando sus funciones con las otras responsabilidades que cumplen en sus respectivas agencias.
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“Para el FBI no cambia nada, lo que cambia sí es trayendo los recursos de afuera de las otras agencias para suplementar el recurso que ya teníamos para trabajar corrupción. El grupo va a ser un supervisor de corrupción del FBI, con agentes especiales del FBI, analistas del FBI e integrantes de las diferentes agencias que van a estar sentados en este edificio (la sede el FBI en San Juan), algunos ‘full time’, todos los días por cuantas horas se necesite para hacer el trabajo y algunas que van a estar aquí ‘part time’”, dijo el agente especial a cargo del FBI en Puerto Rico.
González rechazó que la creación de la estructura anticorrupción responda a que se haya identificado un incremento sustancial de este tipo de delitos en la isla.
“No tiene que ver con eso”, aseguró el funcionario federal.
A la pregunta de si las autoridades federales se limitarán a investigar casos en instancias en que reciban confidencias o referidos, González respondió que el objetivo siempre será estar “al frente de la amenaza”.
González, sin embargo, declinó contestar específicamente una pregunta acerca de si se investigaría el papel que asume Caridad Pierluisi, hermana del gobernador Pedro Pierluisi, en un puesto administrativo en La Fortaleza. Caridad Pierluisi es esposa de Andrés Guillemard, un conocido abogado y cabildero.
“Siempre estamos monitoreando todo lo que puede ser un acto criminal a nivel federal, sea corrupción, crimen violento, seguridad nacional, todo. Hay un equipo de inteligencia aquí en el FBI que se dedica a eso”, subrayó González
Con el objetivo de proteger las investigaciones, González precisó que todas las agencias participantes del ‘task force’ firmarán acuerdos de confidencialidad.
“Al llegar una alegación de corrupción (buscamos que) la misma se pueda evaluar a nivel federal, estatal y administrativo de forma coordinada. El propósito de esta iniciativa es que el comportamiento criminal, negligente o de mero descuido de oficiales públicos siempre tengan consecuencias”, resumió el jefe del FBI en Puerto Rico.
