Si bien los patronos no están autorizados a exigir resultados negativos de COVID-19 a sus empleados a menos que exista un motivo médico, el secretario de Salud, Carlos Mellado, no precisó a qué penalidades se exponen aquellos que, de todos modos, violenten los protocolos establecidos por la agencia.
Bajo los parámetros fijados por el Departamento de Salud, únicamente las personas con síntomas asociados al virus o aquellas personas que hayan estado en contacto con alguien contagiado deben realizarse una prueba diagnóstica, en momentos en que la cantidad de exámenes realizados diariamente ronda las 40,000, de acuerdo con el portal de la Coalición Científica. La prueba molecular o de antígenos debe administrarse luego del quinto día de exposición y, de arrojar negativo y permanecer sin síntomas al octavo día, podría podría regresar a labores al octavo día.
PUBLICIDAD
De acuerdo con Salud, los contactos cercanos ocurren cuando dos personas comparten a menos de seis pies de distancia por, al menos, 15 minutos.
Te recomendamos:
- Tribunal Supremo detiene orden de vacuna COVID-19 para empresas estadounidenses
- Pierluisi reduce a 75% el aforo en centros comerciales y otros establecimientos cerrados
- Departamento de Salud espera que hoy hospitales entreguen un censo del personal disponible
Las personas que arrojen positivo, por su parte, no tienen necesidad de realizarse una prueba y obtener un resultado negativo al culminar el periodo de aislamiento, que es de 10 días para los vacunados y de 14 para los no vacunados.
“El protocolo es sumamente claro y el Departamento del Trabajo lo tiene. No hay que realizarse una prueba para volver al trabajo. Una vez uno pasa al periodo de cuarentena se reinstala al trabajo sin necesidad alguna de una prueba”, dijo el funcionario esta tarde.
Mellado, a preguntas de este medio, refirió al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos las preguntas sobre las penalidades que pudiera sufrir un patrono que se excediera en su exigencia de una prueba negativa.
En pasadas semanas, Mellado ha defendido que las aseguradoras únicamente cubran el costo de las pruebas cuando exista una orden médica para ello, aunque el propio gobierno ha exigido un resultado negativo para llevar a cabo distintas actividades.
PUBLICIDAD
La prueba negativa es exigida, por ejemplo, para quienes asistan a eventos que aglomeren más de 250 personas, así como a trabajadores que no se han vacunado. Estos últimos deben presentar resultados negativos semanalmente.
“Quizás es incómodo y toma tiempo, pero los centros de salud del gobierno están administrando las pruebas libre de costo. Si la queja del personal es que se le está exigiendo una prueba semanal y no quiere pagar por ella, entonces que acuda a un centro del gobierno. Puede haber una fila, gran espera, pero eso es lo que estamos haciendo, ahí está el balance”, sostuvo el gobernador Pedro Pierluisi, en una rueda de prensa en la que anunció la extensión de las órdenes ejecutivas que restringen a 75% o 50% el aforo en lugares que expendan comida a bebida, dependiendo de si son abiertos o cerrados, respectivamente. Igualmente, Pierluisi mantuvo, hasta el 2 de febrero, la ley seca y el cierre comercial de 12:00 a.m. a 5:00 a.m.
Entre los elementos nuevos de las órdenes, figuran la reducción a 75% del aforo permitido en lugares como centros comerciales y farmacias, así como la exigencia de vacunación con la dosis de refuerzo a estudiantes de 12 años o más y empleados de los sectores turístico y de entretenimiento.
Mellado, en tanto, reconoció que ha habido una reducción en la cantidad de pruebas diagnósticas de COVID-19 que se están realizando diariamente, pero indicó que aún hay muchas personas haciéndose el examen que no necesariamente cumplen con las guías que ha emitido Salud.
“Se sigue haciendo una gran cantidad de pruebas. Es bien difícil que nuestro personal pueda cernir este paciente que viene a realizarse una prueba porque no tenga ningún tipo de sintomatología. Sabemos que hay mucha ansiedad en la población y por eso es que el gobierno federal ha destinado una gran cantidad de pruebas”, dijo Mellado.
Aunque el lunes la secretaria de la Gobernación, Noelia García, indicó que, a base de población, el gobierno federal enviaría a Puerto Rico unas 10 millones de pruebas caseras de antígenos, Mellado señaló que todavía no se conoce una cifra definitiva ni cuándo estarán llegando al país.
Una vez se conozca el detalle, Salud definiría cómo se distribuirían las pruebas caseras.
