Mientras las compras en línea y sus correspondientes recaudos reflejan un considerable auge en los últimos años –intensificado desde el comienzo de la pandemia de COVID-19–, los ingresos que reciben los municipios por el llamado impuesto al inventario no han sufrido, hasta ahora, una merma, según los datos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).
Tanto en el año 2019 como en el 2020, la contribución por concepto de la propiedad mueble –que incluye el impuesto al inventario– dejó a los municipios alrededor de $430 millones, que son distribuidos por el CRIM a los ayuntamientos por fórmulas que se revisan anualmente.
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El director ejecutivo del CRIM, Reinaldo Paniagua Látimer, precisó que, anualmente, sus recaudos rondan los $1,100 millones, por lo que los impuestos a la propiedad mueble, que además del inventario incluyen el equipo y la maquinaria que posean los comercios, representan el 40 -% de los ingresos del ente.
Para el secretario de Hacienda, Francisco Parés, el efecto sobre los recaudos municipales que pueda tener el incremento de ventas por internet es algo que amerita ser “monitoreado” en los próximos años, a pesar de que hasta la fecha no se ha reflejado un impacto en los ingresos por concepto de propiedad mueble.
Las razones para una posible reducción de inventario o sus recaudos derivados, dijo, no se limitan al auge de las ventas en línea o a la carga que representa el impuesto, advirtió Parés.
“Mantener un inventario cuesta, independientemente del impuesto, (debido) al almacenamiento, la obsolescencia, lo que hace que las compañías cada vez se muevan a reducir sus niveles de inventario y mejorar sus cadenas de suministro. Además, ya hay muchos productos que antes se vendían físicamente que ahora se venden a través de bajarlos (descargarlos) por internet, como la música, los ‘softwares’, que antes se vendían en discos”, afirmó.
En el año fiscal 2021, que concluyó en junio pasado, el nivel de recaudos de Hacienda a raíz de los impuestos a las ventas en línea rebasó los $163 millones, casi seis veces lo que se captó en el 2020 ($28 millones). Además de los cambios en los patrones de consumo que provocó la emergencia por el COVID-19, Parés atribuyó el dramático incremento a la implementación de la Ley 40 de 2020.
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Este estatuto enmendó el Código de Rentas Internas para colocar sobre los “facilitadores de mercado” –principalmente empresas que sirven de conducto para las compraventas de productos en línea, como Amazon o eBay– la responsabilidad de remitir a Hacienda el Impuesto de Ventas y Uso (IVU).
Según Parés, al momento, 857 entidades aparecen registradas como facilitadores de mercado. El concepto de agentes retenedores voluntarios se refiere a comerciantes en línea que, bajo las disposiciones del Código de Rentas Internas, pueden optar por cobrar directamente el IVU o delegar esa función en los facilitadores de mercado.
Si bien aceptó que existe la posibilidad de que, a la larga, las compras en línea tengan un efecto detrimental sobre el impuesto al inventario, Parés recordó que las transacciones por internet también incluyen el cobro de la partida del IVU, que es separada para los municipios. Al igual que los impuestos que recauda el CRIM, el llamado IVU municipal pasa a un pote que se distribuye por fórmula a los ayuntamientos.
Estables los recaudos
De acuerdo con Paniagua Látimer, de 2019 a 2020, año en que comenzó la emergencia por el COVID-19 en Puerto Rico, la cantidad de contribuyentes que pagó el impuesto a la propiedad mueble se incrementó de cerca de 81,000 a más de 86,000.
En 2020, “subimos más de $4 millones de lo que recaudamos (en 2019). Es evidencia de que no se ha debilitado el cobro de este impuesto”, añadió el director del CRIM.
Los impuestos a la propiedad mueble, y particularmente el que se cobra por concepto del valor del inventario, son frecuentemente objeto de discusión por parte de sectores que impulsan su reducción o eliminación, incluyendo empresarios y algunos economistas. Entre los argumentos que se esbozan en contra del impuesto, figuran los planteamientos de que desincentivar el almacenamiento de mercancía es un riesgo ante situaciones de emergencia o disloques en las cadenas internacionales de distribución, o que la contribución representa una carga demasiado pesada para pequeños y medianos comerciantes.
De los $434 millones que el CRIM recaudó por concepto de propiedad mueble en 2020, unos $234 millones corresponden específicamente al impuesto al inventario, dijo Paniagua Látimer.
“Los municipios hemos tenido que absorber responsabilidades. Hay un sector que sigue insistiendo en la liquidación de este impuesto. Yo quiero aclararles que la eliminación del impuesto pondría en jaque los servicios a la gente. Este impuesto sobrepasa los $200 millones (y) los municipios ya hemos recibido un corte de $350 millones del Fondo de Equiparación. Un corte de $200 (millones) sería prácticamente dejar inoperante más de la mitad de los municipios por la falta de recursos”, sostuvo Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, que agrupa a los ejecutivos municipales populares.
El Código Municipal de 2020 establece que los ayuntamientos tienen la facultad de, mediante ordenanza, reducir la contribución básica de 4 % que se dispone para el impuesto a la propiedad mueble. De tiempo en tiempo, algunos candidatos, como Rossana López, quien aspiró en 2020 a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático, prometen eliminar el impuesto al inventario para incentivar el desarrollo económico en sus pueblos.
Sin embargo, Paniagua Látimer sostuvo que, al presente, ningún municipio ha optado por eliminar el impuesto o reducir las tasas aplicables.
“La situación por la que están pasando los municipios no les permite renunciar a ninguna de las partidas de recaudos que reciben”, dijo el director del CRIM.
Según Paniagua Látimer, los verdaderos beneficiarios de una hipotética eliminación del impuesto al inventario serían las grandes tiendas, al aludir a datos del CRIM que sostienen que unos 856 comerciantes –que representan menos del 1 % de los 86,235 contribuyentes–, aportan el 80 % de los recaudos correspondientes a la propiedad mueble, incluyendo 83 % del impuesto al inventario.
Al reconocer que el cobro de este impuesto depende, en esencia, de la honestidad de los dueños de cada comercio, el contable reconoció que es difícil fiscalizar el cumplimiento, y que el CRIM carece de un estimado certero del porcentaje de captación. Sin embargo, para Paniagua Látimer, las exoneraciones que el gobierno central concede a las empresas son el elemento más dañino a los recaudos de los ayuntamientos.
De acuerdo con el director ejecutivo del CRIM, de una propiedad mueble valorada en $11,900 millones, el 56 % no está sujeta a contribuciones debido a las exenciones otorgadas.
“Se están recaudando $400 millones y pico y realmente lo que se está tributando es (menos) del 45 %. (Los recaudos) serían más del doble si no fuera por las exoneraciones. Entre el 98.5 % y el 99 % de las exoneraciones que existen en Puerto Rico las otorga el Estado”, lamentó Paniagua Látimer.
