Los trámites para la implementación del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) del gobierno central, confirmado el martes por la jueza federal Laura Taylor Swain, se demorarán con toda probabilidad ante los previsibles recursos apelativos que diversos individuos o grupos presentarían en el Primer Circuito de Apelaciones en Boston.
“Las partes que objetaron el plan tienen derecho a apelar la determinación de la jueza. De hecho, hasta la propia Junta (de Control Fiscal, JCF) se reservó el derecho de apelar en el tema de los reclamos de justa compensación (de las partes expropiadas por el Estado). Hay 14 días para radicar un aviso de apelación para iniciar el trámite. Lo más importante es que la parte que apele tiene que pedir que se paralice la ejecución del plan”, expresó el abogado experto en quiebras Rolando Emmanuelli.
Entre las partes que objetaron la confirmación ante la jueza Swain y que pudieran apelar figuran el bonista individual Peter C. Hein –quien se ha representado por derecho propio en el proceso de Título III– y los gremios magisteriales y de jueces, que verán congelados sus planes de pensión de beneficio definido.
La jueza Swain sí validó el reclamo de las personas o corporaciones que habían sufrido expropiaciones y que objetaban el PAD debido a que impedía que recibieran una compensación justa por la confiscación de sus propiedades. La semana pasada, Swain indicó que solo confirmaría el PAD propuesto si la JCF lo modificaba para permitir que estas prosiguieran con sus reclamos de compensación justa.
Lo contrario, concluyó la jueza, habría violentado la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense sobre las confiscaciones por parte de los gobiernos.
En el caso del bonista Hein, destacó Emmanuelli, su principal argumento gira alrededor de la premisa de “uniformidad” que debe aplicarse en el trato a los acreedores en un proceso de quiebra.
“El Circuito tendría que entrar en lo que significa esa cláusula en este contexto, recordando siempre que, como (Promesa) es una ley territorial (que aplica a los territorios), está sujeta a la interpretación súper flexible que dan los casos insulares”, sostuvo Emmanuelli.
En los casos de maestros y jueces, Emmanuelli entiende que la oposición más fuerte se sustenta en el mandato de la Ley Promesa para que cualquier PAD cuente con “legislación habilitadora” que permita su implementación.
Al momento, la congelación de los planes de beneficio definido se fundamenta en la ocupación –por medio del propio PAD– de las leyes de retiro vigentes en Puerto Rico, y no de estatutos que se hayan aprobado con el objetivo de transformar los sistemas de retiro.
Swain “dijo que para poner en vigor (esa disposición del PAD) no hacía falta ley habilitadora. La misma jueza ha resuelto que la Junta no puede legislar (pero) estaría dándole el poder de legislar por la cocina mediante el PAD”, planteó Emmanuelli.
Durante el proceso de confirmación, el abogado fue uno de los representantes legales de una coalición formada por la Federación de Maestros, la organización EDUCAMOS y la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación. Según Emmanuelli, al momento los gremios se encuentran auscultando con sus respectivas matrículas si desean apelar la confirmación del PAD.
Por separado, la Asociación de Maestros –representante sindical del magisterio ante el Departamento de Educación– también se opuso a la confirmación del PAD, por lo que igualmente podrían presentar una apelación.
De acuerdo con Emmanuelli, la JCF ha estimado que, una vez emitido un dictamen final y firme de confirmación, el PAD –y consecuentemente la reanudación de los pagos de deuda pública– podría entrar en vigor en aproximadamente 30 días. En ese periodo, sería necesario enmendar el presupuesto vigente para incorporar el servicio a la deuda, además de tramitar las escrituras que acompañan las emisiones de bonos reestructurados.
