Las acusaciones contra dos de sus alcaldes, sumadas a la incertidumbre que genera la continuidad de las pesquisas de las autoridades federales, han llevado a líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP) a discutir reformas internas y legislación que, en teoría, ayudarían a prevenir y procesar esquemas de corrupción pública como los que han sacudido al país en las pasadas dos semanas.
Equiparar las “herramientas” que tiene el gobierno estatal para investigar los casos de corrupción a las que ya poseen las autoridades federales y establecer procesos más rigurosos para certificar a los candidatos que aparezcan en la papeleta bajo la insignia de la Palma son dos de los elementos en los que parece haber consenso entre varias de las principales figuras del PNP.
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Pese al debate que se ha abierto, todos los líderes rechazan que el partido, como institución, deba catalogarse como una colectividad leniente hacia la conducta criminal que alegadamente han exhibido varios de sus funcionarios electos de alto nivel. Desde agosto de 2020 hasta el presente, tres representantes –María Milagros “Tata” Charbonier, Nelson Del Valle y Néstor Alonso– y dos alcaldes –Félix “Cano” Delgado (Cataño) y Ángel Pérez (Guaynabo)– de la Palma han sido acusados de esquemas similares en los que, en esencia, reciben comisiones ilegales a cambio de otorgar contratos o inflar salarios.
“Yo expresé mi gran molestia, mi gran decepción por lo que ha ocurrido. Dije que cualquiera que haya incurrido en conducta similar a la que hemos visto en el caso del exalcalde de Cataño y en el caso del exalcalde de Guaynabo, se entregue. Que vaya a las autoridades federales, admita lo que hizo, coopere, delate a quien tenga que delatar, porque (de lo contrario) las consecuencias van a ser todavía peores. Fui bien claro, la vara aquí es bien alta”, estipuló el gobernador y presidente del PNP, Pedro Pierluisi, tras salir de la reunión del Directorio de la colectividad.
En el Directorio, la plana mayor del PNP aprobó una resolución que establece como políticas de la colectividad apoyar la medida legislativa que obligaría a los municipios a realizar procesos competitivos para otorgar los contratos de manejo de desperdicios sólidos, requerir a los contratistas municipales aparecer en el Registro Único de Licitadores, impulsar que el Estado persiga la restitución de fondos en todo caso de enriquecimiento ilícito y nutrir al Departamento de Justicia con las mejores herramientas para la investigación y procesamiento de los delitos que involucran fondos públicos.
“Muchas veces nos quejamos de que las autoridades locales no actúan con la rapidez y eficiencia con que actúan las autoridades federales. Hay una diferencia en términos de las herramientas que tienen para lograr convicciones. Las autoridades federales, a través de unos mecanismos, pueden grabar conversaciones telefónicas, presenciales, etcétera. Si queremos que las autoridades estatales tengan la misma efectividad, debemos darles las mismas herramientas, pero con las mismas garantías de no abusar, para no violentar derechos individuales ni ciudadanos. Tener un instrumento que sirva de filtro antes de cualquier determinación de una agencia estatal de ordenar que se proceda con las grabaciones”, señaló el senador Thomas Rivera Schatz, proponente de legislación a esos fines.
El representante José “Quiquito” Meléndez, quien ausculta aspirar a la vacante que dejó Pérez Otero en Guaynabo, aseguró que, a lo largo de su carrera política, otras figuras le han hecho saber que sería conveniente que relajara sus posturas en contra de la corrupción pública.
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Según Meléndez, decidió desvincularse en 2014 de Oscar Santamaría, el abogado y empresario que recién se declaró culpable por su participación en los esquemas de sobornos en Cataño, Guaynabo y Trujillo Alto, tras advenir en conocimiento de que el contratista era investigado por el Departamento de Justicia.
“Todo el mundo sabe que a ‘Quiquito’ Meléndez no lo van a coger así, todo el mundo sabe que yo no voy a permitir que eso suceda. El que se arriesgue a hacer una cosa así sabe que se mete en un problema conmigo y con las autoridades. Eso que yo había escuchado de que el ser tan rígido y fuerte con ese asunto, yo mismo había escuchado voces que me decían que ‘tienes que suavizarte, porque la realidad del caso es que no vas a llegar muy lejos en la política…’. ¿Que no voy a llegar muy lejos porque soy rígido y no creo en la corrupción? Pues no, la realidad del caso es que eso es lo que hace falta ahora, evitar que en el futuro caiga gente en las garras de la corrupción”, sostuvo Meléndez.
Carmelo Ríos, senador y único político reconocido que ha confirmado que aspirará a la alcaldía de Guaynabo en la elección especial del 15 de enero de 2022, no obstante, rechazó que el comportamiento corrupto de sus funcionarios sea producto de fallas estructurales en el PNP.
“Los actos de corrupción no son de los partidos, a menos que estén asociados a la estructura del partido. En este caso estamos claros que las personas que han fallado han pedido dinero para ellos, no para el PNP. La misma regla va cuando pase para algún otro partido institucional. Esto no es un esquema del PNP, es un asunto personal de valores, y de personas que por las razones que sea, pues fallan”, puntualizó el secretario general del PNP.
“Siendo así las cosas, nosotros somos una estructura política y hay gente que cree que esto debe ser asociado a los partidos, no. Y hay gente que cree que no debemos hacer nada porque no es la estructura del partido, y nosotros no pensamos eso. Nosotros pensamos que esto hay que atenderlo, hacer una introspección y ser claro. Tenemos que bajar contundente”, añadió el veterano legislador.
El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, fue quien presentó ante el Directorio la propuesta para reforzar las capacidades del comité evaluador de aspirantes dentro de la Palma. Para Rivera, el proceso de certificación de candidatos debe ser similar al trámite de confirmación que enfrentan en la Legislatura las personas nominadas por el gobernador a puestos en su gabinete.
“Puede ser mucho más incisivo ese proceso de análisis. Se pueden hacer hasta investigaciones de campo. Si lo hacemos para otras posiciones públicas, ¿por qué no hacer investigaciones de campo para este tipo de situación?”, planteó el ejecutivo municipal.
Este medio le cuestionó a Pierluisi por qué, en medio de su cruzada pública contra la corrupción, ha mantenido en su puesto de asesor en asuntos municipales a Javier Carrasquillo, quien en febrero de 2014, durante su término como alcalde de Cidra, fue el ejecutivo municipal que abrió las puertas para que Waste Collection, una de las empresas de Santamaría, entrara al negocio del manejo de desperdicios sólidos, mediante un contrato que ascendió a los $14.8 millones.
El nombre de Carrasquillo, quien cayó en las elecciones de noviembre de 2020, ha trascendido en los reportajes periodísticos como uno de los que se encuentra bajo investigación en el ámbito federal. El pasado viernes, el portal jayfonseca.com reportó que Carrasquillo abogó personalmente para que la legislatura municipal de Cidra le concediera el contrato de manejo de desperdicios sólidos a la empresa de Santamaría, pese al hecho de que este fungía en ese entonces como asesor legal del ayuntamiento.
“El estándar es el mismo. A la que yo me entere que cualquier funcionario de la rama ejecutiva es objeto de una investigación federal por corrupción, se le va a pedir la renuncia. Ese no es el caso en este momento dado. Mi administración tiene comunicación constante con las autoridades federales, nosotros cooperamos constantemente con las autoridades federales. En cualquier momento a mí me pueden decir ‘X’ funcionario está siendo investigado por una conducta de corrupción. Al momento que se me indique eso a mí, de cualquier funcionario de la rama ejecutiva, se le va a pedir la renuncia”, recalcó Pierluisi.
