Elba Santos llevaba tres días buscando a su hija Angie Noemí González Santos por los campos del centro montañoso de Puerto Rico cuando recibió un mensaje de texto de una de sus nietas.
“Abuela, tengo miedo”, decía el mensaje. “Se llevaron a papi preso”. Santos, una mujer puertorriqueña de 46 años, se mudó a Estados Unidos después de que el huracán María azotó la Isla, y cuenta esta historia por teléfono desde su casa en Bridgeport, Connecticut.
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Cuando Angie desapareció, el 14 de enero de 2021, Santos viajó a Puerto Rico para buscarla. Su hija tenía 29 años y se dedicaba al cuidado de ancianos.
Sus tres nietas, de 6, 10 y 13 años, estaban en el cuartel de la Policía en el momento en que su papá, Roberto Félix Díaz, fue arrestado y transportado al tribunal para la radicación de cargos por el asesinato de su esposa. Él, que la había reportado desaparecida días antes, era el principal sospechoso.
Santos asumió el cuidado de sus tres nietas a partir de entonces, como le pasa a muchas abuelas puertorriqueñas que lidian con la misma responsabilidad de criar a los niños de sus hijas asesinadas por la violencia machista.
En Puerto Rico, no hay estadísticas oficiales confiables de los asesinatos de mujeres, ni cifras que reflejen de forma precisa el impacto de la violencia de género en las familias sobrevivientes. Según datos recopilados por las organizaciones no gubernamentales Kilómetro 0, Proyecto Matria y el Observatorio de Equidad de Género, desde que el huracán María azotó la isla el 20 de septiembre de 2017, 71 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Como consecuencia, en ese mismo periodo, al menos 55 menores quedaron huérfanos de madre, de acuerdo a cálculos del Centro de Periodismo Investigativo y el medio digital Todas.
No existe ningún registro oficial de las abuelas custodias de estos menores sobrevivientes de feminicidios, según confirmó el Departamento de la Familia. Estas abuelas se enfrentan al reto de volver a criar y lidiar con el trauma de sus nietos, además de su propia pérdida, con muy poco o ningún apoyo del Gobierno. Solo los informes de prensa consignan con frecuencia que las abuelas quedan a cargo.
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El 44% de las personas viven en Puerto Rico bajo el nivel de pobreza, según datos del 2019 del Negociado del Censo de Estados Unidos. Las mujeres entre 55 y 64 años son el segundo grupo poblacional más grande viviendo bajo el nivel de pobreza en el país.
Primero, la falta de empatía
A Santos, una llamada de la Policía le confirmó el mayor de sus temores.
“Ve haciendo los preparativos fúnebres”, le dijo el oficial que investigaba la desaparición de Angie Noemí. Su hija había sido asesinada y su cuerpo fue encontrado al fondo de un barranco en Coamo. Santos quedó helada, no solo por la terrible noticia, sino por la manera tan cruda en que se la dieron.
“Así me lo dijo. ¡Te podrás imaginar que yo me volví loca! El teléfono cayó como 10 pies del la’o mío. Yo empecé a gritar, a gritar, a gritar. Yo no sabía ni qué hacer ni qué decir”, recuerda.
Mientras, en el cuartel de la Policía, las tres nietas de Santos recibían la misma noticia. Su mamá estaba muerta. Se los dijo una trabajadora social del Departamento de la Familia.
“A la mayor, le dio un ataque de pánico. Las otras dos lloraron”, supo Santos.
El Departamento de la Familia, indicó la abuela, gestionó que las niñas tuvieran terapia psicológica una vez a la semana. Además, la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delitos, del Departamento de Justicia, otorgó una compensación económica a las menores y reembolsó los gastos fúnebres. La Oficina, además, ofreció apoyo psicológico a Santos, pero ella prefirió continuar recibiendo los servicios de profesionales de psicología y psiquiatría con los que ya se atendía en Connecticut.
Protocolos para la custodia de emergencia
Cuando ocurre un feminicidio que impacta directamente a menores de edad, el Departamento de la Familia recibe un referido por el cual se activa a un trabajador social que llega al lugar del crimen. La agencia, según describió la administradora de la Administración de Familias y Niños (Adfan), del Departamento de la Familia, Glenda Gerena, toma custodia de emergencia de los menores por un período de 72 horas mientras se realiza una investigación para determinar dónde estarán mejor ubicados. Muchas veces, es con un familiar o en un hogar sustituto de la agencia.
Temprano en la intervención, la agencia procura una evaluación física y psicológica de los menores presentes en una escena de feminicidio, dijo Gerena.
“La cantidad de sesiones de terapia va a depender de cuán grave haya sido el impacto y lo que determine el profesional de la conducta, en este caso el psicólogo”, añadió.
La agencia no tiene un protocolo especial para atender a las abuelas que quedan a cargo de sus nietos luego del asesinato de sus hijas en circunstancias de violencia doméstica. Las investigaciones y casos se atienden de acuerdo al Manual de Normas, Procedimientos y Estándares de Ejecución sobre el Modelo de Seguridad en la Investigación de Referidos de Maltrato a Menores. Este va dirigido a controlar el peligro o amenaza de daño a un menor de edad y a establecer un plan de acción protectora para afianzar su bienestar.
Gerena también señaló que, como parte de un plan de servicio familiar, se consideran las necesidades de salud mental de las abuelas que asumen la crianza de sus nietos.
Los trabajadores sociales y técnicos de servicios a la familia son los encargados de identificar estas necesidades y también pueden recomendar orientación, servicios psicológicos y hacer referidos a otras agencias.
Sin embargo, en los casos documentados para esta investigación, el Departamento de la Familia, más allá de las gestiones relacionadas con la custodia de menores luego de un feminicidio, y, en ocasiones, proveerles servicios de salud mental, ha estado ausente, según el testimonio de abuelas que se hicieron cargo de sus nietos cuando sus hijas fueron asesinadas.
Las primeras semanas son las peores
Las primeras semanas fueron horribles, relata Santos. Desde que comenzó la pandemia, en marzo de 2020, las niñas no iban a su escuela, ubicada en el pueblo de Orocovis, donde cursaban el primer, quinto y octavo grado. Como no tenían internet en la casa donde vivían, la
alternativa era completar en papel las tareas que los maestros les enviaban y seguir unos módulos que preparó el Departamento de Educación.
Santos, de la noche a la mañana, se encontró con una nueva realidad, la de volver a criar, con todo lo que implica. Según podía, ayudaba a sus nietas en los trabajos escolares, pero estaba fuera de práctica. “Se les hizo bien difícil. Gracias a Dios, las maestras las ayudaron muchísimo y así fue como ellas pudieron pasar de grado”, contó.
Fuera de la escuela, las niñas eran señaladas públicamente. La desaparición de Angie Noemí y la confirmación de su asesinato fueron ampliamente reportadas en los noticiarios del país por varios días. Fue el primer feminicidio por violencia doméstica de 2021 y atizó los reclamos por la declaración de un estado de emergencia en Puerto Rico.
“Nosotras no podíamos ir a un restaurante, ni a un McDonald’s ni a un Burger King porque rápidamente las estaban señalando y hasta sacando fotos”, contó Santos.
Al duelo por el asesinato de su hija y al morbo público, se le sumó el proceso por obtener la custodia de sus nietas, que tardó seis meses, luego de varias cancelaciones de vistas judiciales. Santos piensa que el proceso pudo haber sido diferente, más rápido y menos traumático.
En julio, les planteó a sus nietas la posibilidad de irse a vivir a Bridgeport, Connecticut, y ellas aceptaron.
“Ellas estaban dispuestas y querían venir. Y eso era lo único que yo esperaba, que fueran a la escuela, que les gustara y que estudien, porque necesitan estudiar para escoger una carrera que de verdad les guste”, contó.
Desde agosto, están en escuelas bilingües, enfrentándose al reto del idioma. Las niñas hablan español y no dominaban el inglés antes de mudarse.
Los días de Santos transcurren preparando a las nietas para ir a la escuela, limpiando el hogar, haciendo asignaciones, y tratando de buscarle la vuelta a tres personalidades diferentes. Además, tiene otro hijo, de 17 años.
Las niñas tienen el recuerdo de su madre bien presente. “La chiquita, todas las noches, se acuesta conmigo. Si no tiene sueño, se pone a pensar en ella [en Angie Noemí]. Se pone a decir ‘abuela, pero ¿por qué él le hizo eso a mi mamá?’. Mi mamá era buena. Mi mamá nunca le hizo daño a nadie”.
Santos está consciente de que el dolor por el asesinato de su hija les acompañará a ella y a sus nietas por el resto de sus vidas. Les toca, dice, aprender a convivir la pérdida. “En eso estamos trabajando”.
Abuelas que asumen la crianza sin ayudas
No existe en Puerto Rico una alternativa pública de apoyo para las abuelas que crían a estos niños y adolescentes, y enfrentan sus propios traumas.
“No he recibido ninguna ayuda. Todo lo que he hecho, lo he hecho sola”, dijo Annette Quiñones, madre de Loren Figueroa Quiñones, quien fue asesinada por su pareja el 30 de junio de 2018. “Papá Dios, ese ha sido el único psicólogo para mí”.
Quiñones también asumió la responsabilidad de su nieto, que hoy tiene 5 años, y que a los 2 años fue testigo del crimen. Depende de su trabajo para una compañía de entrega de paquetes para cubrir sus necesidades y cuenta con la ayuda de sus otros tres hijos, ya adultos.
La abuela procuró ayuda psicológica para el niño días después del feminicidio de Loren. Lo gestionó por su cuenta, pues más allá del trámite que tuvo que realizar con el Departamento de la Familia para quedarse a cargo del niño, no ha tenido otros apoyos del Gobierno de Puerto Rico.
El psicólogo le recomendó que lo llevara a recibir terapia a los 5 años, edad que el niño cumplió recientemente. La cita, dijo, ya está coordinada.
“Yo trabajo, pero si yo no hubiera estado trabajando, pues me volvía loca”, establece sobre lo que significa ser la principal encargada de su nieto. Piensa en las personas que no tienen quién les ayude. “Porque los niños necesitan su comida, su ropa, su juego de cama, su comodidad… Pero, al Estado, como que se le olvidó esta parte”.
María Victoria Arroyo enfrenta una situación parecida. Su hija, Annette García Arroyo, fue asesinada por su pareja el 19 de julio de 2018 y, tras el crimen, Arroyo quedó a cargo de dos nietas que hoy tienen 14 y 12 años. Ella sobrevive con la pensión de $200 mensuales que le pasa el padre de las niñas, que vive en Estados Unidos, con el seguro social de su hija Annette y a fuerza de cupones para alimentos. Tuvo que dejar el trabajo que tenía en una pinchera de su prima en Cabo Rojo cuando enfrentó el asesinato de su hija.
Los meses que siguieron al crimen, Arroyo recibió ayuda de salud mental que gestionó por su cuenta con un psicólogo del pueblo para ella y sus nietas, y que pagaba con la Reforma de Salud. Luego de un año, el profesional dejó de aceptar el plan de salud público para cubrir sus servicios, y ella desistió de procurar ayuda para ella mientras las niñas comenzaron a recibir terapias de la psicóloga escolar asignada a su escuela.
“He tenido que disfrazar mi dolor y callar para que mis nietas no sufran. He tenido que bloquear mi sufrimiento, pero yo todavía no me he recuperado”, dice Arroyo.
Un dolor que pocos pueden entender
La cultura machista y los estereotipos de género que fomenta obligan a estas abuelas a priorizar todas las necesidades de sus nietos, ignorando su propia salud mental, a veces, con consecuencias en su salud física, resalta Inés Rivera Colón, trabajadora social y estudiosa del tema de los abuelos que asumen la crianza de sus nietos. Acoplarse a nuevas rutinas presenta retos para los que no han tenido oportunidad de prepararse.
Para Amaryllis Alvarado Guzmán, quien escribió junto con Rivera Colón el libro Abuelos y abuelas… padres y madres en segunda ronda, uno de los principales retos es la brecha generacional entre ellas y sus nietos. No es extraño que muchas sufran la frustración de pensar que no cumplen con las expectativas escolares al ayudar a los menores en sus estudios o de no estar a la par con los avances tecnológicos. Esta complicación se hizo mucho más evidente cuando comenzó la pandemia y las clases se trasladaron a la virtualidad.
A los factores estresantes relacionados con el cuidado de los nietos se suman sentimientos de soledad. Muchas sienten que muy pocas personas pueden comprender su dolor, señala Rivera Colón.
“No es lo mismo perder a un hijo por una enfermedad o por un accidente, que perder a tu hija porque la mató una persona que era su pareja, que le profesó, en algún momento, sentimientos de amor, afecto y cariño”, dijo.
Esa dimensión de la pérdida requiere una atención específica que debe ser parte de un plan integral contra la violencia de género en Puerto Rico, consideró. Para eso, enfatizó, hace falta que se recopilen estadísticas.
Ambas profesionales son fundadoras de la organización Resonar, que ofrece servicios educativos y de consultoría para abuelos criando nietos.
Coinciden en que, en el contexto actual, las escuelas son el escenario idóneo para coordinar servicios específicos para los niños que han perdido
a sus madres como consecuencia de la violencia machista y para las abuelas que han tenido que hacerse cargo.
La posibilidad de una reparación integral
Las iniciativas de atención especializada a las víctimas indirectas de los feminicidios deben ir de la mano con reparaciones, establece la analista del Observatorio de Equidad de Género, Debora Upegui, un tema del que apenas se comienza a hablar en Puerto Rico.
Upegui apunta al desarrollo de una política pública que, más allá de contar a las víctimas de feminicidios, educar contra la violencia machista y proveer ayudas para que las mujeres puedan salir de los ciclos de violencia, reconozca que la atención y el cuidado de los hijos de las asesinadas y de sus custodios son una responsabilidad del Gobierno. Tiene que ver con lo que se conoce como reparación integral, un reclamo que ha tenido mayor eco en países de Latinoamérica donde tienen más visibilidad las víctimas indirectas de los feminicidios.
“Algo que debe ser dado es educación gratuita a los hijos de víctimas de feminicidio porque entendemos que de las cosas más importantes que pueden ayudar a que una persona tenga una mejor calidad de vida en el futuro es el acceso a una educación universitaria”, señaló Upegui.
Becas universitarias es una de las medidas de reparación integral que la Red Latinoamericana Contra la Violencia de Género incluyó en su Manifiesto de 2020, como una exigencia a los gobiernos de la región para prevenir, reducir y eliminar este problema.
Otras medidas que se incluyen como reparación integral son bonos de vivienda, atención en salud, créditos y fondos semilla para emprendimientos.
En entrevista con el CPI, la fiscal Ileana Espada, oficial de cumplimiento del Comité Prevención Apoyo, Rescate y Educación, anotó el tema de las becas universitarias como una posibilidad de reparación integral que el grupo creado mediante la orden ejecutiva que estableció un estado de emergencia por la violencia de género podría presentar como parte de su informe con propuestas al Gobernador.
Este tipo de ayuda, que actualmente existe en Puerto Rico para los hijos de los policías caídos “en el cumplimiento del deber”, no solo sería una medida de mitigar la desventaja en la que quedan los niños huérfanos de madre por la violencia machista, sino una forma de aliviar el peso económico que tendrían que asumir las abuelas a cargo si sus nietos aspiran.
