La exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto reaccionó el martes a la determinación del Departamento de Justicia de no recomendar la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) a ella y a dos exfuncionarias de los programas Head Start.
“Recibí una carta firmada por el secretario de Justicia donde indica que acoge le determinación de la División de Integridad y Asuntos del Contralor de Justicia de no recomendar la designación de un FEI para esta servidora como exalcaldesa, para la señora Myrna Hernández Serrano como exdirectora y tampoco para la señora Yvette del Valle Soto como expresidenta. Es decir, las tres exfuncionarias hemos sido exoneradas de las acusaciones hechas por el alcalde.
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Al señor Miguel Romero le pediría que tal y como hizo al presentar las alegaciones, haga una transmisión de Facebook para dar a conocer la carta firmada por el secretario de Justicia. Eso sería pedirle madurez a alguien que ha demostrado no tenerla. Eso sería pedirle integridad, y honestidad a alguien que no es capaz de dar cara.
Como alcaldesa nunca utilice el poder para perseguir, ni acusar injustamente. Mi deseo es que, una vez transcurrido casi un año de su gestión, Miguel Romero entienda que las artimañas de perseguir y manchar reputaciones dicen muy poco del respeto que le tiene a la silla que dudosamente ostenta”, dijo Cruz Soto en declaraciones escritas.
El Departamento de Justicia determinó este lunes, no recomendar la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, y otras funcionarias de dicho municipio, por no existir causa suficiente para creer que incurrieron en conducta delictiva o negligencia crasa al administrar los programas Head Start y Early Head Start.
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“La evaluación de la prueba no reflejó que Yvette del Valle Soto, expresidenta de la junta de gobierno de los programas Head Start, Myrna Hernández Serrano, exdirectora de los programas Head Start, y la exalcaldesa de San Juan hubiesen incumplido, intencional o negligentemente, con sus deberes relacionados a la administración de los programas Head Start y Early Head Start, particularmente en lo concerniente al proceso de monitoria, o que ello provocara la pérdida de fondos, según definido este concepto en el Código Penal de Puerto Rico”, dijo el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández en declaraciones escritas.
El 8 de junio de 2021, el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, remitió al Departamento de Justicia una comunicación en la que alegó que la Cruz Soto y las otras dos funcionarias incurrieron en negligencia crasa al administrar los programas Head Start y Early Head Start. Añadió que, como resultado de ello, el municipio perdió la elegibilidad automática a millones de dólares en fondos federales para operar estos programas, lo cual ocasionó el cierre de varios centros y el despido de empleados, entre otras cosas. El alcalde Romero indicó que sus alegaciones estaban sustentadas en el resultado de una monitoria rutinaria a estos programas, llevada a cabo en el 2016 por la Administración de Niños y Familias.
Sin embargo, según la investigación, las deficiencias señaladas en una monitoria no están relacionadas con la administración o aspectos fiscales de los programas, por lo que no hubo participación directa de parte de la exalcaldesa o de las funcionarias aludidas.
Además, la investigación reveló que la reducción de los fondos federales asignados al programa Head Start no guarda relación directa con el desempeño de las funcionarias querelladas.
