La compañía que estará encargada de supervisar la implementación del “Plan Maestro de Infraestructura” del Departamento de Educación, que preliminarmente conllevaría la consolidación o cierre de unos 83 planteles, cobraría casi $76 millones a lo largo del periodo de cinco años por el que se extiende el contrato, lo que incluye los costos de unas tarifas que, en algunos casos, exceden los $300 por hora.
La empresa seleccionada luego de un proceso de solicitud de propuestas (RFP) que arrancó el 4 de diciembre de 2020 fue CBRE Heery, una compañía organizada corporativamente en Georgia que anualmente maneja unos $4,000 millones en proyectos públicos, de acuerdo con documentos del Departamento de Educación a los que Metro tuvo acceso.
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El contrato suscrito entre la agencia y el gerente de proyectos, el pasado 18 de octubre, detalla los honorarios que cobrarían los altos ejecutivos de la compañía. El director de programa, por ejemplo, cobraría $301 por hora en el primer año, seguido por el director asociado, con $278 la hora.
Estas dos tarifas, al extrapolarse a un año de trabajo a tiempo completo, se traducen en salarios de $696,800 y $578,240, respectivamente. Otras tarifas especificadas en el contrato incluyen la de un gerente de programa ($255 por hora), dos gerentes sénior de programa ($232 cada uno) y un contable de proyectos ($186).
“No hay razón ninguna para traer alguien de afuera ni razón para pagar esa barbaridad. Eso está en exceso y demuestra falta de conocimiento”, dijo a este medio una fuente ligada a la industria de la construcción.
El contrato a CBRE Heery, que será financiado con parte de los casi $2,300 millones asignados al Departamento de Educación por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para la modernización de su infraestructura, dispone que las tarifas ejecutivas podrían aumentar en función de la inflación, según definida por el índice de precios del consumidor. Por ejemplo, la tarifa por el director del programa podría incrementar de $301 la hora a $335.50 para el quinto año del contrato, en caso de experimentarse una inflación anual de 2.75%, lo que implicaría un ingreso de $697,840 por 12 meses.
El texto del pacto detalla que las tarifas contenidas deben proveer para “gastos generales (‘overhead’), ganancias, viajes, gastos reembolsables y otros costos administrativos” de la empresa, así como para los impuestos vigentes en Puerto Rico.
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De acuerdo con documentos en el portal del Departamento de Educación, 19 empresas respondieron inicialmente al RFP de la agencia, de las cuales cinco sometieron una propuesta: Carrasquillo Engineering Services Group PSC, un consorcio de las compañías CMA, CPM y CSA; Grupo Atabaya LLC; Horne LLP; y CBRE Heery.
Proyecto en dos fases
La primera fase del contrato a CBRE Heery, que debería concluir alrededor del mes de junio, conlleva un desembolso de $11.1 millones. Posteriormente, el gasto a lo largo de la implementación del plan de infraestructura a cinco años podría ascender a $64.5 millones adicionales, para un total de $76.5 millones en ese periodo.
El calendario dispuesto en el contrato indica que, a los 200 días luego de su contratación –periodo que se cumple el 6 de mayo de 2022–, el gerente debe haber desarrollado un “Plan Maestro Preliminar”, mientras que a los 230 días –el 5 de junio– se debe entregar el plan maestro final.
Dicho calendario, igualmente, indica que a 90 días de haberse iniciado el contrato –que se cumplieron el 16 de enero– el contratista debía haber “desarrollado y conducido un plan de alcance comunitario dirigido a todas las partes interesadas” en el tema del plan de infraestructura.
Aunque el secretario designado de Educación, Eliezer Ramos Parés, ha rechazado que exista un plan para cerrar planteles, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) reportó el pasado viernes que los documentos internos de la agencia contemplan la “consolidación” de 83 escuelas, incluyendo seis especializadas.
Asimismo, si bien el contrato con CBRE Heery indica que el proceso de consultas comunitarias ya debería haber concluido, Ramos Parés ha asegurado, posterior al reportaje del CPI, que esa etapa está “iniciando”.
Paralelo a la ejecución de la primera fase del contrato con CBRE Heery, la compañía Ingenium Professional Group tiene a cargo la inspección estructural de los cerca de 860 planteles públicos existentes, un proceso que debe completar para el 30 de junio, cuando concluye su acuerdo con Educación.
La adjudicación de ese contrato de $1.3 millones fue impugnada administrativamente por la empresa Capital Improvements Program Management (CIPM), del exsecretario de Transportación y Obras Públicas Carlos Pesquera, que objetó el hecho de que Educación no elaborara un estimado de costo independiente previo a adjudicar el RFP. En la moción de reconsideración que presentó CIPM, y que la Junta de Revisión Administrativa de Educación denegó, se argumentó que, debido a la ausencia de dicho estimado, el comité que adjudicó el proceso se decantó por la oferta más económica, en lugar de enfatizar la capacidad de las respectivas compañías para cumplir con el contrato.
En su resolución, la Junta de Revisión Administrativa puntualizó que las regulaciones del Departamento de Educación para contrataciones y adquisiciones no exigen la elaboración de ese tipo de estimado, que en principio sirve para garantizar la razonabilidad del costo al recibir un servicio.
“Para efectos de contrataciones, sean de servicios profesionales o de construcción, (las agencias) tienen que dejarse llevar por sus leyes o reglamentos, que es lo que FEMA exige para una entidad estatal”, indicó el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, Manuel Laboy.
La reglamentación de Educación, en ese sentido, contrasta con la de otras agencias que también recibirán miles de millones de dólares en fondos federales de reconstrucción, como el Departamento de la Vivienda, cuyo manual de compras bajo el Programa de Subvención en Bloque para Desarrollo Comunitario Tras Desastres (CDBG-DR) ordena que se prepare un estimado de costo independiente previo a la adjudicación de un contrato.
