Tras evaluar la versión más reciente del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) del gobierno central sometido por la Junta de Control Fiscal (JCF), la jueza Laura Taylor Swain ordenó al organismo presentar correcciones adicionales al documento que busca establecer la reestructuración de más de $33,000 millones en obligaciones, pero adelantó que, luego de realizarse los cambios, estaría en posición de confirmar la propuesta.
El tribunal de bancarrota creado por la Ley Promesa, indicó Swain, “ha identificado ciertas discrepancias en el plan propuesto y las correcciones que deben realizarse y sometidas mediante un nuevo plan revisado (la ‘Sexta Modificación al Octavo Plan de Ajuste Enmendado’)”.
Según Swain, una vez la JCF cumpla con sus directrices, “el Tribunal estará preparado para someter sus conclusiones de hecho y derecho materialmente en la misma forma (que la JCF propuso), concurrentemente con una orden de confirmación”. La jueza concedió a la JCF hasta este viernes a las 11:59 p.m. para someter las correcciones.
Entre las correcciones que ordena Swain, figuran modificaciones técnicas al lenguaje para brindar garantías de que los acreedores de dominio eminente –esencialmente dueños de propiedades expropiadas por el Estado– serán recompensados con el pago del 100% de sus respectivas reclamaciones.
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Durante las vistas de confirmación del PAD que se celebraron en noviembre pasado, la JCF defendió el recorte propuesto de 80% a este tipo de reclamaciones, alegando que las leyes de bancarrota brindan a los tribunales federales la facultad de “descargar” este tipo de obligaciones. Sin embargo, posteriormente Swain concluyó que la Constitución de Estados Unidos protege a los acreedores en todas las instancias en las que se confiscó alguna propiedad para un fin público.
El PAD deberá “confirmar que nada en la Sexta Modificación del Octavo Plan de Ajuste Enmendado prevendrá, o será interpretado como que previene, cualquier determinación de justa compensación por un tribunal con jurisdicción de incluir, donde sea apropiado, el interés sobre cualquier reclamación de dominio eminente o condenación inversa”, estipuló la jueza federal.
Swain, asimismo, puntualizó que el lenguaje sobre las reclamaciones de dominio eminente deberá ser modificado para “aclarar” que no se les podrá brindar un trato similar al de los bonos no asegurados de obligación general, que sí serán recortados.
Según los datos presentados por la JCF, el pago de la totalidad de las reclamaciones de dominio eminente representará un desembolso de cerca de $400 millones para el gobierno de Puerto Rico, en lugar de los $80 millones que defendió el organismo en las vistas de confirmación. No obstante, pese a su oposición inicial, la JCF sostuvo que el pago del 100% de las reclamaciones no tornaba inviable el PAD.
El otro elemento que Swain atendió en la orden emitida en la noche del lunes fue el alcance de las disposiciones que anularían –en todo o en parte– decenas de leyes y resoluciones aprobadas por el gobierno de Puerto Rico que tienen efecto sobre el desembolso de fondos públicos. En términos generales, estos estatutos, según argumenta la JCF, harían imposible que el gobierno cumpliera con las obligaciones que impone el PAD.
En el lenguaje más limitado sobre las suspensiones de leyes que favoreció Swain, en síntesis, se especifica que solo quedarán anulados aquellos estatutos o partes de estos que ordenen el pago de obligaciones eliminadas mediante el PAD o que mandaten gastos que sean inconsistentes con el plan fiscal certificado, como lo serían los beneficios de pensión definida.
El PAD, de confirmarse, pondría fin a los planes de beneficio definido que aún disfrutan ciertos maestros y jueces.
Swain también le ordenó a la JCF eliminar las leyes 80, 81 y 82 de 2020 del listado de estatutos anulados o suspendidos, luego de que el organismo y el gobierno de Pedro Pierluisi llegaran a un acuerdo que evitaría que fuesen puestas en vigor. Estas tres leyes hubieran mejorado las expectativas de retiro para empleados “no esenciales” del gobierno central, policías y otros agentes del orden público, y maestros, respectivamente.
En un momento dado, el gobierno, a través de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, tildó la suspensión de leyes promovida por la JCF como un “caballo de Troya”, si bien mantuvo su apoyo a la confirmación del PAD.
La orden de la jueza federal advino en respuesta al PAD que la JCF propuso el 20 de diciembre del pasado año, luego de que Swain emitiera una orden anterior estipulando los cambios que debía recibir el documento que se discutió en las ocho vistas de confirmación de noviembre.
Mediante el PAD, se propone la reestructuración de cerca de $33,300 millones en deudas del gobierno central, el Sistema de Retiro de Empleados y la Autoridad de Edificios Públicos, así como otras entidades, entre ellas la Autoridad de Carreteras y Transporte, la Autoridad de Financiamiento de la Infraestructura y la Autoridad del Distrito de Convenciones.
Como parte del ajuste, se propone intercambiar la deuda de $18,800 millones en bonos del gobierno central por nuevas acreencias totalizando $7,400 millones, al tiempo que se realizaría un pago adelantado en efectivo a los acreedores de sobre $8,800 millones y se emitirían unos instrumentos cuyo valor –ascendente a cerca de $8,700 millones– estaría condicionado a los niveles de ciertos recaudos por las próximas tres décadas.
