Un panel de un tribunal federal de apelaciones levantó el miércoles una prohibición nacional a implementar el requerimiento de vacunación para trabajadores de salud que impuso el presidente Joe Biden, y en su lugar sólo bloqueó la medida en ciertos estados, lo que crea el potencial de que se aplique en forma fragmentada en todo el país.
La decisión de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito, con sede en Nueva Orleans, mantuvo en vigor un interdicto preliminar en 14 estados que habían presentado una demanda colectiva en un tribunal federal de Luisiana. Alteró el fallo que emitió el juez de distrito Terry Doughty el 30 de noviembre, quien en un principio aplicó su orden a nivel nacional.
Otro interdicto preliminar sobre la apelación presentada en la Corte Federal de Apelaciones del 8vo Circuito, con sede en San Luis, se aplica a otras 10 entidades. Eso significa que el requerimiento de que los proveedores de los servicios gubernamentales de cobertura médica Medicare y Medicaid estén vacunados está bloqueado por las cortes en aproximadamente la mitad de los estados, pero no en la otra mitad.
“Esta regla de vacunación es un tema de gran importancia que se litiga actualmente en todo el país. Su resolución final se beneficiará de la ‘exposición de puntos de vista encontrados en nuestros circuitos hermanos’”, señaló el fallo de tres jueces del 5to Circuito.
El tema a discutir es una regla publicada por los Centros para Medicare y Medicaid el 5 de noviembre y que se aplica a una amplia gama de proveedores de servicios médicos que reciben fondos de Medicare o Medicaid. Requiere que a sus trabajadores se les aplique la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 antes del 6 de diciembre y cuenten con esquema completo de vacunación a más tardar el 4 de enero. Se proyectaba que afectaría a más de 17 millones de trabajadores sanitarios en aproximadamente 76.000 centros de salud, así como a proveedores de atención médica a domicilio.
La agencia señaló el 2 de octubre que no ejercería el mandato de vacunación mientras estuvieran vigentes las órdenes de la corte. Se desconocía de inmediato el miércoles si la agencia seguiría con la suspensión de la regla para todos los estados o buscaría continuar con la medida en las entidades que ya no están sujetas a los interdictos preliminares.
Aproximadamente el 85% de todos los adultos a nivel nacional han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Pero Biden alega que sus distintos requerimientos de vacunación entre la fuerza laboral son un paso importante para elevar las tasas de vacunación y contener la propagación del COVID-19, el cual ha cobrado unas 800.000 vidas en Estados Unidos.
Las cortes que han bloqueado los mandatos para trabajadores de salud, contratistas federales y empresas de tamaño medio y grande han dicho que el gobierno de Biden probablemente se excedió en el uso de sus poderes ejecutivos que marca la ley. El gobierno ha seguido diciendo que sus acciones cuentan con un firme sustento jurídico.
